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Constructora Arconim no para de hacer fraudes en contra de los que fueron sus clientes
Santo Domingo, R.D.-Muchos de los estafados por la Constructora ARCONIM, la cual tuvo como tabla de salvación la Ley 141-15, se lanzaron a las calles para exigir la devolución del dinero entregado por apartamentos que hoy siguen siendo comercializados en violación de la referida norma legal.
Las victimas de la mencionada compañía tienen años de espera para que se les cumpla con promesas hechas de honrar la deuda que se mantiene con ellos, quienes narraron a los medios de comunicación el drama que viven.
Una de las personas afectadas por el incumplimiento de la empresa Arconim Constructora es Yudil María Muñoz Almonte, residente en la ciudad Santiago, quien acordó con los propietarios la adquisición en el año 2017 de un apartamento valorado en ese entonces en unos dos millones de pesos, pero a la fecha no le han cumplido, ni con la devolución del dinero, pero mucho menos con la entrega de su apartamento.
Muñoz Almonte dijo que el proyecto donde supuestamente estaba su apartamento, llevaba por nombre Alegro II, ubicado en el sector Arroyo Hondo, avenida Yapur Dumit, en la zona sur de la ciudad de Santiago.
Dijo que junto a su esposo iniciaron el proceso de compra en agosto del 2017, y le pagaron a la empresa más de 400 mil pesos solo de inicial en esa época y hasta el 2019 habían pagado, religiosamente la suma de 20 mil pesos mensuales depositados a una cuenta del Banreservas a nombre de Arconim.
Al darse cuenta de que algo no estaba bien, Muñoz Almonte acudió a las instalaciones de Arconim, en busca de algún tipo de respuesta, allí en el año 2019, los ejecutivos de la constructora les prometieron que en un plazo de 60 días laborables les devolverían el dinero que ellos habían depositado, promesa que nunca cumplieron.
La dama, junto a cientos de personas que resultaron afectadas por el incumplimiento de Arconim Constructora, piden al gobierno que motive a las autoridades en este caso, ya que cientos de personas están reclamando la devolución de miles de millones de pesos.
Otra de las personas que reclama la devolución de su dinero es Ana Núñez, una dominicana residente en Estados Unidos, quien también cayó en las garras de la constructora y espera la intervención de las autoridades dominicanas, ya que se han sentido desprotegidos.
Núñez dijo que compró dos apartamentos en el proyecto residencial Harmony, ubicado en la urbanización Tierra Alta, al norte de la ciudad Santiago, en el cual tiene invertidos unos 80 mil dólares.
Explicó que solo ha recibido promesas de personas que dicen trabajar para la empresa, con la intención que le devolverán su dinero. A cambio le han pedido que firme algunos documentos con la intención de que le devolverán parte del dinero, aunque nunca le dieron fecha de cuándo esto sería ejecutado, por lo que ella no accedió a la firma.
Núñez dijo no entender cómo, luego de tantas denuncias, las autoridades no han podido intervenir, y que al contrario, la constructora ha seguido operando, abriendo nuevas oficinas en Orlando, Miami, y otras ciudades de Estados Unidos.
Resoluciones
Mientras que la resolución número 975-2019-SREE-00002, de fecha 23 de julio de 2019, ordena la apertura del proceso de reestructuración de la empresa Arconim Constructora, S.A., así como la designación del conciliador Fabio Guzmán Saladín.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.