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Este 4 de febrero vence plazo para entrada en vigencia Ley de Atención e Inclusión a Personas con Autismo
Santo Domingo, RD.- El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, advirtió que este domingo 4 de febrero vence el plazo de 120 días estipulado para la entrada en vigencia del reglamento de la ley destinada a abordar la condición del trastorno autista en la República Dominicana.
Quiroz subrayó que en octubre del año pasado ya se había superado el límite de 120 días desde la promulgación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En este contexto, el activista por la inclusión instó al gobierno del presidente Luis Abinader a informar los detalles de las acciones específicas que pondrán en ejecución luego de más de ocho meses de la aprobación de la ley en el Congreso Nacional.
Recordó que en septiembre del año pasado hizo un llamado público a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que garantizaran la inclusión de partidas presupuestarias específicas en el Presupuesto General del Estado, asegurando así los recursos necesarios para implementar efectivamente la nueva legislación sobre el autismo en el 2024.
La Ley 34-23 establece que el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) debe coordinar, promover y fiscalizar las instituciones públicas para desarrollar programas que atiendan las necesidades de las personas con TEA.
La ley, una demanda de cientos de familias, de organizaciones y especialistas, es una iniciativa de los senadores Franklin Rodríguez (San Cristóbal), y Dionis Sánchez, (Pedernales) viene a completar un proyecto de hace 12 años de la diputada Yuderka de la Rosa.
La Ley 34-23 fue promulgada por el presidente Abinader el 5 de junio del año pasado y contempla su entrada en vigor a los 120 días a partir de su promulgación y publicación. Asimismo, el presidente de la República debe dictar el reglamento de esta ley dentro de un plazo de 120 días a partir de su publicación.
Quiroz destaca que es imperativo abordar de manera urgente aspectos críticos como la cobertura y atención en evaluación, diagnósticos, terapias y centros educativos, dada la carga financiera que esto representa para las familias afectadas.
En una petición a las autoridades, el periodista resalta la importancia de evitar que la ley se convierta en un mero documento ineficaz y se compromete a ser una voz continua en la lucha por la inclusión y el bienestar de las personas con TEA y sus familias en el país.
Formuló un llamado a la sensibilidad de las autoridades, solicitando información detallada y tranquilidad para las familias afectadas, quienes, según Quiroz, se encuentran en un estado de incertidumbre ante la falta de claridad sobre el proceso en curso.
Testimonió que con frecuencia recibe llamadas de madres, principalmente solteras, expresando sufrimiento porque los colegios les reclaman sacar sus hijos del colegio por falta de pago, falta de recursos para evaluaciones o terapias básicas y hasta para alimentación y transporte.
El Ministerio de Educación (MINERD) es el responsable de garantizar el pleno y efectivo acceso a la educación a las personas con TEA, que les permita potenciar y desarrollar sus capacidades individuales en atención a sus posibilidades de aprendizaje, desarrollo cognitivo, social y emocional.
El CONADIS y el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), tendrán a su cargo, en representación del Poder Ejecutivo, acciones, como atender lo referente a la investigación, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del TEA, además, coordinar con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la realización de estudios estadísticos que abarquen a todo el país, con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) coordinará, juntamente con el CONADIS, la formulación de políticas y apoyos para la inclusión de personas con TEA, en la educación superior. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), realizará junto con la asistencia del CONADIS, los ajustes metodológicos y de contenido en los programas de formación que imparte, en los cuales pueden participar personas con TEA.
El Ministerio de Trabajo en coordinación con el CONADIS implementará una estrategia de inserción laboral para promover el empleo de personas con TEA. Esta estrategia incluye apoyos para el desarrollo de autoempleo y emprendimientos a cargo de personas con TEA y sus familias, con el acompañamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Se dispondrá la celebración de acuerdos con empresas del sector privado, a los fines de ofrecer puestos de trabajo a personas con autismo, cuando llegan a la etapa adulta.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.