Santo Domingo, RD.-Son varios los partidos que están de acuerdo con la celebración de las elecciones generales en el mes de julio luego de la la aprobación por parte del senado de la extensión del estado de emergencia por un plazo máximo de 25 días, para contrarrestar el avance del coronavirus (Covid-19) en el país, las medidas especiales de aislamiento social estarían vigentes hasta el viernes 8 de mayo, siempre y cuando sea aprobadas por los diputados, dejando un margen de solo 9 días para el montaje de las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el 17 de mayo.Más Noticias
Son varios los partidos que han pedido mover las elecciones para el mes de julio.
Santo Domingo, RD.-Son varios los partidos que están de acuerdo con la celebración de las elecciones generales en el mes de julio luego de la la aprobación por parte del senado de la extensión del estado de emergencia por un plazo máximo de 25 días, para contrarrestar el avance del coronavirus (Covid-19) en el país, las medidas especiales de aislamiento social estarían vigentes hasta el viernes 8 de mayo, siempre y cuando sea aprobadas por los diputados, dejando un margen de solo 9 días para el montaje de las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el 17 de mayo.Ante esta situación, el pasado sábado el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) envió un comunicado a los partidos políticos en donde le otorga un plazo hasta el jueves para que estos entreguen su posición por escrito ante una posible suspensión de esos comicios.
Los Partidos Fuerza del Pueblo y Liberal Reformista (PLR) expresaron que optan porque las elecciones sean celebradas en el mes de julio, mientras que el Revolucionario Moderno (PRM) está supuesto «a reunirse en las próximas horas» para definir una posición.
A la posición de Fuerza del Pueblo se adhirió Fuerza Nacional Progresista, uno de sus aliados en la presente contienda electoral.
El partido Alianza País, que preside Guillermo Moreno, también pidió la posposición de los comicios para julio. La propuesta de la organización política es que los comicios generales presidenciales sean el 12 de julio.
Señaló que una segunda vuelta electoral podría realizarse en tiempo suficiente, ya que las nuevas autoridades deberán asumir el 16 de agosto próximo.
De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) solicitó una extensión al plazo otorgado por la JCE aunque adelantó que el país no está en condiciones de realizar elecciones en el corto plazo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha fijado una posición, a pesar de los intentos de este diario.
Fuerza del Pueblo propuso a la JCE que se suspendan las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a celebrarse el 17 de mayo próximo y sean movidas para el mes de julio.
La información las ofreció Franklin Almeyda, alto dirigente de dicho partido y representante del candidato a la presidencia Leonel Fernández ante la JCE, en su cuenta de Twitter.
Almeyda explicó que la posición de Fuerza del Pueblo es que los comicios se celebren el domingo 12 de julio y que en caso de una eventual segunda vuelta, esta se lleve a cabo el domingo 26 de julio.
La misma posición fue respaldada por el presidente del PLR, Amable Aristy y estableció que esa era la postura definitiva de su partido.
“No es un secreto saber que nuestro país no está en condiciones de celebrar unas elecciones por la pandemia. Por eso entendemos que estas deben de ser suspendidas y movidas para el 12 de julio con la posibilidad de que el 26 de julio se realice la eventual segunda vuelta”, dijo Aristy durante su intervención en la sesión de la Cámara del Senado donde conocen la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia propuesta por el Gobierno Dominicano.
PRSC pide prorroga
El presidente del PRSC, Quique Antún dijo que el PRSC plantea que debería otorgarse un plazo hasta el martes después de Semana Santa para fijar una posición.
“A los fines de discutir en ese momento, con la debida frialdad, la fecha más adecuada para la celebración de dichos comicios, sin vulnerar los plazos establecidos en la Constitución de la República y preservando la vida de los electores”, dijo Antún.
Además explicó que para el Partido Reformista lo más importante en las actuales circunstancias, más que las elecciones misas y más que el poder, es preservar la vida de todos los dominicanos y dominicanas.
“La vida de los dominicanos es más importante que la lucha por el poder y que el egoísmo que algunos pretenden hacer prevalecer por encima del interés nacional, llevándonos a una lucha electoral que, indudablemente, habrá de cambiar en todos los sentidos, la vida del pueblo dominicano”, agregó.
PRM se reunirá en las próximas horas
El delegado del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, dijo que en las próximas horas la dirección de ese partido se reunirá para fijar una posición en torno a la posible suspensión.
“Aunque el PRM se encuentra trabajando para plantear medidas para salir de esta crisis sanitaria, en las próximas horas nos estaremos reuniendo para fijar una posición”, expresó Mera.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.