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Estudio PNUD revela contradicciones en la lucha contra el clientelismo
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El estudio divulgado este miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IIDEA) sobre la realidad de partidos políticos en la República Dominicana y la posibilidad de impulsar reformas en su sistema de partidos y electoral antes del 2016, revela contubernios y paradojas entre los actores con respecto al clientelismo y, a la vez, el reclamo de normas para regular la práctica política.
Uno de los primeros resultados del estudio, consistente en una serie de entrevistas con 19 representantes de los distintos partidos y dos grupos de enfoque con la participación de 38 líderes de opinión, sectores académicos, empresariales y sindicales, demuestra que tanto la clase política como la propia población “resuelven” su agenda vital a través de prácticas clientelistas en las que ambas partes se benefician de acuerdo al lugar que ocupen en la escala social, sin dejar de reclamar en todos los escenarios regulaciones y normas a las prácticas de los partidos. La paradoja es evidente. El perro que se muerde la cola.
El estudio se realizó del 11 al 15 de noviembre del 2013.
Tal contradicción revela que pese a la insistencia de los actores (sociedad civil, medios, población y clase política) sobre lo pernicioso del clientelismo y, a la vez abanderar en los últimos cinco años un espíritu crítico en procura del adecentamiento mediante una Ley de Partidos, se vislumbra también que “nadie o casi nadie avizora riesgos sistémicos ni institucionales y pocos cuentan con cambios inminentes en las prácticas denunciadas o en el marco normativo”.
La contradicción está en los que rechazan el clientelismo sin dejar de beneficiarse del poder
Los organismos internacionales son el referente por excelencia para discutir y buscar alternativas hacia una mayor calidad democrática, revela el informe, y son reconocidos por su “neutralidad en las disputas locales y por la legitimidad ganada en anteriores procesos”,
También que “la fortaleza” del sistema se sostiene, desde la caída de Trujillo por la apabullante personalidad de los “caudillos fundadores y renovados” lo que ha permitido consolidar y sostener en el tiempo el perfil de una sociedad cohesionada en torno a liderazgos “fuertes” con vocación prebendaria y clientelar.
Es decir, la aparente fortaleza del sistema reposa en renovados liderazgos verticales y en el clientelismo que es a su vez es sostenido por los altos niveles de pobreza y los bajos niveles de educación de la población.
Sin embargo, la investigación destaca que la demanda de modernización de los partidos ha llegado a “un momento de maduración”, que abre una ventana de cara a las elecciones del 2016 y avanza en un consenso generalizado en torno a la necesidad de la Ley de Partidos y reformas a la Ley Electoral.
La necesidad de normativa es fundamental para varios de los consultados quienes valoran las elecciones del 2016 como una “prueba de estrés” que debería ser sorteada con antelación ante lo complicado del panorama con un partido único y una oposición desmembrada.
El estudio fue dado a conocer por Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD, en compañía de los consultores Juan Rial y Miguel Manzi, quienes realizaron las investigaciones.
Presentes estuvieron en el Hotel Embajador también Monseñor Agripino Núñez Collado, Roberto Álvarez, de Participación Ciudadana, Max Puig, Radhamés García, Amelia Deschamps y otros.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.