Comunidad en el exterior
EU: Dos dominicanos figuran en la lista de condenados a muerte
NUEVA YORK.- Al menos dos dominicanos figuran en la lista de los extranjeros que se encuentran a la espera de ser ejecutados en Estados Unidos.
Fabio Evelio Gómez y Obel Cruz García, condenados a la pena capital por asesinatos cometidos hace más de tres décadas, forman parte de los 106 extranjeros que esperan su turno en el corredor de la muerte en Estados Unidos, según los datos de Centro de información sobre la pena de muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Gómez fue condenado por violar y asesinar a una joven universitaria en 1999 y Cruz García fpor el secuestro y asesinato del niño de seis años, Angelo García, Jr, en 1992.
Las ejecuciones de Gómez y Cruz García seguirán, varias décadas después, a la de Carlos Santana, quien se convirtió en 1993, en el primer dominicano en ser ejecutado en los Estados Unidos.
Santana fue ejecutado en Texas mediante inyección letal a la edad de 40 años por la muerte de un guardia en medio de un asalto a un vehículo blindado en el que pretendía hacerse, junto a su cómplice, de 1.1 millones de dólares en 1981.
CRUZ GARCIA
Cruz García migró de República Dominicana a Puerto Rico, desde donde viajó a los Estados Unidos, donde se dedicó al tráfico de drogas antes de ser juzgado por la muerte del niño García, Jr.
De acuerdo con los testimonios recolectados por la justicia estadounidense, la noche del 30 de septiembre de 1992, Cruz García y otro hombre con las caras cubiertas allanaron una casa, donde una mujer, su esposo y su hijo dormían. Los hombres cargaron con el niño, después de golpear a su padrastro y agredir sexualmente a su madre.
Uno de los cómplices de Cruz García le preguntó al dominicano por qué cargaba con el niño, a lo que respondió «él me vio».
El hombre dijo que mientras se alejaba del coche en que dejaba al dominicano y a otro participante con el niño, escuchó cuando Cruz García dijo: «ya sabes lo que tienes que hacer» y luego escuchó al pequeño gritar. Al regresar, lo encontró con sangre en el pecho y, por órdenes de Cruz García, ayudó en el proceso de deshacerse del cadáver, lanzándolo al lago Goose Creek.
Al día siguiente, García salió de Estados Unidos con destino a Puerto Rico y, viviendo en República Dominicana, le confesó el crimen a la que era su pareja, quien también fue testigo en el caso.
El 4 de noviembre, unas cinco semanas después del asesinato, un hombre halló el cuerpo del pequeño flotando en una vía fluvial en Baytown, una ciudad de Texas.
El crimen de Angelo se mantuvo frío por casi 20 años, hasta que pruebas de ADN vincularon a Cruz García con la escena del crimen.
El dominicano fue condenado en el 2013 y luego sentenciado a muerte por asesinato capital.
EVELIO GOMEZ
Siete años más tarde y a más de 1,300 kilómetros de distancia, el departamento policial de Chandler, en el condado de Maricopa, en Arizona, recibía un reporte de ruidos de un hombre golpeando a una mujer que posiblemente provenía del apartamento 232 en el 1283 W. Parklane, BI.
La noche del 2 de diciembre de 1999, los oficiales se presentaron al lugar, pero no lograron hacer contacto con nadie en el apartamento, que más tarde descubrirían era el hogar del dominicano Fabio Evelio Gómez, que había migrado a Estados Unidos persiguiendo el sueño de ser pelotero profesional, llegando a jugar en Ligas Menores.
Ese mismo día, recibían el informe de persona desaparecida correspondiente a Joan Morane que residía en 1283 W. Parklane BI., en el apartamento 234.
Durante el proceso de investigación se determinó que Gómez era conocido de Joan Morane. Además, en horas de la madrugada del día siguiente, los oficiales hicieron contacto con el dominicano afuera de su apartamento con un colchón inflable desinflado.
Gómez declaró que él y su novia se estaban mudando y que estaba empacando algunas de sus pertenencias en su automóvil. Cuando se le preguntó por la razón de hacer aquello a esa hora, el hombre indicó que en el día estuvo cuidando a su hijo.
Aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, los oficiales observaron lo que parecía ser sangre en el borde del colchón de aire que se había colocado dentro del vehículo de Gómez, y una mancha roja en un contenedor de basura cerca del apartamento.
Cuando los oficiales volvieron a contactar a Gómez en su apartamento observaron lo que parecían ser manchas de sangre en la alfombra, así como en las áreas de la sala, el comedor, en el pasillo y el tocador del baño.
Los investigadores también hallaron una pesa metálica con mancuernas con manchas rojas consistentes con sangre.
Gómez atribuyó los rastros de sangre a una supuesta herida de la mujer que era su pareja en ese momento y con la que compartía apartamento, luego cambió la versión y dijo que había matado a un gato que había aruñado a su hijo. No se encontró el cuerpo de un gato ni rastros de sangre consistentes a un animal. En cambio, la sangre si coincidió con los registros de Morane.
En la madrugada del 3 de diciembre de 1999, el cuerpo de una mujer, más tarde identificado como el de Joan Rachelle Morane, fue hallado en un contenedor de basura en el complejo de apartamentos a pocos metros de la puerta principal de la víctima.
Análisis al cadáver de la mujer arrojaron también la presencia de semen, que unas pruebas de ADN vincularon a Gómez.
La causa de muerte de Joan Morane se determinó como traumatismo múltiple por fuerza contundente.
En el juicio, Gómez negó cualquier conocimiento o participación en la desaparición y asesinato de Joan. Admitió haber tenido relaciones sexuales con ella, pero aseguró que fue consensual y volvió a afirmar que la sangre de su apartamento era de un gato. Fue sentenciado a muerte por inyección letal en junio de 2003.
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Una treintena de jóvenes hispanos, la mayoría de origen dominicano, fueron acusados de integrar pandillas y cometer asesinatos, atracos, robos a mano armada, conspiración, tráfico de drogas, porte ilegal de armas.
El fiscal Alvin Bragg Junior dijo en rueda de prensa que al menos 18 de los detenidos pertenecen a la pandilla «200/8 Block», ocho a «6 Block» y cuatro a «Own Every Dollar».
Indicó que los supuestos pandilleros cometían sus crímenes principalmente en los vecindarios de Inwood y Washington Heights, del Alto Manhattan.
«Estos grupos presuntamente han cometido violencia armada fatal y horrible en Inwood y Washington Heights durante los últimos seis años», declaró.
CRECIENTE VIOLENCIA
Dijo que «los delitos muestran un patrón creciente de violencia de 2018 a 2024, cuando un miembro del Bloque 6 asesinó a un rival de la ganga 200».
«Desde entonces, los grupos son responsables de un total de 18 tiroteos, durante los cuales murieron siete personas, incluidos cuatro transeúntes inocentes», afirmó.
Agregó que «los pandilleros de los 200 también cometieron dos robos a punta de pistola, uno de los cuales fue fatal».
“Estos grupos son responsables del 50 por ciento de los tiroteos en Washington Heights e Inwood, que cubre la comisaría 33 y la 34, en 2024”, aseguró.
jt/am