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Exdirector de Minería califica de «leonino» contrato con la Barrick Gold
Miguel Peña afirmó que en el país existen yacimientos de petróleo.
Miguel Peña
Peña, quien dirigió la licitación y la negociación del contrato con Placer Dome en el 2004, dijo que fue notoria la falta de transparencia en la aprobación de la enmienda, sobre todo por los allegados al ex presidente Leonel Fernández.
«Actualmente con ese contrato el Estado percibe un 3% de las ganancias, mientras que la Barrick maneja y controla el 97%. Como ven hay una diferencia abismal entre el contrato original de Placer Dome, y la enmienda del 2009 con la Barrick Gold», manifestó el exfuncionario, al ser entrevistado en el programa «Líderes», que conduce Orlando Jorge Mera y que se transmite todos los domingos a las nueve de la mañana por Color Visión.
Peña explicó que en el contrato original con Placer Dome, el Estado dominicano quedaba como propietario del yacimiento, «y arrendaba a Placer Dome ese yacimiento, además de que el 25% de los impuestos iban al Estado».
El también funcionario del gobierno perredeísta 1982-1986, defendió las medidas tomadas por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco en relación a la minería, luego de que su antecesor, el expresidente Antonio Guzmán, nacionalizara la Rosario Dominicana, acción que también fue elogiada por Peña.
«En el mundo minero se dice que los gobiernos del PRD han sido mineros. El presidente Jorge Blanco lanzó un decreto donde se delinearon las políticas mineras del Estado. Sin esa apertura, no fuera posible explorar todos los yacimientos que hoy día conocemos», dijo.
Responsabilizó al gobierno del expresidente Leonel Fernández, durante el período 1996-2000, de la quiebra de la Rosario Dominicano.
«Fue en el gobierno de Leonel Fernández 1996-2000, que quebró la Rosario Dominicana. Eso ha quedado en el olvido, pero la quiebra de la Rosario es una responsabilidad política de Leonel», manifestó.
El también economista, sugirió que ante la actual situación del contrato con la Barrick Gold, se tomen dos medidas.
«Proponemos que la a la Barrick se le ponga un impuesto por cada exportación. Si la Barrick no quiere negociar, pues nacionalicemos esa compañía», señaló.
En cuanto a la posibilidad de encontrar petróleo en el país, Miguel Peña indicó que en el sur existen yacimientos de ese hidrocarburo. «Aquí hay petróleo! Tú vas a Azua, abres una llave y sale petróleo! Lo que ha faltado es voluntad para explorar ese yacimiento», agregó.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.