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Pagán devuelve diez millones de pesos y varios bienes al Estado.
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e imputado en el caso Anti Pulpo, confirmó al Ministerio Público que se benefició del entramado de corrupción y entregó diez millones de pesos y bienes obtenidos con dinero de la red.
Pagán confesó haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros y un valor de 39 millones de pesos.
“Al ser cuestionado el acusado Francisco Pagán Rodríguez sobre los fondos obtenidos para la adquisición de tan lujoso apartamento, el mismo establece en un acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021 que su situación económica era difícil producto de algunas inversiones que había realizado y que no habían salido como esperaba, lo cual le llevó a la quiebra. Por esa razón, para la adquisición del referido apartamento, recibió de parte de un funcionario público y por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), que les fueron entregados en una funda negra”, señala la acusación del caso Anti Pulpo, donde Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, figura como principal encartado.
En base a esa declaración, Pagán realizó un acta de entrega voluntaria de diez millones de pesos.
También admitió haber recibido con dinero de la red 3,399 tareas de tierra en el municipio de Tamayo, de la provincia Bahoruco.
“El inmenso terreno, fue comprado al Banco de Reservas por la cantidad de RD$5,948,250.00, mediante acto de venta de fecha 27 de junio del año 2019”, señala la acusación.
El expediente indica que Pagán «reconoce al Ministerio Público que esta es parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones típicas señaladas por el Ministerio Público, porque mediante el acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021 hace entrega voluntaria para fines de decomiso a favor del Estado dominicano”.
Señala también que Pagán elevó considerablemente su estilo de vida, presentando gastos en restaurantes y lugares de clase alta, los cuales no podría permitirse con el salario que devengaba.
“Al analizar el movimiento de la cuenta del acusado Francisco Pagán Rodríguez en el Restaurant Cantábrico, se puede verificar que este presentó un gasto mensual, desde el año 2017 al año 2020 por un valor de RD$249,522.04, sin embargo, su ingreso legal, en este caso, su salario neto de la OISOE no alcanzaba dicha suma mensual”, sostiene la acusación que además detalla que entre el 2017 y 2020, en exfuncionario gastó en el restaurante 8,483,749.44.
Además de Pagán, han devuelto fondos al Ministerio Público los también encartados en el caso Anti Pulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez (25 millones de pesos) y Wilfredo Arturo González Castillo (4 millones de pesos).
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.