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Son inconstitucionales leyes que prohiben transfuguismo, según exjueces.
Un exjuez del Tribunal Constitucional y otros dos que fueron parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se sumaron a la acción que busca la inconstitucionalidad de las disposiciones de las leyes de Partidos Políticos y Electoral que prohíben a los exprecandidatos de un partido postularse nuevamente por otro, mediante una instancia que depositaron en conjunto ante la alta corte.
El escrito de “intervención voluntaria o amicus curiae”, fue presentado el 31d e octubre por los exjueces de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor y José Hernández Machado, junto al exjuez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury Hijo.
Los exmagistrados piden al TC que admita la acción directa en inconstitucionalidad que sometió el 21 de octubre el exprecandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Santo Hilario Cedano, y que declare no conforme con la Constitución el párrafo 4 del artículo 49 de la ley 33-18, sobre Partidos Políticos, y el artículo 134 de la ley 15-19, de Régimen Electoral, así como el artículo 10 del reglamento para la escogencia de candidatos mediante convenciones o encuestas dictado por la Junta Central Electoral (JCE) el 7 de mayo pasado.
Aseguran que las disposiciones atacadas son contrarias a los artículos 22, 23, 24, 47 y 74 de la Constitución dominicana, de los artículos 16 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y los artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También sostienen que viola el derecho ciudadano de ser elegible, el derecho de libre asociación y los principios de proporcionalidad, razonabilidad y favorabilidad.
Afirman que las disposiciones impugnadas han agregado condiciones de elegibilidad que lesionan el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en condiciones de igualdad, reconocido por el bloque de constitucionalidad.
Advierten que el legislador no puede regular o aumentar las condiciones de elegibilidad establecidas por la Constitución para los cargos de senadores, diputados, presidente y vicepresidente de la República.
Señalan que eso no ocurre, sin embargo, para los aspirantes a cargos municipales, que entienden las condiciones de elegibilidad y de inscripción han sido delegados expresamente al legislador por los artículos 201 y 202 de la Carta Sustantiva.
Plantean que la intervención del legislador solo puede tener lugar para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, pero nunca para limitarlos o restringirlos, máxima cuando la propia Constitución se ha encargado de establecer los límites y condiciones de acceso a un determinado derecho. Se apoyan en jurisprudencias del TC, de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de cortes internacionales.
Sostienen que del precedente fijado por el TC, resulta claro que las condiciones de elegibilidad de una persona que se postule a un cargo de elección estarán exclusivamente en la Constitución y que la ley solo se encargará de regular aspectos meramente formales respecto al trámite para su inscripción en el proceso electoral de que se trate.
Los exmagistrados se apoyan también en la sentencia del TC 441/19, que eliminó el requisito de un tiempo mínimo de militancia para ostentar una candidatura.
El PLD solicitó al TC que declare conforme a la Constitución las disposiciones de las leyes 33-18 y 15-19 que prohíben el transfuguismo.
El exprecandidato a diputado del PLD en primarias del 6 de octubre, Santo Hilario Cedano, consideró limitan su derecho a ser elegible.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.
Nacionales
El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para ver si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.
Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.
Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.
Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.
Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.
Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.