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Son inconstitucionales leyes que prohiben transfuguismo, según exjueces.

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Un exjuez del Tribunal Constitucional y otros dos que fueron  parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  se sumaron a la acción que busca la inconstitucionalidad de las disposiciones de las leyes de Partidos Políticos y Electoral que prohíben a los exprecandidatos de un partido postularse nuevamente por otro, mediante una instancia que depositaron en conjunto ante la alta corte.

 El escrito de “intervención voluntaria o amicus curiae”, fue presentado el 31d e octubre por los exjueces de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor y José Hernández Machado, junto al exjuez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury Hijo.

Los exmagistrados piden al TC que admita la acción directa en inconstitucionalidad que sometió el 21 de octubre el exprecandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Santo Hilario Cedano, y que declare no conforme con la Constitución el párrafo 4 del artículo 49 de la ley 33-18, sobre Partidos Políticos, y el artículo 134 de la ley 15-19, de Régimen Electoral, así como el artículo 10 del reglamento para la escogencia de candidatos mediante convenciones o encuestas dictado por la Junta Central Electoral (JCE) el 7 de mayo pasado.

Aseguran que las disposiciones atacadas son contrarias a los artículos 22, 23, 24, 47 y 74 de la Constitución dominicana, de los artículos 16 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y los artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También sostienen que viola  el derecho ciudadano de ser elegible, el derecho de libre asociación y los principios de proporcionalidad, razonabilidad y favorabilidad.

Afirman que las disposiciones impugnadas han agregado condiciones de elegibilidad que lesionan el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en condiciones de igualdad, reconocido por el bloque de constitucionalidad.

Advierten que el legislador no puede regular o aumentar las condiciones de elegibilidad establecidas por la Constitución para los cargos de senadores, diputados, presidente y vicepresidente de la República.

Señalan que eso no ocurre, sin embargo, para los aspirantes a cargos municipales, que entienden las condiciones de elegibilidad y de inscripción han sido delegados expresamente al legislador por los artículos 201 y 202 de la Carta Sustantiva.

Plantean que la intervención del legislador solo puede tener lugar para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, pero nunca para limitarlos o restringirlos, máxima cuando la propia Constitución se ha encargado de establecer los límites y condiciones de acceso a un determinado derecho.  Se apoyan en jurisprudencias del TC, de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de cortes internacionales.   

Sostienen que del precedente fijado por el TC,  resulta claro que las condiciones de elegibilidad de una persona que se postule a un cargo de elección estarán exclusivamente en la Constitución y que la ley solo se encargará de regular aspectos meramente formales respecto al trámite para su inscripción en el proceso electoral de que se trate.

Los exmagistrados se apoyan también en la sentencia del TC 441/19, que eliminó el requisito de un tiempo mínimo de militancia para ostentar una candidatura.

El PLD solicitó al TC que declare conforme a la Constitución las disposiciones de las leyes 33-18 y 15-19 que prohíben el transfuguismo.

El exprecandidato a diputado del PLD en primarias del 6 de octubre, Santo Hilario Cedano, consideró limitan su derecho a ser elegible.

 

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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