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Exmiembros de la Junta Central Electoral recibieron 23 millones de pesos en prestaciones
SANTO DOMINGO. Al margen de los beneficios que reciben en virtud a sus jubilaciones, la Junta Central Electoral (JCE) pagó por concepto de prestaciones laborales RD$23,263,771.31 a cuatro de los antiguos miembros titulares.
El monto fue erogado a favor del expresidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez y los anteriores titulares Eddy Olivares Ortega, José Ángel Aquino y César Francisco Féliz Féliz, por los años de servicios en la institución, sumado al pago de las vacaciones no disfrutadas.
En el caso de Rosario Márquez, se le hizo un cálculo en base a 14 años de labores en la JCE, por cuyo tiempo se le pagó una prestación de RD$6,609,317.40 más RD$865,251.50 por concepto de 50 días de vacaciones pendientes de pago.
A los restantes titulares Olivares Ortega, Aquino y Féliz Féliz, cada uno con 10 años de servicios, se les erogó un monto de RD$4,532,103.00 más RD$730,964.47 de 44 días de vacaciones pendientes por tomar. Los montos de las vacaciones son en bruto, sin que se le apliquen los impuestos de ley.
A esos recursos se sumará la proporción que les corresponde por el plan de retiro, pensiones y jubilaciones de la JCE, que fija una escala según los años trabajados. A los extitulares les tocan compensaciones entre un 70 y 80 por ciento de sus salarios.
En consecuencia, Rosario Márquez, quien devengaba un salario mensual de RD$375 mil, recibirá una pensión de 85%, equivalentes a RD$318,750.00.
Mientras Olivares Ortega, Aquino y Féliz Féliz, recibirán cada uno la pensión en base al 70% de sus últimos sueldos, que eran de RD$360 mil. Se beneficiarán con una mensualidad de RD$252,000.00 cada uno.
De igual modo, los ex miembros seguirán beneficiándose del seguro médico en iguales condiciones a los empleados activos. Las pensiones están exentas de cualquier tipo de descuento de impuestos u otra tasa.
De acuerdo con el reglamento del plan de retiro, pensiones y jubilaciones de la JCE, todo titular de la institución al concluir sus funciones, por cualquier causa, tiene derecho a una pensión equivalente al 50% de su sueldo cuando ha prestado servicios durante un período; 70% con dos períodos electivos; 85% con tres períodos electorales y un 100% con cuatro o más períodos. En caso de los miembros y funcionarios no pertenecer al plan de pensiones, tendrá derecho a la devolución del 75% del monto de sus aportes económicos al mismo.
El fondo se alimenta de un 6% aportado del sueldo básico de los miembros titulares, funcionarios y demás empleados, una cantidad similar aportada por la JCE y otro 6% correspondientes a los salarios de Navidad.
El reglamento que incluye también pensiones por enfermedad, viudez y orfandad fue aprobado el 25 de octubre del año 2000 en la gestión de Manuel Ramón Morel Cerda, pero entró en vigencia el primero de enero del 2001.
Los antiguos titulares de la JCE fueron sustituidos el 21 de noviembre del pasado año 2016. Los nuevos integrantes son: Julio César Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía Oviedo, quienes devengarán los mismos salarios que los salientes.
diariolibre.com
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.