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Leonel llama a no “dilapidar” fondos pensiones
Leonel Fernández se mostró opuesto a que los fondos de pensiones sean usados con fines contrarios a los que la ley establece para asegurar el retiro de los servidores cuando concluyan su vida útil y productiva.
“No podemos dilapidar esos fondos, yo no tocaría los fondos de pensiones, hay otras vías, otros mecanismos”, afirmó exmandatario al ser entrevistado en el programa matinal El Zol de la Mañana.
Fernández fijó su posición sobre el tema al ser preguntado sobre una propuesta que ha circulado en el país en las últimas semanas para que los fondos de pensiones sean usados en la compensación salarial de los empleados que han sido suspendidos, debido a la crisis del coronavirus.
“Los fondos de pensiones suman 600,000 millones de pesos, pero hay que entender que son recursos destinados a las pensiones de los trabajadores y que eso no puede utilizarse en cualquier coyuntura, en cualquier cosa que no represente una garantía que cuando esos trabajadores pasen al culminar su vida útil en el mercado laboral, y reciban lo que es su abono, su ahorro de toda una vida”, dijo el expresidente.
Ante la pregunta del legislador y comentarista José Laluz de si se podría tomar un préstamo girado sobre esos fondos, Fernández dijo que “no habría necesidad, el Gobierno tiene posibilidades de colocar bonos en los mercados internacionales con bonos de deuda soberana”. A seguidas agregó: “Entonces, no hay por qué poner en riesgo esos fondos cuando hay otros mecanismos de acceso al crédito”.
“Hay una práctica continua donde Hacienda coloca bonos y se compran con fondos de pensiones, pero los fondos de pensiones se convierten en acreedores del Estado, de Hacienda, digamos, se colocan bonos por parte del Banco Central y se compran con fondos de pensiones”, comentó Fernández.
Dijo que en esas condiciones es el Banco Central de la República el que asume la responsabilidad y es garante de esos fondos, tras indicar que “el día que el Banco Central quiebre, quebraremos todos”.
De esta forma el expresidente se identificó con sectores de la vida nacional que han advertido de los efectos negativos que tendría el uso de esos recursos que por ley deben estar destinados a garantizar el retiro de la clase trabajadora.
Directivos de organizaciones gremiales, entre ellas del sector transporte también han llamado a meditar detenidamente y no tocar los fondos de pensiones por considerarlos como parte de una conquista social de los trabajadores que tiene que ser preservada.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.