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Jean Alán solicita a la PEPCA y CC auditoría de sus declaraciones juradas y bienes
Santo Domingo.- Jean Alan Rodríguez, exprocurador, sometió a través de su Consejo de Defensa una solicitud a la PEPCA y a la Cámara de Cuentas para la realización de una auditoría exhaustiva de los bienes y patrimonio de su cliente de acuerdo con la realidad y las declaraciones juradas de bienes durante sus funciones públicas, como lo establece la Ley 311-14 y su reglamento.
Solicitó además, todas las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y/o recibidas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, frente a la Procuraduría General de la República durante el período 2016-2020 respecto a la gestión administrativa, contable y financiera de la institución.
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“Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice por lo que se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada para que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la PEPCA quisiera esconder la verdad”, señaló Gustavo Biaggi Pumarol.
De acuerdo a un comunicado, el Consejo de Defensa agrega que su cliente “tiene como justificar cada peso que le ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos, ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”.
Señaló que todos sus bienes figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020, ya sea de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad, declarados de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos, por lo que solicitan una auditoría e informe evaluativo de su patrimonio que refleje la verdad.
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Resaltó que previo a ejercer la función pública representó cientos de empresas de prestigio registrando como parte de su práctica privada más de 1,000 millones de dólares de inversiones de sus clientes en el Centro de Exportación e Inversión de proyectos turísticos, de energía y otros, todo lo cual reposa en los archivos oficiales.
Asegura que antes de ser funcionario, el exprocurador tenía diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título y justificativos de compra producto del ejercicio privado incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012.
El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez, indicó que el Ministerio Público le acusa de un fraude de 7,000 millones de pesos, sin presentar la debida auditoría o informe por la institución competente, ni una sola persona o documento que lo señale directa o indirectamente como autor de actos irregulares, y tampoco dice ni de qué obra, ni de que cuenta, ni quienes o como se cometieron los hechos.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.