Santo Domingo, RD.-La decisión del Poder Ejecutivo de extender el toque de queda disminuye el tiempo que tiene la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones generales del mes de mayo para escoger el presidente, el vicepresidente, senadores y diputados. Más Noticias
La JCE queda con muy poco tiempo después del aumento del toque de queda para el montaje de elecciones.
Santo Domingo, RD.-La decisión del Poder Ejecutivo de extender el toque de queda disminuye el tiempo que tiene la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones generales del mes de mayo para escoger el presidente, el vicepresidente, senadores y diputados. La ejecución de esta medida estará vigente hasta el 17 de abril, justamente un mes antes de la fecha pautada de la realización de esos comicios.
Ante esta situación la JCE aún no le ha comunicado ni convocado a los diferentes partidos políticos para plantear una posición sobre si se aplazan las elecciones o no.
Tanto los partidos Fuerza del Pueblo como Partido Revolucionario Moderno (PRM) han expresado que les gustaría reunirse con las autoridades del órgano electoral para plantear alguna medida ante la crisis existente en el país.
Mientras, la JCE sigue trabajando con miras a realizar las elecciones el 17 de mayo, a principios de semana envió a los partidos el cronograma de actividades correspondientes a ese torneo electoral.
Además, este jueves la dirección nacional de elecciones le comunicó a los partidos políticos que ya están culminando con el proceso de diagramación de las boletas electorales.
En la comunicación, Núñez también explica que ese proceso de validación se llevará a cabo entre el tres y el cinco de abril.
El cronograma señala que las actividades referentes a la conclusión de la pre-composición de las boletas electorales que se usarán en mayo se desarrollarán desde este 30 de marzo hasta el 1 de abril, para luego iniciar el proceso de licitación y adjudicación de la impresión de las boletas entre el 1 y el 10 de abril. La impresión de las boletas está pautada para que inicie el 15 de abril.
Se recuerda que ya fueron aprobados los formatos de boletas presentados en el nivel presidencial, con un tamaño de 8.5″ x 14″; y nivel senatorial, con un tamaño de 8.5″ x 14″. En los casos de 1 a 6 candidatos a diputados, con un tamaño de 11″ x 17″; y de 7 a 11 candidatos a diputados, con un tamaño 13.5″ x 21″. Finalmente, los diputados en el exterior, con un tamaño de 8.5″ x 14”.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.