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Falta de arbitraje y padrones abultados han afectado a los partidos políticos
SANTO DOMINGO. El denominador común de los problemas en las elecciones de los partidos políticos ha sido la falta de arbitraje de un moderador externo como la Junta Central Electoral, unido a padrones abultados en los que votan menos de la mitad, y han sido predominantes la doble militancia, ante la incapacidad de hacer uno realmente propio.
Los partidos se han autoengañado, colocando cifras altas de votaciones de sus primarias internas y provocando acusaciones de fraude y divisiones que han degenerado en heridos y muertos.
En la actualidad, en la Junta Central Electoral (JCE) sólo hay un padrón del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y no hay listas de militantes de los demás partidos políticos.
Las organizaciones políticas se han limitado a depositar los listados de los delegados participantes en las convenciones o asambleas de delegados, que son las que exige la actual Ley Electoral 275-97.
En la JCE se asume que cuando los partidos solicitaron su reconocimiento depositaron el listado con el porcentaje establecido en ese momento. En su artículo 47, la Junta Central Electoral señala que es obligación de los partidos políticos depositar cada dos años una lista actualizada de los miembros de sus órganos directivos y del tribunal disciplinario, para fines de control y de conocimiento por parte de esa institución.
El partido que ha más sufrido las crisis emanadas de sus divisiones ha sido el PRD, en cuya última gran división en el 2011, el candidato derrotado, Miguel Vargas, denunció que en las primarias con padrón “semiabierto” habrían sufragado 366 mil peledeístas y reformistas.
Dijo que en ese padrón no podía superar los 3,921,536 electores, pero que “violando esa normativa la comisión electoral envió un padrón de con 5 millones 905 mil 964 electores”.
Es histórica la frase “el Estado se impuso”, cuando el precandidato presidencial Danilo Medina en aquel momento se refería a la victoria del entonces presidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de mayo de 2007, donde se inscribieron 1,169,913 peledeístas, de los cuales sólo votaron 574,297. Ahí Fernández obtuvo 403,577 votos (71.55%) y Medina 160,505 (28.45%).
En las primarias de 2012 votaron 1,063,617 peledeístas, lo que representó solo un 47.23%, de los 2,251,831 electores inscritos en el padrón electoral.
Danilo Medina ganó con 907,015 votos (87.18%); José Tomás Pérez obtuvo 52,190 (5.02%); Francisco Domínguez Brito 44,967 (4.32%) y Radhamés Segura, casi sin estructuras, logró 36,176 (3.48%).
En el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sólo hay que recordar que su declive se inició en el 2004, con el rechazo de Jacinto Peynado de los resultados de las primarias ganadas por Eduardo Estrella.
Estrella hizo lo propio en las primarias del 2007, donde se denunció que votó el doble de lo registrado en algunas mesas de votación.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tuvo su primera experiencia en el 2015, recién salido del horno y sin estructuras, logrando Luis Abinader 315,082 votos (70.24%) frente a su mayor rival, Hipólito Mejía, con 90,130 y un 28.61%, la que pasó sin mayores traumas, y en la actualidad se aprestan a tener su primer padrón de militantes.
El vicepresidente de PRD, Héctor Guzmán, argumenta que “el único padrón que existe aprobado por todos los partidos es el de la Junta”.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.