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Falta de arbitraje y padrones abultados han afectado a los partidos políticos
SANTO DOMINGO. El denominador común de los problemas en las elecciones de los partidos políticos ha sido la falta de arbitraje de un moderador externo como la Junta Central Electoral, unido a padrones abultados en los que votan menos de la mitad, y han sido predominantes la doble militancia, ante la incapacidad de hacer uno realmente propio.
Los partidos se han autoengañado, colocando cifras altas de votaciones de sus primarias internas y provocando acusaciones de fraude y divisiones que han degenerado en heridos y muertos.
En la actualidad, en la Junta Central Electoral (JCE) sólo hay un padrón del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y no hay listas de militantes de los demás partidos políticos.
Las organizaciones políticas se han limitado a depositar los listados de los delegados participantes en las convenciones o asambleas de delegados, que son las que exige la actual Ley Electoral 275-97.
En la JCE se asume que cuando los partidos solicitaron su reconocimiento depositaron el listado con el porcentaje establecido en ese momento. En su artículo 47, la Junta Central Electoral señala que es obligación de los partidos políticos depositar cada dos años una lista actualizada de los miembros de sus órganos directivos y del tribunal disciplinario, para fines de control y de conocimiento por parte de esa institución.
El partido que ha más sufrido las crisis emanadas de sus divisiones ha sido el PRD, en cuya última gran división en el 2011, el candidato derrotado, Miguel Vargas, denunció que en las primarias con padrón “semiabierto” habrían sufragado 366 mil peledeístas y reformistas.
Dijo que en ese padrón no podía superar los 3,921,536 electores, pero que “violando esa normativa la comisión electoral envió un padrón de con 5 millones 905 mil 964 electores”.
Es histórica la frase “el Estado se impuso”, cuando el precandidato presidencial Danilo Medina en aquel momento se refería a la victoria del entonces presidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de mayo de 2007, donde se inscribieron 1,169,913 peledeístas, de los cuales sólo votaron 574,297. Ahí Fernández obtuvo 403,577 votos (71.55%) y Medina 160,505 (28.45%).
En las primarias de 2012 votaron 1,063,617 peledeístas, lo que representó solo un 47.23%, de los 2,251,831 electores inscritos en el padrón electoral.
Danilo Medina ganó con 907,015 votos (87.18%); José Tomás Pérez obtuvo 52,190 (5.02%); Francisco Domínguez Brito 44,967 (4.32%) y Radhamés Segura, casi sin estructuras, logró 36,176 (3.48%).
En el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sólo hay que recordar que su declive se inició en el 2004, con el rechazo de Jacinto Peynado de los resultados de las primarias ganadas por Eduardo Estrella.
Estrella hizo lo propio en las primarias del 2007, donde se denunció que votó el doble de lo registrado en algunas mesas de votación.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tuvo su primera experiencia en el 2015, recién salido del horno y sin estructuras, logrando Luis Abinader 315,082 votos (70.24%) frente a su mayor rival, Hipólito Mejía, con 90,130 y un 28.61%, la que pasó sin mayores traumas, y en la actualidad se aprestan a tener su primer padrón de militantes.
El vicepresidente de PRD, Héctor Guzmán, argumenta que “el único padrón que existe aprobado por todos los partidos es el de la Junta”.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.