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Falta de regularización imposibilita demostrar lavado de activos en el país

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Abogados dicen no hay cultura de vigilancia de alto control

SANTO DOMINGO. La falta de regularización y vigilancia de alto control o alto riesgo en la República Dominicana es una de las razones por las cuales probar el delito de lavado de activos sea difícil en el país.

Así lo consideraron juristas consultados sobre lo complejo que es para la Procuraduría General de la República el demostrar ante los tribunales que las personas a las que investigan por la presunta comisión de ilícito penal, realmente lo cometieron.

Félix Damián Olivares Grullón, uno de los relatores del primer proyecto de ley contra el lavado de activos, explicó que se podría decir que la dificultad en comprobar ese delito, “radica en la inexistencia, de una sistematización del patrimonio de todas las personas, en un país donde hemos estado acostumbrados a la subestimación del patrimonio y a las declaraciones fiscales”.

En tanto, Carlos Balcácer destacó que lo complejo está en los movimientos bancarios, a pesar de que las entidades de intermediación financiera son sujetos obligados por la derogada ley 72-02 y la 155-17 sobre Lavado, esto realmente no le garantiza al Estado dominicano la legalidad de los orígenes de las fortunas que pasan a través de sus cuentas de ahorros, certificados financieros o cuentas ni tarjetas de créditos.

“Lo que pasa es que en nuestro país el régimen de control y de la organización de los negocios en cuanto a sus capitales suscritos, pagados, movimientos de esos dineros, pagos de impuestos internos; no está regulado, no hay cultura de regularización ni vigilancia de alto control ni de alto riesgo y eso es lo que explica el por qué lo difícil de probar el lavado de activos”, dijo Balcácer.

Olivares explicó que en ese tipo de casos, el órgano investigador debe probar el “hecho base precedente” y la actividad o el proceso que procura darle apariencia de legalidad, para ello, puede acudir a las llamadas pruebas indiciarias las cuales deben ser plurales, estar plenamente acreditadas, ser unívocas o ir en una misma dirección sin descartar cualquier otra explicación alternativa sobre el origen de los fondos.

“El hecho base precedente como actividad ilícita, no requiere la comprobación mediante una sentencia previa, no requiere que se haya emitido una sentencia verificando su comisión pero la actividad previa, constitutiva de delito, tiene que estar plenamente establecido”, describió.

Caso Odebrecht

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, otorgarle cuatro meses más para completar el caso Odebrecht debido a que se le ha hecho difícil reconstruir los hechos.

Alain Rodríguez está a la espera de que le envíen informaciones “claves” para el caso, las cuales fueron solicitadas a nueve países

Creen Ministerio Público actúa dentro de norma

El presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CARD), Miguel Surún, considera que el procurador Jean Alain Rodríguez actuó dentro del marco de la norma al solicitar cuatro meses más para presentar su acusación. “Entendemos que la solicitud emitida por el Ministerio Público es acorde con lo que es la norma procesal y más ante un caso complejo”, dijo.

Además, es partidario de que “al investigador hay que darle la oportunidad de que haga su trabajo”.

Mientras que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD también cree que el Procurador está dentro del derecho, pero que la situación “evidencia que el Ministerio Público carece de los elementos probatorios suficientes para sustentar este caso”.

Refirió que la sociedad está alerta ante el proceso que se ha constituido en un caso emblemático en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También criticó la lentitud con que se ha llevado el proceso en el país. “Es evidente que en aquí este proceso ha transcurrido con suma lentitud. Es un gran reto que enfrenta el sistema de Justicia en dar respuesta a las expectativas del país que exige que se haga justicia”, dijo.

diariolibre.com

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Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia

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Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.

En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.

Balance de incidentes y atención médica durante el asueto

El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.

Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.

Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.

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Desde el miércoles 24 la mayoría de tribunales suspendieron sus labores

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Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.

Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.

En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.

El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.

En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.

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Abogado de principal imputado en caso Senasa respalda resolución que reprime juez.

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Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.

El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.

Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.

«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.

El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.

Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.

Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.

«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.

El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.

Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.

Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.

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