Análisis Noticiosos
Falta mucho para saldar el escándalo Odebrecht
Por Juan Bolívar Díaz
El Gobierno del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lograron un respiro con el testimonio de Mónica Moura, quien en su declaración ante el tribunal electoral brasileño negó que se utilizaran recursos de Odebrecht en las campañas electorales que ella y su esposo Joan Santana asesoraron en el país.
Ese primer éxito en el calvario de cuatro meses fue seguido por otro, el haber logrado que un juez validara el acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) con la empresa constructora, pero con tan alto tufo de impunidad que parece otro soborno y reactiva la indignación nacional por el escándalo, faltando muchas explicaciones.
Un éxito preanunciado. El Gobierno estaba preparado para, tras la pausa de la Semana Santa, intentar salirse del cerco en que lo ha situado el escándalo de los confesados sobornos de Odebrecht para obtener contratos de obras en el país y las denuncias de que financiaron las campañas electorales del presidente Medina. El activo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había anunciado que esperaran el testimonio que se presentaría esta semana, sólo que lo atribuía a Joao Santana y le tocó a su esposa Mónica.
Peralta demostró estar bien informado, porque sostuvo que ese testimonio demostraría que no hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Medina, y así lo repitieron los voceros del PLD en los medios de comunicación, incentivando las versiones de que han mantenido contactos y posibles tratativas con los Santana-Moura. Se sostiene que uno de los hijos de Joao y gente de su equipo todavía trabajan para el gobierno dominicano.
Tan pronto se produjo, al inicio de la semana, la PGR logró que el juez Danilo Amador Quevedo validara el acuerdo que el 1 de marzo había rechazado el juez Juan Alejandro Vargas, sin pérdida de tiempo, al día siguiente de haberse informado la recurrencia. Se evade un juicio que prolongaría indefinidamente el escándalo y podría arrojar informaciones más comprometedoras.
La principal motivación de la PGR para justificar un acuerdo que ha sido calificado como “otro soborno de Odebrecht”, es que la empresa se compromete a entregar a más tardar el 19 de mayo, la lista de los sobornados, y que eso permitirá procesarlos. El costo de impunidad para Odebrecht es alto, sobre todo porque existe el compromiso de que esa lista sería aportada por las autoridades judiciales de Brasil a partir del 1 de junio, es decir que se conseguiría en dos semanas sin costo alguno.
Faltan los US$163 millones. La PGR ha justificado el acuerdo en que Odebrecht se compromete a pagar en los próximos 8 años, hasta el 2025, la multa por el duplo (US$184 millones) de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos para obtener contratos en el país, dejando en el olvido los US$163 millones que obtuvo de los mismos actos de corrupción admitidos.
El experto Enmanuel Cedeño Brea, en Acento.com, calcula el valor neto que recibirá el país por el acuerdo. Con una tasa de descuento por los intereses a 8 años, concluye en que serían sólo US$137, 865,764, que el “valor del dinero en el tiempo” le aporta a la empresa un descuento de US$46, 134,236, equivalente al 25 por ciento.
Así como RD es, de los 9 países involucrados en el escándalo, el que no ha adoptado ninguna coerción, pese a liderar proporcionalmente el volumen de sobornos tanto en lo pagado como en relación a lo contratado, es el primero que cierra un acuerdo con la sobornadora, garantizándole que no habrá procesamiento de sus ejecutivos y que podrá seguir realizando obras en el país, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y la propia ley sobre sobornos. En lo inmediato se ayuda a Odebrecht a iniciar un camino que pudiera estabilizarla en los mercados, evitando su posible quiebra, en cuyo caso el país no recibiría el grueso de los US$184 millones.
Lo de que el acuerdo es “oportunidad” para otro soborno parte del generoso trasto dado a la empresa, sin imputación previa. La mejor prueba es que, con el anuncio del acuerdo en febrero, sin que hubiese sido validado u homologado por un juez, la PGR dijo que ya había recibido los primeros 30 millones de dólares, que por cierto nunca se ha dicho por dónde ingresaron al Estado, pero que según versiones fueron destinados a cubrir necesidades del Ministerio Público, completando el soborno.
Otros graves testimonios. La indignación generada por el acuerdo de la PGR con Odebrecht superó con mucho el respiro de la declaración de Mónica Moura, que tiene algún valor, pero no supera otras declaraciones de ella misma, de Joao Santana y sobre todo de sus jefes del Departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes identifican tanto a Moura como a Joao Santana como los ejecutivos internacionales de una trama de financiamiento electoral, identificando a República Dominicana, junto a Panamá, Venezuela, El Salvador y Angola.
El reconocido diario O Globo dio cuenta de los testimonios de los esposos Moura-Santana en su “delación privilegiada” ya validada por el Tribunal Supremo de Brasil, donde admitieron que se involucraron en financiamientos irregulares en campañas electorales de Medina, Chávez, Maduro, y Funes, que “ninguna de las campañas en que participaron fue dejada fuera de las denuncias”. En su primera declaración, se quedaron en cuestiones banales, por lo que tuvieron que hacer una segunda arrojando mayor información, sin que nadie pueda garantizar que lo han dicho todo.
Se ha publicado preguntas y respuestas de Fernando Migliaccio ante el Tribunal Electoral, y cuando le preguntaron si sabía para qué se destinaba el dinero que enviaba a !Feira” (seudónimo de Moura, respondió: “Sabía, porque había momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo. No tengo de si son esos todos los países”,,, “Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones, muy bien hecho por cierto, su trabajo en El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.
No es para celebraciones. Son tantos los testimonios que presentan a Joao Santana y Mónico Moura como ejecutivos de una red mafiosa de delincuentes internacionales, comenzando en Brasil, que la negativa de ella esta semana queda en lo relativo. Incluso admitiendo que pudiera ser este el único país donde ellos no aplicaron dinero de Odebrecht en las campañas, de cualquier forma eran delincuentes que operaban hasta en el palacio de gobierno hasta ser apresados.
Existe el testimonio de empresarios dominicanos de que contrataron a Santana para la campaña del 2012, pero eso no demuestra que paralela y posteriormente no hubiese dinero de Odebrecht en sus diversas tareas políticas, que no sólo incluyeron asesoría, sino también elaboración y pago de saturante publicidad y documentales. El Gobierno y el PLD han celebrado pero sin informar nada. Por ejemplo, cuánto costó la contratación de los Santana. Ni han respondido quién desde Santo Domingo hizo diez depósitos de 500 mil dólares en una cuenta en Suiza de Joao que sumaron 5 millones de dólares.
También merece explicación la revelación de que en una triangulación originada en fondos de Odebrecht, la Shellbil Finance SA, depositaba dinero en la cuenta de la empresa de Joao Polis Caribe, en Santo Domingo, y que bajo el mismo esquema la Isagón SAC, de Perú hizo 8 depósitos, entre 2011 y 2014, en la cuenta de la empresa Cine y Art 2013, creada en Santo Domingo por un asociado de Santana, por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares. En todos esos casos se citan bancos locales a través de los cuales ingresaron y salieron depósitos, lo que es de fácil comprobación.
Ah! y deben esperarse explicaciones al testimonio de los jefes de las Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de que cuando la investigación Lava Jato les complicó el panorama, trasladaron sus actividades al paraíso denominado República Dominicana.-
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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