Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia plantearon prohibir la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares, al argumentar que el derecho a la subversión, a cuestionar el orden capitalista y a ejercer la oposición contra las políticas del Estado deberá garantizarse.

Las FARC proponen defender la no estigmatización de los movimientos sociales. (foto: EFE)

La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participa en la mesa de negociaciones con el Gobierno de ese país suramericano en La Habana propuso este martes prohibir la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.

De acuerdo a las FARC-EP, el derecho a la subversión, a cuestionar el orden capitalista y a ejercer la oposición contra las políticas del Estado y del Gobierno deberá garantizarse.

En ese contexto, la agrupación propuso defender la no estigmatización de los movimientos que practiquen estos derechos, y proscribir su criminalización. «Actuaciones en ese sentido por parte de funcionarios públicos de alto nivel, así como de los medios de comunicación, merecerán especial atención y estarán sometidas al control social y la veeduría ciudadana, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar», sostuvo.

Esta iniciativa forma parte de un grupo de propuestas que presentó la insurgencia sobre la cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional; así como el derecho a la protesta y la movilización.

Marcos León Calarcá, miembro de la delegación que leyó el comunicado de las FARC, planteó también la prohibición al tratamiento militar de la protesta social y popular, y el desmonte del escuadrón Antimotines y Disturbios (ESMAD).

Además, propuso la proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de «seguridad nacional» y avanzar hacia una cultura política democrática y participativa.

Según Calarcá, esto supone recuperar el valor y el significado de la política, y sustraerla del desprestigio al que ha sido sometida por la mayoría de los partidos y de los políticos en esa nación. «Para ello, se promoverán procesos de formación, educación y comunicación en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales», añadió.

Por otro lado, Calarcá volvió a plantear la exigencia de las FARC de permitir al guerrillero Simón Trinidad que se incorpore a la mesa.

Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos desde el 2004 y fue designado por las FARC como integrante de la delegación de paz. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha permitido su incorporación a las pláticas.

La delegación del Gobierno, que preside Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de las negociaciones, iniciadas en noviembre de 2012.

Ambas partes consensuaron en mayo el primero de los cinco puntos de la agenda de paz, el tema agrario, causa del conflicto que dio origen a las FARC en 1964.

Las conversaciones se encuentran en su decimocuarta ronda y siguen centradas en el tema de la participación política, el segundo punto de la agenda pactada para los Diálogos de Paz.

El actual ciclo de conversaciones finalizará el próximo jueves.