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Empresa farmacéutica defiende legalidad de contrato con Senasa
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de defender sus intereses, la empresa Farmacard aseguró que todos los contratos firmados con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se han realizado en apego a la ley, cumpliendo con sus obligaciones y bajo garantía de calidad en la prestación de servicios a los afiliados.
A través de un comunicado, la firma comunicó que de 2012 a 2020 logró que Senasa bajara el gasto en medicamentos en alrededor de un 40 % y resaltó que, al asumir un nuevo contrato en febrero de 2025, en los primeros cinco meses implementó medidas que le generaron una reducción de costos a la entidad estatal de RD$ 129 millones, lo que equivale a un ahorro de RD$ 25 millones mensuales, sin afectar la cantidad de afiliados atendidos.
Farmacard, que administra y dispensa medicamentos ambulatorios a más de 3.6 millones de afiliados del régimen contributivo, cifra que asciende a 4.3 millones al incluir aseguradoras privadas, se pronunció en esos términos ante informaciones públicas sobre su relación con Senasa que considera erróneas y fuera de contexto.
Asimismo, indicó que su sistema detectó que el 68 % de las recetas del régimen contributivo provenían del sistema público, tres veces por encima del promedio de 20 % registrado en otras ARS, lo que sugería un esquema de fraude.
“En apenas seis meses hemos restablecido la continuidad en la dispensación de medicamentos, garantizando calidad, transparencia y eficiencia”, subrayó Farmacard.
La firma explicó que el 23 de julio de 2012 suscribió su primer contrato con Senasa tras un proceso de comparación de precios, en el cual se comprometió a reducir el gasto en medicamentos en un 20 %, pero en el primer mes logró una disminución de 32 %, estabilizando posteriormente el gasto en casi un 40 % menos.
“Esto representó ahorros millonarios y la racionalización del gasto hasta 2020”, expuso.
Explicó que, en 2024, ante la prevista finalización del contrato con el proveedor que había elegido, Senasa le consultó sobre la posibilidad de una contratación capitada a riesgo, pues para enero de 2025 el gasto mensual en medicamentos había escalado de RD$ 120 millones en 2020 a entre RD$ 385 y RD$ 390 millones, generando reclamos de afiliados y una crisis reputacional por la falta de acceso a fármacos.
Asimismo, Farmacard resaltó que, en febrero de 2025, suscribió un nuevo contrato con Senasa, asumiendo el 100 % del riesgo financiero y responsabilizándose del pago a las farmacias.
Indicó que, paralelamente, a partir del 1 de abril de 2025, implementó controles estrictos, como suspensión temporal del delivery irregular en lugares no autorizados (plazas, parques), en violación a la normativa que solo permite entregas en domicilios o lugares de trabajo. Asimismo, introdujo el uso de tokens de seguridad para autorizar la compra de medicamentos.
Farmacard argumentó que la contratación bajo el modelo capitado responde a la necesidad de poner un límite claro al gasto, que en los últimos años se había disparado sin control. Señaló que este esquema, además de transferir el riesgo financiero a la empresa, fortalece los incentivos para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión, corrigiendo deficiencias del proveedor anterior y ofreciendo a Senasa mayor seguridad presupuestaria y sostenibilidad en el tiempo.
“Nuestra experiencia técnica, los resultados comprobados y más de dos décadas de trayectoria nos respaldan como un aliado estratégico de la seguridad social. Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema de salud, la transparencia en cada proceso y la garantía de un servicio oportuno, confiable y eficiente para los afiliados”, precisó Farmacard.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.