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Empresa farmacéutica defiende legalidad de contrato con Senasa
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de defender sus intereses, la empresa Farmacard aseguró que todos los contratos firmados con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se han realizado en apego a la ley, cumpliendo con sus obligaciones y bajo garantía de calidad en la prestación de servicios a los afiliados.
A través de un comunicado, la firma comunicó que de 2012 a 2020 logró que Senasa bajara el gasto en medicamentos en alrededor de un 40 % y resaltó que, al asumir un nuevo contrato en febrero de 2025, en los primeros cinco meses implementó medidas que le generaron una reducción de costos a la entidad estatal de RD$ 129 millones, lo que equivale a un ahorro de RD$ 25 millones mensuales, sin afectar la cantidad de afiliados atendidos.
Farmacard, que administra y dispensa medicamentos ambulatorios a más de 3.6 millones de afiliados del régimen contributivo, cifra que asciende a 4.3 millones al incluir aseguradoras privadas, se pronunció en esos términos ante informaciones públicas sobre su relación con Senasa que considera erróneas y fuera de contexto.
Asimismo, indicó que su sistema detectó que el 68 % de las recetas del régimen contributivo provenían del sistema público, tres veces por encima del promedio de 20 % registrado en otras ARS, lo que sugería un esquema de fraude.
“En apenas seis meses hemos restablecido la continuidad en la dispensación de medicamentos, garantizando calidad, transparencia y eficiencia”, subrayó Farmacard.
La firma explicó que el 23 de julio de 2012 suscribió su primer contrato con Senasa tras un proceso de comparación de precios, en el cual se comprometió a reducir el gasto en medicamentos en un 20 %, pero en el primer mes logró una disminución de 32 %, estabilizando posteriormente el gasto en casi un 40 % menos.
“Esto representó ahorros millonarios y la racionalización del gasto hasta 2020”, expuso.
Explicó que, en 2024, ante la prevista finalización del contrato con el proveedor que había elegido, Senasa le consultó sobre la posibilidad de una contratación capitada a riesgo, pues para enero de 2025 el gasto mensual en medicamentos había escalado de RD$ 120 millones en 2020 a entre RD$ 385 y RD$ 390 millones, generando reclamos de afiliados y una crisis reputacional por la falta de acceso a fármacos.
Asimismo, Farmacard resaltó que, en febrero de 2025, suscribió un nuevo contrato con Senasa, asumiendo el 100 % del riesgo financiero y responsabilizándose del pago a las farmacias.
Indicó que, paralelamente, a partir del 1 de abril de 2025, implementó controles estrictos, como suspensión temporal del delivery irregular en lugares no autorizados (plazas, parques), en violación a la normativa que solo permite entregas en domicilios o lugares de trabajo. Asimismo, introdujo el uso de tokens de seguridad para autorizar la compra de medicamentos.
Farmacard argumentó que la contratación bajo el modelo capitado responde a la necesidad de poner un límite claro al gasto, que en los últimos años se había disparado sin control. Señaló que este esquema, además de transferir el riesgo financiero a la empresa, fortalece los incentivos para garantizar eficiencia y transparencia en la gestión, corrigiendo deficiencias del proveedor anterior y ofreciendo a Senasa mayor seguridad presupuestaria y sostenibilidad en el tiempo.
“Nuestra experiencia técnica, los resultados comprobados y más de dos décadas de trayectoria nos respaldan como un aliado estratégico de la seguridad social. Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema de salud, la transparencia en cada proceso y la garantía de un servicio oportuno, confiable y eficiente para los afiliados”, precisó Farmacard.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.