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Feministas vuelven a la carga; demandan despenalización del aborto cuando peligre la vida de la mujer y en casos de violación o incesto
Momento en que el Foro Feminista leía su declaración de prensa. Fuente Externa
El Foro Feminista demandó hoy de los legisladores la despenalización del aborto cuando peligre la vida de la mujer o cuando su embarazo sea el resultado de una violación sexual o incesto.
“El Foro Feminista ve con mucha preocupación la discusión y aprobación del proyecto de nuevo Código Penal que cursa en el Congreso Nacional y que, según el informe de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, mantiene la penalización del aborto bajo todas las circunstancias”, explicó.
Sostuvo que no es cierto que la población se opone a la despenalización del aborto en las causales señaladas y que según la encuesta Barómetro de las Américas 2012, el 61.2% de la población dominicana está favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligre la salud de la mujer.
“De ser aprobado el Código Penal con la sanción del aborto en todas las circunstancias se continuarían ubicando a nuestro país junto al grupo de apenas cinco países de América Latina con una legislación atrasada que no protege a las mujeres cuando un embarazo pone en peligro su vida”, dijo.
Precisó que de aprobarse esta pieza legislativa se mantendría a la República Dominicana como uno de los Estados que no procura contribuir, desde la ley penal, a la reducción de la alarmante tasa de mortalidad materna.
“En el país el porcentaje de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, el parto o puerperio es más del doble que en el resto de la región de América Latina y el Caribe”, indicó.
También argumentó que la sanción absoluta del aborto resulta lesiva de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y hasta niñas que quedan embarazadas a consecuencia de una violación, perpetrada muchas veces por sus propios padres a quienes se les impone una maternidad forzada y llena de sufrimiento.
“Esto coloca a las familias, al gremio médico y a la sociedad en el difícil dilema de acatar la injusta ley, obligando a la víctima del abuso sexual a llevar a término su embarazo, poniendo muchas veces en riesgo su vida, o bien ubicarse al margen de la ley”, puntualizó en una nota de prensa enviada a este medio.
Expresó que está consciente de que para los legisladores y legisladoras asumir una decisión firme e independiente respecto a la despenalización del aborto bajo condiciones especiales constituye es un gran desafío, pero al mismo tiempo entiende que esta es una responsabilidad impostergable e ineludible.
El Foro Feminista hizo también un llamado a no restringir el feminicidio al feminicidio íntimo, contemplando solamente los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas y a incluir el feminicidio no íntimo, por la gran cantidad de asesinatos de mujeres por su condición de género, independientemente de que haya habido o no una relación con su agresor.
“Mostramos optimismo en que el Congreso saldará esa vieja deuda histórica con los derechos de las mujeres, estaremos atentas y vigilantes para defender nuestros derechos”, insistió. HOY
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.