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Organización de la sociedad civil advierte sobre desafíos estructurales del sistema de justicia de cara a 2026
Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó un amplio análisis sobre el estado de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en la República Dominicana durante 2025, destacando avances relevantes, pero también advirtiendo sobre desafíos estructurales que deberán ser enfrentados de manera decidida en 2026.
En su balance anual, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático y subraya la necesidad de una evaluación constante de las actuaciones de los órganos públicos, desde una visión técnica, objetiva y propositiva. El documento pone énfasis en la importancia de consolidar reformas institucionales y normativas para responder a las crecientes demandas sociales y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.
Según la entidad, durante 2025 el país experimentó una intensa actividad legislativa y judicial, con decisiones e iniciativas de alto impacto institucional. En ese sentido, la institución reconoció avances en la lucha contra la impunidad, impulsados por acciones anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, reformas legales para endurecer sanciones por corrupción y lavado de activos, y la recuperación de fondos públicos desviados.
En el ámbito de la Defensa Pública, Finjus valora la consolidación de la Oficina Nacional de Defensa Pública durante 2025, resaltando su expansión territorial, la mejora en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los controles internos, lo que ha contribuido a un sistema de justicia más inclusivo.
Respecto al Ministerio Público, el informe destaca la elaboración participativa del Plan Estratégico 2025-2029, así como la creación de nuevas unidades especializadas y avances en la profesionalización de los fiscales. Sin embargo, señala como retos prioritarios para 2026 la sobrecarga laboral, la mora procesal y la necesidad de sistemas objetivos de evaluación y ascenso basados en mérito.
Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación del sistema penitenciario. Finjus reconoce medidas recientes como el cierre de la Penitenciaría de La Victoria y la apertura del Centro Penitenciario Las Parras, pero insiste en que persisten profundas debilidades estructurales.
En ese contexto, la fundación destaca como un avance institucional clave el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como órgano rector de las políticas del sistema de justicia y del sistema penitenciario. De cara a 2026, el principal desafío será traducir esta reforma en mejoras concretas, sostenibles y centradas en la dignidad humana y la reinserción social.
Finjus subraya que 2026 será determinante para consolidar reformas legales fundamentales. Aunque valora la aprobación del nuevo Código Penal en 2025, advierte que su periodo de entrada en vigor, se debe aprovechar para corregir ambigüedades, evitar regresiones en derechos fundamentales y asegurar coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.
Asimismo, señala la urgencia de una reforma integral del Código Procesal Penal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una modificación anterior, así como la correcta implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas a partir de 2026.
En relación con la Policía Nacional, Finjus reconoce avances en la reforma institucional y en el modelo de patrullaje, pero expresa preocupación por el uso de la fuerza y la persistencia de percepciones de inseguridad, lo que obliga a profundizar políticas preventivas y mecanismos de control.
En su conclusión, Finjus afirma que el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige continuidad en las reformas estructurales y una mayor coordinación interinstitucional. Entre los pendientes para 2026, menciona una agenda legislativa amplia que incluye la actualización del Código Civil, normativas sobre libertad de expresión, protección de testigos y víctimas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“El el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública, sostiene la organización, al tiempo que llama a mantener el impulso reformador como eje central para recuperar y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.