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Organización de la sociedad civil advierte sobre desafíos estructurales del sistema de justicia de cara a 2026
Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó un amplio análisis sobre el estado de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en la República Dominicana durante 2025, destacando avances relevantes, pero también advirtiendo sobre desafíos estructurales que deberán ser enfrentados de manera decidida en 2026.
En su balance anual, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático y subraya la necesidad de una evaluación constante de las actuaciones de los órganos públicos, desde una visión técnica, objetiva y propositiva. El documento pone énfasis en la importancia de consolidar reformas institucionales y normativas para responder a las crecientes demandas sociales y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.
Según la entidad, durante 2025 el país experimentó una intensa actividad legislativa y judicial, con decisiones e iniciativas de alto impacto institucional. En ese sentido, la institución reconoció avances en la lucha contra la impunidad, impulsados por acciones anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, reformas legales para endurecer sanciones por corrupción y lavado de activos, y la recuperación de fondos públicos desviados.
En el ámbito de la Defensa Pública, Finjus valora la consolidación de la Oficina Nacional de Defensa Pública durante 2025, resaltando su expansión territorial, la mejora en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los controles internos, lo que ha contribuido a un sistema de justicia más inclusivo.
Respecto al Ministerio Público, el informe destaca la elaboración participativa del Plan Estratégico 2025-2029, así como la creación de nuevas unidades especializadas y avances en la profesionalización de los fiscales. Sin embargo, señala como retos prioritarios para 2026 la sobrecarga laboral, la mora procesal y la necesidad de sistemas objetivos de evaluación y ascenso basados en mérito.
Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación del sistema penitenciario. Finjus reconoce medidas recientes como el cierre de la Penitenciaría de La Victoria y la apertura del Centro Penitenciario Las Parras, pero insiste en que persisten profundas debilidades estructurales.
En ese contexto, la fundación destaca como un avance institucional clave el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como órgano rector de las políticas del sistema de justicia y del sistema penitenciario. De cara a 2026, el principal desafío será traducir esta reforma en mejoras concretas, sostenibles y centradas en la dignidad humana y la reinserción social.
Finjus subraya que 2026 será determinante para consolidar reformas legales fundamentales. Aunque valora la aprobación del nuevo Código Penal en 2025, advierte que su periodo de entrada en vigor, se debe aprovechar para corregir ambigüedades, evitar regresiones en derechos fundamentales y asegurar coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.
Asimismo, señala la urgencia de una reforma integral del Código Procesal Penal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una modificación anterior, así como la correcta implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas a partir de 2026.
En relación con la Policía Nacional, Finjus reconoce avances en la reforma institucional y en el modelo de patrullaje, pero expresa preocupación por el uso de la fuerza y la persistencia de percepciones de inseguridad, lo que obliga a profundizar políticas preventivas y mecanismos de control.
En su conclusión, Finjus afirma que el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige continuidad en las reformas estructurales y una mayor coordinación interinstitucional. Entre los pendientes para 2026, menciona una agenda legislativa amplia que incluye la actualización del Código Civil, normativas sobre libertad de expresión, protección de testigos y víctimas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“El el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública, sostiene la organización, al tiempo que llama a mantener el impulso reformador como eje central para recuperar y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como “el año del retroceso judicial” de este país, con “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
MALES REITERADOS
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
RECLAMOS DEL GREMIO
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.