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Organización de la sociedad civil advierte sobre desafíos estructurales del sistema de justicia de cara a 2026
Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó un amplio análisis sobre el estado de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en la República Dominicana durante 2025, destacando avances relevantes, pero también advirtiendo sobre desafíos estructurales que deberán ser enfrentados de manera decidida en 2026.
En su balance anual, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático y subraya la necesidad de una evaluación constante de las actuaciones de los órganos públicos, desde una visión técnica, objetiva y propositiva. El documento pone énfasis en la importancia de consolidar reformas institucionales y normativas para responder a las crecientes demandas sociales y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.
Según la entidad, durante 2025 el país experimentó una intensa actividad legislativa y judicial, con decisiones e iniciativas de alto impacto institucional. En ese sentido, la institución reconoció avances en la lucha contra la impunidad, impulsados por acciones anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, reformas legales para endurecer sanciones por corrupción y lavado de activos, y la recuperación de fondos públicos desviados.
En el ámbito de la Defensa Pública, Finjus valora la consolidación de la Oficina Nacional de Defensa Pública durante 2025, resaltando su expansión territorial, la mejora en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los controles internos, lo que ha contribuido a un sistema de justicia más inclusivo.
Respecto al Ministerio Público, el informe destaca la elaboración participativa del Plan Estratégico 2025-2029, así como la creación de nuevas unidades especializadas y avances en la profesionalización de los fiscales. Sin embargo, señala como retos prioritarios para 2026 la sobrecarga laboral, la mora procesal y la necesidad de sistemas objetivos de evaluación y ascenso basados en mérito.
Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación del sistema penitenciario. Finjus reconoce medidas recientes como el cierre de la Penitenciaría de La Victoria y la apertura del Centro Penitenciario Las Parras, pero insiste en que persisten profundas debilidades estructurales.
En ese contexto, la fundación destaca como un avance institucional clave el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como órgano rector de las políticas del sistema de justicia y del sistema penitenciario. De cara a 2026, el principal desafío será traducir esta reforma en mejoras concretas, sostenibles y centradas en la dignidad humana y la reinserción social.
Finjus subraya que 2026 será determinante para consolidar reformas legales fundamentales. Aunque valora la aprobación del nuevo Código Penal en 2025, advierte que su periodo de entrada en vigor, se debe aprovechar para corregir ambigüedades, evitar regresiones en derechos fundamentales y asegurar coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.
Asimismo, señala la urgencia de una reforma integral del Código Procesal Penal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una modificación anterior, así como la correcta implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas a partir de 2026.
En relación con la Policía Nacional, Finjus reconoce avances en la reforma institucional y en el modelo de patrullaje, pero expresa preocupación por el uso de la fuerza y la persistencia de percepciones de inseguridad, lo que obliga a profundizar políticas preventivas y mecanismos de control.
En su conclusión, Finjus afirma que el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige continuidad en las reformas estructurales y una mayor coordinación interinstitucional. Entre los pendientes para 2026, menciona una agenda legislativa amplia que incluye la actualización del Código Civil, normativas sobre libertad de expresión, protección de testigos y víctimas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“El el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública, sostiene la organización, al tiempo que llama a mantener el impulso reformador como eje central para recuperar y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.