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Organización de la sociedad civil advierte sobre desafíos estructurales del sistema de justicia de cara a 2026
Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó un amplio análisis sobre el estado de la institucionalidad democrática y el sistema de justicia en la República Dominicana durante 2025, destacando avances relevantes, pero también advirtiendo sobre desafíos estructurales que deberán ser enfrentados de manera decidida en 2026.
En su balance anual, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del orden democrático y subraya la necesidad de una evaluación constante de las actuaciones de los órganos públicos, desde una visión técnica, objetiva y propositiva. El documento pone énfasis en la importancia de consolidar reformas institucionales y normativas para responder a las crecientes demandas sociales y reforzar la confianza ciudadana en el Estado.
Según la entidad, durante 2025 el país experimentó una intensa actividad legislativa y judicial, con decisiones e iniciativas de alto impacto institucional. En ese sentido, la institución reconoció avances en la lucha contra la impunidad, impulsados por acciones anticorrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, reformas legales para endurecer sanciones por corrupción y lavado de activos, y la recuperación de fondos públicos desviados.
En el ámbito de la Defensa Pública, Finjus valora la consolidación de la Oficina Nacional de Defensa Pública durante 2025, resaltando su expansión territorial, la mejora en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los controles internos, lo que ha contribuido a un sistema de justicia más inclusivo.
Respecto al Ministerio Público, el informe destaca la elaboración participativa del Plan Estratégico 2025-2029, así como la creación de nuevas unidades especializadas y avances en la profesionalización de los fiscales. Sin embargo, señala como retos prioritarios para 2026 la sobrecarga laboral, la mora procesal y la necesidad de sistemas objetivos de evaluación y ascenso basados en mérito.
Uno de los puntos más críticos del análisis es la situación del sistema penitenciario. Finjus reconoce medidas recientes como el cierre de la Penitenciaría de La Victoria y la apertura del Centro Penitenciario Las Parras, pero insiste en que persisten profundas debilidades estructurales.
En ese contexto, la fundación destaca como un avance institucional clave el impulso a la creación del Ministerio de Justicia, concebido como órgano rector de las políticas del sistema de justicia y del sistema penitenciario. De cara a 2026, el principal desafío será traducir esta reforma en mejoras concretas, sostenibles y centradas en la dignidad humana y la reinserción social.
Finjus subraya que 2026 será determinante para consolidar reformas legales fundamentales. Aunque valora la aprobación del nuevo Código Penal en 2025, advierte que su periodo de entrada en vigor, se debe aprovechar para corregir ambigüedades, evitar regresiones en derechos fundamentales y asegurar coherencia con la Constitución y los estándares internacionales.
Asimismo, señala la urgencia de una reforma integral del Código Procesal Penal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una modificación anterior, así como la correcta implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas a partir de 2026.
En relación con la Policía Nacional, Finjus reconoce avances en la reforma institucional y en el modelo de patrullaje, pero expresa preocupación por el uso de la fuerza y la persistencia de percepciones de inseguridad, lo que obliga a profundizar políticas preventivas y mecanismos de control.
En su conclusión, Finjus afirma que el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige continuidad en las reformas estructurales y una mayor coordinación interinstitucional. Entre los pendientes para 2026, menciona una agenda legislativa amplia que incluye la actualización del Código Civil, normativas sobre libertad de expresión, protección de testigos y víctimas, y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
“El el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acción pública, sostiene la organización, al tiempo que llama a mantener el impulso reformador como eje central para recuperar y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.
La medida está contenida en los decretos números 41-26, 42-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.
Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.
Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
Los cargos incluyen:
- Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.
- Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18, secciones 2 y 1343.
- Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18, secciones 2 y 1341.
- Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).
- Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).
El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.
Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.
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Abogados sostienen que denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana.
Santo Domingo.- Podría ser aceptada en la República Dominicana la denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas suyas en el país y Bahamas, que fue archivada en tribunales de Europa por «falta de jurisdicción».
Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
En Derecho y Medicina «es peligroso hacer pronósticos», pero «en este tipo de casos, aunque sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, regularmente la acción no procede por la dificultad científica de poder establecer que los hechos pasaron y más cuando el sospechoso lo niega», apuntó.
Tras conocerse la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», y posteriormente intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogía relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.
Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al margen del tema.
Santo Domingo.- Un protocolo de enmienda fue sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader sometió al acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno dominicano y el de Cuba, firmado el 29 de junio de 2023, para eliminar el tope de aerolíneas entre ambos países.
El convenio vigente establece un límite de dos líneas aéreas para operar las rutas de las dos naciones.
La nueva pieza busca que se puedan designar tantas aerolíneas como se considere, según la normativa interna de cada estado, con el propósito de incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y el transporte aéreo entre los territorios.
El convenio actual, firmado el 9 de diciembre de 2005, indica en el referido apartado que cada parte contratante tendrá derecho a designar, de conformidad con sus regulaciones internas, “hasta dos líneas aéreas” (…).
Los demás numerales del artículo III y demás contenidos del documento quedan invariables.
La pieza de corrección fue introducida al Senado de la República el pasado 22 de enero, por lo que deberá agotar su trámite en el órgano legislativo.
Si la Cámara Alta ratifica el acuerdo, como se prevé, este pasará a la Cámara de Diputados para un proceso similar. Si el ala congresual refrenda el convenio, el documento pasará al Tribunal Constitucional, que verificará si está conforme a la Carta Magna, para darle el visto bueno y remitirlo al Poder Ejecutivo, que lo hará efectivo.
El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) en República Dominicana, José Ernesto Marte Piantini; y el del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron, el 29 de junio de 2023, el protocolo de enmienda al acuerdo sobre transporte aéreo entre ambas naciones en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, y Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
El convenio se realizó en el marco de la Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evento organizado por la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La firma del documento concluye las negociaciones iniciadas a través de la Junta de Aviación Civil y actualiza el acuerdo suscrito en la ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre los dos territorios caribeños.