Fotografía de archivo.
Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que al Estado dominicano nunca le ha interesado el sistema penitenciario, y que por eso en las cárceles no solo hay hacinamiento y otros problemas, sino que operan bandas organizadas, como las de clonaciones de tarjetas y de sicariato.
Manifestó que gran parte del sistema penitenciario dominicano se ha convertido en un verdadero acto de crueldad, con hombres enfermos, desnutridos y sin ninguna posibilidad, ni garantías.
“Eso como sociedad no lo debemos de permitir, no lo debemos aceptar, porque aún cuando ellos se equivocaron, todos tenemos derecho a una oportunidad y eso es lo que el Estado no garantiza”, dijo.
Indicó que una de las cárceles más emblemática de lo que no debe ser un recinto penitenciario es La Victoria, la cual propone sea convertida en un museo, similar a la cárcel donde estuvo preso el extinto líder sudafricano Nelson Mándela.
Expresó que dominicanos que se pudieron regenerar no lo lograron porque el Estado los condenó metiéndolos en La Victoria.
“Lamentablemente esa es una realidad que hemos venido advirtiendo desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, la cual se ha convertido en un verdadero acto de crueldad”, expresó.
Recordó que el país tiene un sistema penitenciario bipolar, porque funcionan el nuevo el nuevo y el viejo modelo. Puntualizó que la situación calamitosa se da fundamentalmente en el viejo modelo, en donde se está en condiciones de hacinamiento.
Precisó que la Finjus, conjuntamente con las autoridades competentes, hizo los dos últimos censos penitenciarios. Expuso que cuando se analiza cómo se regeneran en ambos modelos, los datos reflejan que alrededor de un 5 por ciento reincide en el nuevo y alrededor de un 50 por ciento en el viejo.
Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) sobre la situación de las cárceles del país reveló deficiencias en las cárceles, y estableció que producto del hacinamiento, cerca del 30 por ciento de los reclusos de La Victoria durmió en el suelo en el 2016, cuando tenía una población de 8,234.
Ese informe indica que algunos duermen durante el día en las iglesias, escuelas y espacios libres, porque en la noche se les hace casi imposible conciliar el sueño por las precarias condiciones, ya que se ven obligados a dormir en el piso, en los baños, guindados en escaleras, tanques y en hamacas.
Un reporte sobre la población penitenciaria, correspondiente a octubre, establece que en las cárceles dominicanas hay una tasa de hacinamiento de un 89.7 por ciento. Indica que en los 41 centros de reclusión que funcionan en el país están privados de libertad 26,974 personas, pero solo tienen capacidad para albergar a 14,219.
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Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.
