Fotografía de archivo.
Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que al Estado dominicano nunca le ha interesado el sistema penitenciario, y que por eso en las cárceles no solo hay hacinamiento y otros problemas, sino que operan bandas organizadas, como las de clonaciones de tarjetas y de sicariato.
Manifestó que gran parte del sistema penitenciario dominicano se ha convertido en un verdadero acto de crueldad, con hombres enfermos, desnutridos y sin ninguna posibilidad, ni garantías.
“Eso como sociedad no lo debemos de permitir, no lo debemos aceptar, porque aún cuando ellos se equivocaron, todos tenemos derecho a una oportunidad y eso es lo que el Estado no garantiza”, dijo.
Indicó que una de las cárceles más emblemática de lo que no debe ser un recinto penitenciario es La Victoria, la cual propone sea convertida en un museo, similar a la cárcel donde estuvo preso el extinto líder sudafricano Nelson Mándela.
Expresó que dominicanos que se pudieron regenerar no lo lograron porque el Estado los condenó metiéndolos en La Victoria.
“Lamentablemente esa es una realidad que hemos venido advirtiendo desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, la cual se ha convertido en un verdadero acto de crueldad”, expresó.
Recordó que el país tiene un sistema penitenciario bipolar, porque funcionan el nuevo el nuevo y el viejo modelo. Puntualizó que la situación calamitosa se da fundamentalmente en el viejo modelo, en donde se está en condiciones de hacinamiento.
Precisó que la Finjus, conjuntamente con las autoridades competentes, hizo los dos últimos censos penitenciarios. Expuso que cuando se analiza cómo se regeneran en ambos modelos, los datos reflejan que alrededor de un 5 por ciento reincide en el nuevo y alrededor de un 50 por ciento en el viejo.
Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) sobre la situación de las cárceles del país reveló deficiencias en las cárceles, y estableció que producto del hacinamiento, cerca del 30 por ciento de los reclusos de La Victoria durmió en el suelo en el 2016, cuando tenía una población de 8,234.
Ese informe indica que algunos duermen durante el día en las iglesias, escuelas y espacios libres, porque en la noche se les hace casi imposible conciliar el sueño por las precarias condiciones, ya que se ven obligados a dormir en el piso, en los baños, guindados en escaleras, tanques y en hamacas.
Un reporte sobre la población penitenciaria, correspondiente a octubre, establece que en las cárceles dominicanas hay una tasa de hacinamiento de un 89.7 por ciento. Indica que en los 41 centros de reclusión que funcionan en el país están privados de libertad 26,974 personas, pero solo tienen capacidad para albergar a 14,219.
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.
