Fotografía de archivo.
Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que al Estado dominicano nunca le ha interesado el sistema penitenciario, y que por eso en las cárceles no solo hay hacinamiento y otros problemas, sino que operan bandas organizadas, como las de clonaciones de tarjetas y de sicariato.
Manifestó que gran parte del sistema penitenciario dominicano se ha convertido en un verdadero acto de crueldad, con hombres enfermos, desnutridos y sin ninguna posibilidad, ni garantías.
“Eso como sociedad no lo debemos de permitir, no lo debemos aceptar, porque aún cuando ellos se equivocaron, todos tenemos derecho a una oportunidad y eso es lo que el Estado no garantiza”, dijo.
Indicó que una de las cárceles más emblemática de lo que no debe ser un recinto penitenciario es La Victoria, la cual propone sea convertida en un museo, similar a la cárcel donde estuvo preso el extinto líder sudafricano Nelson Mándela.
Expresó que dominicanos que se pudieron regenerar no lo lograron porque el Estado los condenó metiéndolos en La Victoria.
“Lamentablemente esa es una realidad que hemos venido advirtiendo desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, la cual se ha convertido en un verdadero acto de crueldad”, expresó.
Recordó que el país tiene un sistema penitenciario bipolar, porque funcionan el nuevo el nuevo y el viejo modelo. Puntualizó que la situación calamitosa se da fundamentalmente en el viejo modelo, en donde se está en condiciones de hacinamiento.
Precisó que la Finjus, conjuntamente con las autoridades competentes, hizo los dos últimos censos penitenciarios. Expuso que cuando se analiza cómo se regeneran en ambos modelos, los datos reflejan que alrededor de un 5 por ciento reincide en el nuevo y alrededor de un 50 por ciento en el viejo.
Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) sobre la situación de las cárceles del país reveló deficiencias en las cárceles, y estableció que producto del hacinamiento, cerca del 30 por ciento de los reclusos de La Victoria durmió en el suelo en el 2016, cuando tenía una población de 8,234.
Ese informe indica que algunos duermen durante el día en las iglesias, escuelas y espacios libres, porque en la noche se les hace casi imposible conciliar el sueño por las precarias condiciones, ya que se ven obligados a dormir en el piso, en los baños, guindados en escaleras, tanques y en hamacas.
Un reporte sobre la población penitenciaria, correspondiente a octubre, establece que en las cárceles dominicanas hay una tasa de hacinamiento de un 89.7 por ciento. Indica que en los 41 centros de reclusión que funcionan en el país están privados de libertad 26,974 personas, pero solo tienen capacidad para albergar a 14,219.
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Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.
