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Demanda más recursos para la JCE
Santo Domingo, RD.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS),Servio Tulio Castaños Guzmán, estimó “urgente” que la Junta Central Electoral (JCE) sea dotada de recursos suficientes para cumplir su misión.
Estimó justo que a este organismo se le entreguen los fondos que está solicitando, no solo para comenzar a organizar con tiempo las elecciones de 2024, sino también por la importancia que tiene para que se fortalezcan los trabajos del registro civil en el país.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dijo recientemente durante un encuentro con legisladores que las finanzas de esta institución “están en rojo”.
Castaños Guzman refuerza su reclamo señalando que “es evidente que la Junta Central Electoral tiene una situación precaria, e igualmente esa es una institución que históricamente ha venido manejándose sobre la base de la escasez. A este tribunal nunca le han dado el dinero que esa institución solicita”, declaró Castaños Guzmán.
Dijo que en esta oportunidad, Jáquez Liranzo lo que está es dando un alerta y por esa razón él considera que a la junta hay que escucharla.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS expresó que quienes dirigen el Estado, deben entender que la JCE no tiene como única atribución dirigir elecciones cada cuatro años, sino que tiene bajo su responsabilidad todo lo relativo a los actos del estado civil de la nación.
“Tiene oficinas en todas las ciudades, tiene inclusive personal en el extranjero, es decir estamos hablando de un órgano extra poder, donde todo comienza y todo termina, es la que expide las actas de nacimiento y es la institución que expide las actas de defunciones, es una institución que da fe pública”, manifestó Castaños. Insistió en que las autoridades deben desterrar la visión de gestiones anteriores y se lamentó de que la JCE históricamente se haya desenvuelto en medio de precariedades, a pesar de su importancia en la preservación de la democracia y la soberanía nacional.
EN PUNTOS
Registro Civil
La Junta Central Electoral es la responsable de organizar el registro civil y proveer la identidad a todas las personas.
Elecciones
Tiene, además, la responsabilidad de organizar las elecciones.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.