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Acuerdo para fomentar estudio de la Constitución en las escuelas
SANTO DOMINGO.- El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y el Tribunal Constitucional (T.C.) firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de desarrollar proyectos formativos para fomentar el estudio de la Constitución.
El magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, y el presidente del CODESSD, Samuel Sena, rubricaron el convenio en el que ambas instituciones expresan su compromiso de promover los valores de la carta magna y contribuir al fortalecimiento de la justicia constitucional.
El acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, establece que ambas instituciones unirán esfuerzos para desarrollar proyectos de docencia, investigación y extensión, intercambio de formación y capacitación, así como publicaciones de interés mutuo.
Tras firmar el documento, el magistrado Ray Guevara precisó que esta alta corte está para servir y que a todos los convenios que ha rubricado con diferentes entidades les da contenido, impartiendo conferencias, cursos y talleres sobre temas constitucionales.
“El tribunal cumple no solamente con firmar para agotar un episodio protocolar que sale en los medios de comunicación, no; es para hacer realidad el compromiso que tiene el tribunal en esa tarea, que es un verdadero apostolado. ¡Qué difícil resulta predicar aquí que, en la escuela pública, a la escuela inicial, básica y secundaria, se enseñe la Constitución a pesar del mandato del 63 numeral 13!”, expuso.
Ray Guevara destacó la importancia de que entidades como el CODESSD colaboren con el fomento al estudio de la carta magna, ya que —reiteró— educar en Constitución es educar en democracia. «Todos tenemos el deber de cooperar en el desarrollo de las potencialidades del pueblo dominicano», dijo.
De su lado, Sena indicó que con esta iniciativa ponen en marcha una serie de acciones tendentes a generar mayores niveles de conocimiento y educación de la Constitución, contribuyendo así al empoderamiento de los ciudadanos y al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.
En ese sentido, anunció la publicación del portal web conocenuestraconstitucion.org, el cual estará enriquecido con artículos de opinión de los principales abogados constitucionalistas del país y con contenidos del TC.
“Nuestro compromiso con la educación de nuestra nación en esta materia es serio; se hace cada día impostergable que podamos colaborar con el sector público y sus escuelas, el sector privado y sus colegios, en extender los conceptos, conocimientos y experiencias de profesionales para dotar a esa generación, que es el presente, y que será nuestro futuro, de bases firmes en derechos fundamentales”, manifestó el presidente del CODESSD.
El acuerdo establece que el TC, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, colaborará con los programas de investigación y con los cursos, conferencias, diplomados y talleres en materia constitucional y áreas afines que el CODESSD le solicite para ser impartidos a sus miembros.
De su lado, el CODESSD facilitará, con los medios que tiene a su favor, la creación de programas formativos, así como también campañas de edificación a la ciudadanía con relación a la materia constitucional. Además, pondrá a disposición sus instalaciones para la realización de actividades académicas.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.