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Sólo el 8 % de los casos que llegan al Distrito Nacional van a juicio, según fiscal.
Santo Domingo.- Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, informó que sólo el 8% de los casos de conflicto que llegan a esa demarcación van a juicio y que alrededor del 85 por ciento se resuelve a través del diálogo.
La magistrada Ramos quien lleva 5 años como fiscal titular del Distrito Nacional afirmó que su mayor legado ha sido acercar la fiscalía a la gente.
¨Me manejo en perfil bajo y a puertas abiertas, mi oficina está a la disposición de todos los ciudadanos, sin importar clase social. Hemos querido implementar una justicia más humana, más cerca de la gente, más entendible. A través del dialogo hemos evitado muchos conflictos”, dijo.
Con una deficiencia de 30 fiscales, los 120 que actualmente laboran en la Fiscalía del Distrito Nacional, han redoblado esfuerzos para que los casos no se caigan. Cumplen con los plazos establecidos. “Lo ideal es que contemos con unos 150 fiscales como era anteriormente. Esto nos permitiría ser más eficientes, nos toca conciliar, prevenir e investigar, parte fundamental para fortalecer los casos”.
La magistrada Rosalba Ramos aseguró que la fiscalía del Distrito está en su mejor momento. “En los últimos cinco años esa institución ha sido reconocida como la jurisdicción que más allanamientos realiza. Atrapamos al más buscado, tenemos primer lugar en operatividad, primer lugar obteniendo armas blancas. Segundo lugar en armas de fuego, primer y tercer lugar de casos resueltos. Y recientemente fuimos reconocidos por el presidente de la República por los estándares de calidad con los que trabajamos”.
“En estos cinco años he trabajado con bajo perfil mediático, creo que es la mejor manera de llevar un caso. No me gusta referirme a ningún caso hasta que no esté ya finalizada la investigación. Y es que la presunción de inocencia siempre está a favor del imputado, aunque se presente acusación, solo una sentencia determina culpabilidad¨.
La fiscal del Distrito Nacional dice sentirse satisfecha de lograr sentencias ejemplarizadoras en los casos del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera. También en el de Andrea Celea y Yocairi Amarante entre otros.
Rosalba Ramos lleva 17 años en el Ministerio Público 5 de ellos al frente de la fiscalia del Distrito Nacional, período en el cual se convirtió en madre en dos ocasiones, ambas prematuras, debido al estrés que conlleva su cargo. Asegura se siente satisfecha de demostrar a que si se puede realizar una labor en beneficio de los ciudadanos de manera correcta, a pesar de las dificultades.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.