En un discurso que ofreció hoy en San Diego (California), en donde efectuó una visita a la frontera con México junto al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, el funcionario aludió al envío de cartas a nueve jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades de Inmigración.

El Departamento de Justicia dio hoy un ultimátum a las llamadas “ciudades santuario”, en concreto a nueve jurisdicciones del país a las que exigió pruebas de que están dando información al Gobierno federal sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio.

De acuerdo a las cartas enviadas por el Departamento de Justicia, y tal como lo corroboró el propio fiscal general en su discurso frente al muro que divide San Diego (California) y Tijuana (México), si las jurisdicciones no entregan la “documentación” correspondiente antes del 30 de junio dejarán de recibir fondos federales.

El ultimátum afecta a todo el estado de California y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans; además de los condados de Miami-Dade (Florida), Clark (donde se encuentra Las Vegas, en Nevada), Cook (Illinois); y Milwaukee (Wisconsin).

El envió de estas cartas coincidió con la visita de Sessions a esta ciudad de California, cuya legislatura estatal debate una iniciativa que convierte a todo el estado en “santuario” y, por ende, prohibiría a sus agencias policiales que colaboren con las autoridades federales para deportar a inmigrantes indocumentados.

Las ciudades y condados “santuario” defienden que una de las razones por las que se declaran de esta manera es para mantener la confianza de las comunidades inmigrantes con las fuerzas del orden, ante lo que el fiscal general afirmó que ello es “más una excusa que una razón”.

Por su parte, Kelly afirmó que le es “inconcebible” que funcionarios electos de cualquier nivel prefieran “liberar a criminales indocumentados” en lugar de entregarlos a las agencias federales para su deportación.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que lo ideal para el Gobierno estadounidense es tomar a estos acusados de delitos criminales en las cárceles.

“Si no hacen eso entonces tenemos que ir a los vecindarios, cortes, donde sea que los podamos encontrar y arrestarlos, así que necesitamos más cooperación”, enfatizó Kelly.

Consideró que las dependencias policiacas locales sí están interesadas en colaborar con la autoridades federales migratorias, y negó que dicho trabajo conjunto disminuyan las denuncias que puedan hacer los indocumentados por temor a ser deportados, ya que la línea telefónica de emergencia 911 les permite denunciar crímenes de manera anónima.

El presidente interino del senado californiano, Kevin de León, quien además es autor del proyecto de ley para convertir a California en estado santuario, acusó hoy a la administración del presidente Trump de basarse en principios de “supremacía blanca” para emitir el ultimátum.

Sessions rechazó tajantemente dicha aseveración, a la que calificó de “declaración extremista”, y dijo que la dependencia que lidera está comprometida con la “aplicación justa de la ley”.

Aseguró además que Estados Unidos no es un país que rechace la inmigración, como lo prueba que cada año se acepta 1,1 millón de peticiones de residencia legal.

“Las amenazas de hoy no son más que un discurso de odio destinado a alimentar el temor y la división”, señaló Yvonne Walker, de la filial californiana del sindicato Unión Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU, en inglés), sobre las cartas del Departamento de Justicia.

Previa a la llegada de Sessions y Kelly a la zona fronteriza, en una visita que tenía por finalidad evaluar las operaciones de seguridad, más de un centenar de personas realizaron una protesta a unos metros del cruce peatonal entre Tijuana (México) y San Ysidro (EE.UU.), en la que condenaron que se retrate esta área como “zona de guerra”.

“Seamos claros de quienes son los verdaderos agresores, seamos claros de quienes están empujando una retórica bélica en un tiempo de paz, en un lugar de paz”, comentó Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas. EFEUSA

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