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Niegan rumores de trámites para liberar a condenado crimen de Emely
Duarte, R.D.-Smarlin Rodríguez, fiscal titular de la provincia Duarte, aclaró que el Ministerio Público no ha recibido ninguna solicitud relacionada con la posible liberación de Marlon Martínez, condenado por el asesinato de la adolescente Emely Peguero, ocurrido en agosto de 2017.
Rodríguez desmintió cualquier rumor y reafirmó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún trámite legal en ese sentido.
“Hasta el momento, desde el Ministerio Publicó no ha sido presentada ninguna solicitud ante el área pertinente, que en este caso sería ejecución de la pena», afirmó la magistrada.
Además, explicó que según la ley, para que un recluso pueda optar por libertad anticipada, debe haber cumplido al menos la mitad de su condena. Sin embargo, señaló que esta condición no se cumple en el caso de Martínez, sentenciado a 30 años de prisión.
La condena de Marlon Martínez fue dictada en noviembre de 2018, por lo que contando desde esa fecha hasta ahora solo lleva seis años cumplidos de su pena.
“Hacemos de conocimiento que, en cuanto a la parte procedimental, no ha existido ninguna posibilidad de que se realice, así como en el petitorio no se ha realizado ante el juez de ejecución de la pena en conocimiento del Ministerio Público algún tipo de solicitud por parte de este ciudadano sobre variación de la condición en la que se encuentra”, informó la fiscal.
En el emotivo mensaje, Polanco pidió al presidente y a la primera dama que intervengan para evitar que el caso de su hija quede impune.
«Sé que están preparando la liberación de Marlon Martínez por buena conducta. Por favor, apiádese de mí, señor presidente, para que mi dolor y el de mi hija no quede impune», expresó, recordando que el 23 de agosto se cumplieron siete años desde el asesinato de su hija.
Muerte de Emely Peguero
El asesinato de Emely Peguero sucedió cuando esta tenía 16 años y se encontraba con cinco meses de embarazo. Su deceso supuestamente fue provocado por un aborto mal practicado, sumado a varios golpes que desembocaron al trágico desenlace.
Aunque el Ministerio Público responsabilizó a su novio, Marlon Martínez, de haber provocado su muerte al forzar el aborto mal practicado, las circunstancias exactas aún no están del todo claras.
Marlon es hijo de Marlín Martínez, una figura política local que fue candidata a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ocupaba el cargo de Subdirectora de la Dirección General de Pasaportes hasta que se dio a conocer la muerte de Emely.
Marlín fue juzgada junto a su hijo por sustracción de menores y ocultamiento del cadáver, recibiendo una condena de dos años de prisión, una sentencia que generó rechazo en la sociedad, que esperaba una pena mucho más severa. Tras su liberación en 2019, Marlín emigró a los Estados Unidos.
Por su parte, Marlon Martínez fue condenado a 30 años de cárcel, la pena máxima, por el asesinato y tortura de Emely Peguero.
El caso atrajo la atención mediática desde su inicio, cuando los medios locales de San Francisco de Macorís reportaron la desaparición de Emely.
Su madre, Adalgisa Polanco, subió un video a las redes sociales denunciando la desaparición de su hija, lo que avivó el interés público.
Emely fue reportada como desaparecida el 23 de agosto de 2017, y permaneció así durante 14 días antes de que su trágico destino fuera finalmente revelado.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.