Latinoamericanas
Fiscal que desafía a Maduro está a las puertas de su destitución
Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de romper el “orden constitucional” a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento.
AFP
CARACAS. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima corte de justicia y estaba a las puertas de su destitución.
“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada”, anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.
En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- celebró una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de cinco días para determinar si cometió “faltas graves” para su remoción.
“No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo”, sentenció Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo “verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional”.
Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de “mentir” al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.
“Ella le vendió el alma al diablo (…) tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata”, dijo Carreño, acuerpado en la sesión por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor Manuel Galindo, ambos chavistas.
Carreño pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega y la semana pasada logró que el máximo tribunal le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.
Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de romper el “orden constitucional” a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.
Controvertida sustituta
Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos que la acusa de violar los derechos humanos, y quien sustituiría a Ortega si es destituida.
“Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia”, aseguró Ortega.
La arremetida del gobierno en su contra caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas que deja 90 muertos.
“Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular”, aseguró la fiscal.
La oposición, que este martes realiza bloqueos en las calles que nuevamente derivaron en disturbios, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de “usurpadora” a la vicefiscal.
“En cualquier país donde existiese siquiera un atisbo de justicia, en vez de (ser) vicefiscal estaría presa por hampona”, aseguró el diputado opositor Henry Ramos Allup.
Una destitución de Ortega “radicalizará la crisis” y hará más evidente “el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder”, dijo a AFP el jurista José Ignacio Hernández.
Solo el Parlamento tiene facultad para removerla, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
“Lo hice y lo seguiré haciendo”
La fiscal fue acusada ante el TSJ tras expresar su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
“Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución”, retó Ortega.
Aludiendo a la fiscal, aunque sin nombrarla, Maduro advirtió este lunes que el domingo inicia la campaña por la Constituyente “así salgan mil traidores”. Y de su lado, la oposición llamó a un plebiscito simbólico para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.
Para Ortega, la Constituyente -que según los oficialistas será un “suprapoder” con facultad de anular el Parlamento y destituir a la fiscal- violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
La fiscal consideró el antejuicio como un “golpe de Estado más grotesco” que el del empresario Pedro Carmona, quien anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Chávez en 2002.
Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle al gobierno “la legitimidad que da Chávez”. “Por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le ‘orteguice’ (fracture más) lo que le queda del régimen”, dijo Salamanca a la AFP.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.