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Ex diputado preso en EE.UU. por drogas será favorecido con reducción de pena.
Santo Domingo, R.D.-Ex diputado de República Dominicana preso en EE.UU. por narcotráfico fue favorecido por una decisión de la fiscalía del Distrito Sur de la Florida de una reducción de cinco años y cinco meses de un caso que implica cadena perpetúa.
Miguel Gutiérrez Díaz se declaró culpable de haber introducido toneladas de drogas a los Estados Unidos.
Fiscales federales de Estados Unidos acordaron una reducción en la condena que se impondría contra el ex diputado dominicano, Miguel Gutiérrez Díaz, luego de declararse culpable de distribución de cocaína en territorio estadounidense y pactar un acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
«El gobierno no se opone a la moción del acusado y acepta que, bajo los hechos y circunstancias particulares de este caso, y teniendo en cuenta la declaración de política establecida en el U.S.S.G. § 1B1.10 y los factores de sentencia establecidos en 18 U.S.C. § 3553(a), el acusado tiene derecho a una reducción de sentencia«, indica el comunicado con fecha del 2 de febrero de 2024.
A finales de diciembre, Gutiérrez Díaz aceptó su culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero entre 2014 y 2020 en República Dominicana.
También se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimiento que sería enviada y distribuida en Estados Unidos.
En el pasado documento, se indica que los cargos por los que se le imputaban tenían desde pena máxima, cadena perpetua, y como sentencia mínima 10 años de prisión, seguida de una pena de libertad vigilada de al menos 5 años. Así como una multa de hasta 10 millones de dólares.
Mientras que por el cargo de lavado de activos, la condena era de hasta hasta 20 años de prisión, junto con libertad vigilada de hasta tres años y una multa de 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes objeto de la transacción, si éste fuera mayor al monto estipulado.
Uno de los puntos que acordaron ambas partes, Gutiérrez y la fiscalía, era recomendar al tribunal que el imputado fuera descrito como “gerente o supervisor” y no como el líder de la red de distribución de cocaína.
También la fiscalía indicó que iba a recomendar una sentencia más “leve”, consistente en 192 meses en prisión (alrededor de 16 años).
Pero no fue hasta septiembre de 2023, dos años y cuatro meses después de su detención, que renunció a su posición de diputado.
La detención se produjo a través de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en coordinación con La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.