Nacionales
Por error del Procurador Fiscales del caso de Anibel González podrían no ser sancionados.
Podrian quedar en el limbo las posibles sanciones a los suspendidos fiscales Pedro Núñez Jiménez, titular de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, y Margarita Hernández Morales, titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, en virtud a la actuación “poco prudente” que ha tenido el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El criterio es sostenido por el abogado penalistaLa, Cándido Simón, quien alega que, como el máximo representante del Ministerio Público, su pronunciamiento sobre los referidos fiscales puede ser objeto de una inhabilitación, bajo el alegato que ya fijó posición sobre el proceso disciplinario.
Los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, suspendidos temporalmente, son investigados luego que firmaran un acuerdo parcial con un condenado por intento de homicidio contra su expareja, Anibel González. El pacto le redujo a 18 meses la prisión a Yasmil Oscar Fernández, quien había sido condenado a cinco años de cárcel por la agresión contra su excompañera, a quien cuando salió, asesinó de varios disparos hace una semana.
Simón se refiere a lo que dijo el procurador el domingo primero de este mes, cuando anunció que el Ministerio Público había ordenado una investigación del caso.
“Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aun haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, el mismo violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”, refirió Rodríguez en la ocasión, reseña el periódico digital Acento.com.
El abogado dijo que las posibles sanciones contra los fiscales deben ser aplicadas por el Consejo Superior y que éste no puede reunirse sin su titular, que es el procurador general de la República y quien prácticamente se inhabilitó él mismo.
“Ahora, cuando el procurador general de la República, que preside el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que establece, en definitiva, la sanción disciplinaria, porque primero hay una especie de sub-consejo que decide y eso es apelable ante el Consejo del Ministerio Público y al Consejo Superior lo preside el procurador general de la República y dice el reglamento que si él no participa no puede seccionar, en consecuencia, al haber emitido unos juicios de valor respecto a la responsabilidad disciplinaria de ellos, el procurador se inhabilita, porque ya emitió su veredicto, lo hizo públicamente al hacer su comentario, en consecuencia, ellos podrían, incluso, recusarlo”, detalló.
No obstante, el abogado piensa que el destino final que podría tener ese caso sería el Tribunal Constitucional, ante la cuestión de que ante la única persona que se puede recusar al procurador general es el presidente de la República, Danilo Medina.
“Lo que yo diría sobre esto es que el procurador no fue prudente al emitir juicios de valor mientras daba la declaración de lo que dispuso el Consejo al suspender provisionalmente a los fiscales, porque al él emitir juicios de valor ya se inhabilita para presidir el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el que en definitiva va a establecer si son responsables o no y resulta que él preside el Consejo y quedaría inhabilitado y el Consejo no puede sesionar sin el procurador general de la República, con lo que se crea un limbo que pondría a esos fiscales a que no haya quien los juzgue y resulta que si habiendo emitido esos juicios de valor, si los fiscales lo recusan y él de todas manera conoce del asunto, eso podría llegar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de ahí pasar al Constitucional por haber sido juzgado violando el debido proceso disciplinario, porque en jurisdicción disciplinaria también existe el debido proceso”, acotó.
Simón agregó: “La Constitución de la República dice que las garantías y los derechos fundamentales permean a todas las jurisdicciones, a todas las áreas, todas las jurisdicciones judiciales y administrativas y esta es una jurisdicción administrativa, por lo que eso podría terminar en el Tribunal Constitucional, el juicio disciplinario a los fiscales”.
Nacionales
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.
La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.
El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.
Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.
El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.
Detalles del incidente
El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.
El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.
Según Féliz, Cohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.
- «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.
Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.
Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.
El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.
De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.
El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.
El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.
En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.