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Por error del Procurador Fiscales del caso de Anibel González podrían no ser sancionados.
Podrian quedar en el limbo las posibles sanciones a los suspendidos fiscales Pedro Núñez Jiménez, titular de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, y Margarita Hernández Morales, titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, en virtud a la actuación “poco prudente” que ha tenido el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El criterio es sostenido por el abogado penalistaLa, Cándido Simón, quien alega que, como el máximo representante del Ministerio Público, su pronunciamiento sobre los referidos fiscales puede ser objeto de una inhabilitación, bajo el alegato que ya fijó posición sobre el proceso disciplinario.
Los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, suspendidos temporalmente, son investigados luego que firmaran un acuerdo parcial con un condenado por intento de homicidio contra su expareja, Anibel González. El pacto le redujo a 18 meses la prisión a Yasmil Oscar Fernández, quien había sido condenado a cinco años de cárcel por la agresión contra su excompañera, a quien cuando salió, asesinó de varios disparos hace una semana.
Simón se refiere a lo que dijo el procurador el domingo primero de este mes, cuando anunció que el Ministerio Público había ordenado una investigación del caso.
“Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aun haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, el mismo violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”, refirió Rodríguez en la ocasión, reseña el periódico digital Acento.com.
El abogado dijo que las posibles sanciones contra los fiscales deben ser aplicadas por el Consejo Superior y que éste no puede reunirse sin su titular, que es el procurador general de la República y quien prácticamente se inhabilitó él mismo.
“Ahora, cuando el procurador general de la República, que preside el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, que establece, en definitiva, la sanción disciplinaria, porque primero hay una especie de sub-consejo que decide y eso es apelable ante el Consejo del Ministerio Público y al Consejo Superior lo preside el procurador general de la República y dice el reglamento que si él no participa no puede seccionar, en consecuencia, al haber emitido unos juicios de valor respecto a la responsabilidad disciplinaria de ellos, el procurador se inhabilita, porque ya emitió su veredicto, lo hizo públicamente al hacer su comentario, en consecuencia, ellos podrían, incluso, recusarlo”, detalló.
No obstante, el abogado piensa que el destino final que podría tener ese caso sería el Tribunal Constitucional, ante la cuestión de que ante la única persona que se puede recusar al procurador general es el presidente de la República, Danilo Medina.
“Lo que yo diría sobre esto es que el procurador no fue prudente al emitir juicios de valor mientras daba la declaración de lo que dispuso el Consejo al suspender provisionalmente a los fiscales, porque al él emitir juicios de valor ya se inhabilita para presidir el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el que en definitiva va a establecer si son responsables o no y resulta que él preside el Consejo y quedaría inhabilitado y el Consejo no puede sesionar sin el procurador general de la República, con lo que se crea un limbo que pondría a esos fiscales a que no haya quien los juzgue y resulta que si habiendo emitido esos juicios de valor, si los fiscales lo recusan y él de todas manera conoce del asunto, eso podría llegar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de ahí pasar al Constitucional por haber sido juzgado violando el debido proceso disciplinario, porque en jurisdicción disciplinaria también existe el debido proceso”, acotó.
Simón agregó: “La Constitución de la República dice que las garantías y los derechos fundamentales permean a todas las jurisdicciones, a todas las áreas, todas las jurisdicciones judiciales y administrativas y esta es una jurisdicción administrativa, por lo que eso podría terminar en el Tribunal Constitucional, el juicio disciplinario a los fiscales”.
Santo Domingo, R.D.-Uno de los detenidos durante la operación Búfalo NK, identificado como Rafael Ynoa Santana, mejor conocido como “El Cojo” o “El Don”, quien es señalado como uno de los cabecillas de una poderosa red de narcotráfico internacional que tenía nexos con el narcotraficante colombiano Juan Carlos López Macías, alias “Sobrino”.
“En el trascurso de la investigación, se comprobó que el imputado Ynoa Santana tenía vínculos con el colombiano Juan Carlos López Macias, Sobrino”, de acuerdo con los fiscales.
La Policía colombiana logró recapturar a López Macías en julio de 2022.
El diario colombiano El Tiempo reseñó que este hombre lideraba una red de narcotráfico que sacaba de ese país al menos tres toneladas de cocaína en lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras desde La Guajira con destino a Puerto Rico y el país, y luego a Estados Unidos.
“Aunque fue recapturado en 2022, ya había pagado una pena en Estados Unidos por estos mismos hechos”, según El Tiempo, señalando que la Policía colombiana lo habría capturado por envíos de droga entre los años de 2009 y el 2011 junto a otras personas.
En Colombia se sabe, de acuerdo con El Tiempo, que además del narcotráfico, Sobrino habría incurrido en lavado de activos y para darle apariencia de legalidad al dinero compraba muebles, inmuebles, vehículos alta gama y “se hacían movimientos de dinero desde empresas fachada dedicadas a la plantación y venta de productos como el arroz”.
El imputado Ynoa Santana fue detenido este miércoles en una operación desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.
En la operación participó el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), organismos de inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
También fue detenido uno de sus de sus socios, Isidoro Rotestan Clase, “El Men”.
Las autoridades indicaron que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal dedicada además al sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Tras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, definir a la República Dominicana como uno de los grandes lugares de tránsito y producción de drogas ilícitas, este miércoles fue desplegado en el pais la operación Búfalo NK, donde fueron capturados dos presuntos cabecillas del narcotráfico.
Durante la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y La Romana Samaná, las autoridades capturaron a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína en los últimos años.
En el mismo fueron apresados los presuntos cabecilla identificado como Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don) y a uno de sus socios, Isidoro Rotestan Clase (El Men), a quienes se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.
En la operación también hay más de 10 arrestados con sus órdenes para ser presentado a solicitud de medida de coerción dentro del plazo de las 48 horas. Todavía las operaciones se encuentran activas, los equipos procesan las evidencias y los bienes ocupados.
De acuerdo con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, la red habría movilizados otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Sostuvo que más 400 efectivos, unidades marítimas, aéreas y terrestres, coordinados por 47 fiscales ejecutaron 37 órdenes de allanamientos, de manera simultánea, para capturar a los integrantes de la poderosa red de narcotráfico internacional.
Explicó que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.
Indicó que en el operativo participaron el ministerio público con el apoyo del Ministerio de Defensa (a través de sus tres fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea), Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
Señaló que desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal y que en el trascurso de la investigación, se comprobó que Ynoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macias “El Sobrino”, quien era cabecilla de una organización de narcotráfico internacional, vinculado a organizaciones criminales colombianos y mexicanos.
Agregó que alias el Sobrino fue apresado el 27 de junio de 2022, durante la realización de la Operación “Troya”, en acción simultánea en varias ciudades de Colombia, la cual configuró un importante resultado operacional que aporta al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en la región.
«Tras un amplio proceso de cooperación en materia jurídica internacional, esta es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país, en este caso la República de Colombia a requerimiento de la República Dominicana, para fortalecer la investigación y la judicialización de una organización internacional de narcotráfico en la República Dominicana», señaló Devers.
Santo Domingo, R.D.-Jugaron un rol importante en el atraco perpetrado en contra del Banco Popular Dominicano las cinco personas involucradas en el hecho, según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias.
Durante los diferentes allanamientos la Policía Nacional ultimó a Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, alias «Beberra».
La aseveración del órgano acusador en que “cada participante jugó un rol” importante en el atraco, es para destacar el papel que desempeñó Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien a pesar de no participar directamente en el asalto al banco fue la persona que alquiló el vehículo donde se cometió el crimen.
Varios días después y al tener pruebas que lo vinculaban con el caso, las autoridades procedieron a su detención. Contra él se dictó una garantía económica de RD$500,000, como medida de coerción.
Este joven fue el responsable de contactar a Manuel Antonio Matos, dueño del dealer donde se alquiló el vehículo, tipo jeep, marca Kía, Modelo Sorento negra. El alquiler del mismo se realizó el 31 de mayo 2024, bajo el alegato de que era para otra para uno de sus clientes y lo necesitaba por cinco días.
Este joven hermano de dos de los implicados y primo de otro, fue un día antes del asalto al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100 para pagar por el alquiler del vehículo.
Luego que las autoridades apresaran a los implicados en la sustracción del dinero, de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel Estrella Arias, se puso en contacto con el dueño del vehículo para pedirle que pusieran a su hermano ultimado por las autoridades como la persona que alquiló la jeepeta.
“El acusado le dice que le consiga el formulario (Contrato de Renta de Vehículo) para poner a su hermano como la persona que alquiló, añadiendo: Los muertos no hablan, a lo que Manuel Antonio Matos Reyes le indicó que no podía hacer eso”, las autoridades indican que tienen estas pruebas debido a que el duelo del automóvil entregó su celular con las conversaciones.
¿Qué pasó con el dinero?
Hasta el momento las autoridades no han podido recuperar la suma de RD$ 1,520,745.16; US$ 2,718.00 y 50 euros sustraídos en el asalto realizado el pasado 3 de junio en la entidad bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palmer, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.
De acuerdo a la acusación Johan Eduardo Belliard Aybar, ultimado en su residencia cuatro días después del asalto, fue la persona que “portaba una mochila que contenía en su interior el dinero sustraído al banco”.
Con la acusación, la fiscalía del Distrito Nacional está solicitando la apertura a juicio contra los tres implicados de este caso.