Santo Domingo, R.D.-El encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Miguel Cancú Ramírez,  encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) fue contrainterrogado por los abogados de los acusados y reiteró cómo se sustraía el dinero del órgano del Estado.

Según el testigo, el dinero era desviado de la nómina de las autorizaciones de combustibles, alimentación e inteligencia.

«Ellos lo que hacían era que presupuestaban dinero de más y el excedente ellos lo tomaban y lo repartían en efectivo», dijo el abogado del Estado, José Alberto Ortiz Beltrán, al tomar la palabra al testigo.

«Él dijo que él entró al Cestur en el 2005 y que desde el 2009 existían esas irregulares, por lo que no fue en la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou que sucedieron estos actos de corrupción«, planteó el jurista litigante.

El testigo llegó a cuestionar que en el caso solo fue investigada la gestión del Gobierno de Danilo Medina y no los años anteriores a su gobierno.

El testigo Miguel Cancú Ramírez fue contrainterrogado por Félix Portes, Ingrid Hidalgo, Manuela Orozco, entre otros abogados.

Las declaraciones del testigo se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Cancú Ramírez explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo, sucursal bancaria que también era manipulada.

Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos.

Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.

El coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.

Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.

Cancú detalló, además que, que como director financiero de Politur (Cestur) recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.

Próxima audiencia

El juicio continuará el próximo jueves 16 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público presento el expediente de medidas de coerción de la Operación Panthera 7 revela los detalles de un plan con el que se pretendía traficar 9.8 kilos de drogas desde el Puerto Multimodal Caucedo DP-WORLD hacia mercados internacionales.

De acuerdo con el expediente con el que se busca la prisión preventiva para los acusados, el transporte de los 9.8 kilos de drogas al puerto se realizó utilizando camiones con compartimentos ocultos. Los paquetes de droga, sellados herméticamente, fueron camuflados entre productos agrícolas, como plátanos y guineos, para hacerlos indetectables en caso de inspecciones durante el trayecto.

El Ministerio Público destaca que, en el transcurso de la investigación, recolectaron pruebas que demuestran que los 9,587 paquetes, con un peso total de 9,889 kilogramos de cocaína, fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima.

El documento señala que el traslado de la droga siguió rutas previamente estudiadas para evitar retenes policiales y reducir los riesgos. En algunos casos, la red supuestamente utilizó vehículos de distracción que realizaban maniobras sospechosas o generaban incidentes menores para desviar la atención de las autoridades.

El vehículo en el que se transportaban los kilos de droga pasó por el control de acceso P-1 del puerto Multimodal Caucedo, donde fue declarado como un retorno vacío. Sin embargo, en su interior transportaba las más de 9.8 toneladas de cocaína.

Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader dijo que la elección del nuevo procurador general de la República depende del reglamento de aplicación para finalmente completar la promulgada Ley 1-25 sobre el Consejo Nacional de la Magistratura.

«Toda ley necesita un reglamento y, casualmente hoy, en una reunión a las 7:30 entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a discutir el reglamento para poder presentarlo formalmente y eso tiene unos tiempos. Inmediatamente el reglamento esté aprobado, pues convocaremos el Consejo Nacional de la Magistratura, primero, para elegir al procurador o la procuradora y después para elegir también los jueces que están pendientes de la Suprema Corte de Justicia«, expresó Abinader durante LA Semanal con la Prensa tras ser cuestionado sobre el particular.

Fue el miércoles 8 de enero, que Abinader promulgó la modificación de la ley 138-11 tras ser aprobada por el Congreso Nacional.

La reformada Constitución señala que el procurador general de la República no será más un funcionario de designación unilateral del presidente de la República, sino que éste debe proponer a una persona que cumpla con determinados requisitos constitucionales al Consejo Nacional de la Magistratura para su aprobación.

Dicho órgano, en el que conviven los demás poderes públicos y en el que coexisten las distintas ideas políticas de la nación, puede aprobar o desaprobar su propuesta, así como de siete procuradores adjuntos.

Del mismo modo, la promulgada Ley 1-25 recoge la introducción del presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y la salida del procurador general de la República, figura que se había introducido en la reforma constitucional de 2010.

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene este año el cometido de escoger a las máximas autoridades del Ministerio Público, así como las demás funciones pautadas, como son la evaluación de algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y llenar vacantes disponibles en dicho órgano.

Del mismo modo, a partir de julio de este año, debe también conocer de la evaluación y designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral.