Eric T. Schneiderman adjunto a otros 15 fiscales generales sometieron una instancia en el caso City of Chicago versus Sessions, apoyando el desafío a las condiciones de la administración sobre las subvenciones bajo la denominada Ley Byrne-JAG

Nueva York, Estados Unidos. – El Fiscal General de esta Ciudad, Eric T. Schneiderman, quien se ha convertido en un defensor de los derechos de los hispanos e inmigrantes en Estados Unidos, salió al frente a la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezando “una coalición de 15 Fiscales Generales en una acción legal Amicus para proteger a ciudades y Departamentos policiales de recortes de fondos federales para las denominadas Ciudades Santuarios.”

“Estos Fiscales sometieron instancia en el caso City of Chicago v. Sessions, apoyando el desafío a las condiciones de la administración sobre las subvenciones bajo la Ley Byrne-JAG.” Esta ley otorga fondos para iniciativas vitales de seguridad pública, incluyendo esfuerzos para reducir la violencia con armas de fuego y combatir la epidemia de opioides.

Conforme indica la Fiscalía de Nueva York, “en el año fiscal 2016, NY y sus localidades recibieron US$15 millones en fondos a través del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne-JAG).”

Según indica la Fiscalía General “la administración de Trump ha amenazado a la Ciudad de Nueva York por presuntamente violar las condiciones de las subvenciones relacionadas con la inmigración, poniendo en riesgo los fondos de la Ciudad, a pesar de que la subvención lleva el nombre del oficial del NYPD Edward Byrne, quien murió mientras cumplía con su deber mientras protegía Comunidades de la ciudad de Nueva York.”

Agregan que “Trump intenta castigar las llamadas jurisdicciones Santuario, al poner condiciones relacionadas con la inmigración a las subvenciones para el cumplimiento de la ley.” Los Fiscales Generales argumentan que estas condiciones interfieren con el derecho de los estados y las localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley y que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.

“La ley es clara: La administración de Trump no puede despojar a una ciudad o departamento de policía de estos fondos críticos, simplemente porque no les gustan sus políticas”, enfatiza el Fiscal General Schneiderman.

“El presidente Trump y el Departamento de Justicia no tienen la autoridad para transformar unilateralmente a la policía estatal y local en agentes federales de inmigración, ni para obligar a una ciudad o estado a decidir entre subvenciones vitales y las políticas que saben que son necesarias para proteger la seguridad pública. Los Fiscales Generales continuaremos actuando para proteger nuestra seguridad pública y cada comunidad que representamos”, sostiene de manera firme el Fiscal General de Nueva York.

Caso de City of Chicago v Sessions

En el caso City of Chicago v. Sessions, Chicago desafió la imposición del DOJ de nuevas condiciones relacionadas con la inmigración en las subvenciones emitidas en virtud del programa Byrne-JAG.

El otoño pasado, un tribunal de distrito ingresó un requerimiento preliminar a nivel nacional contra la ejecución por parte del DOJ de dos de las nuevas condiciones relacionadas con la inmigración, sosteniendo que el DOJ carecía de autoridad para imponerlas. El caso se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.”

El documento jurídico conocido como Amicus Curiae (Amigo de la Corte) fue presentado en el Séptimo Circuito por los Fiscales Generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia, quienes se unieron en este aspecto.

“La ley federal permite a los estados y las localidades limitar su participación voluntaria en la aplicación de la política federal de inmigración, y muchos lo han hecho porque han llegado a la conclusión de que fomentar una relación de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública.”

“En julio de 2017, el Departamento de Justicia anunció que imponía nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los recipientes de los fondos de Byrne-JAG y amenazó con retener fondos de jurisdicciones que no cumplían con estas condiciones. Específicamente, DOJ buscó exigir a los estados y localidades que brinden al Departamento de Seguridad Nacional notificación anticipada de la fecha programada de salida de un inmigrante de una instalación correccional, y otorgar a los agentes federales acceso a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes.”

Como argumentan los Fiscales Generales, las nuevas condiciones violan la ley, el principio constitucional de separación de poderes y los principios de federalismo consagrados en el estatuto Byrne-JAG, que interfieren con las capacidades de los estados y las localidades para establecer sus propias políticas y sobrepasa la autoridad del DOJ para imponer las nuevas condiciones bajo el estatuto.

“El Procurador General de los Estados Unidos ahora reclama la autoridad para retener fondos de Byrne-JAG de los estados y localidades que han emitido juicios de política policial que la ley federal permite, pero con los cuales no está de acuerdo.”

“El estatuto de Byrne-JAG no autoriza la posición del Procurador General de los Estados Unidos, que también es contrario a los principios de federalismo que el Congreso consagró en el programa Byrne-JAG “, dice el Amicus.

Byrne-JAG es una iniciativa federal que otorga subsidios a estados y localidades de acuerdo con una fórmula legal obligatoria. El Congreso lo diseñó para brindarles a los Estados y localidades una fuente confiable de fondos para la aplicación de la ley, al tiempo que les brinda la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos de acuerdo con la política de aplicación de la ley estatal y local. Ello inclusive a apoyado a la policía comunitaria, en la reducción de las agresiones sexuales, maltrato a personas mayores, violencia con armas de fuego y reincidencia en la drogadicción.

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