Santo Domingo, RD.-Fue finalmente depositada por el Ministerio Público en la Oficina Coordinadora de los juzgados de la instrucción la acusación formal contra los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa en el Canódromo el pasado mes de abril.Más Noticias
Ministerio Público deposita acusación por agresión en el Canódromo.
Santo Domingo, RD.-Fue finalmente depositada por el Ministerio Público en la Oficina Coordinadora de los juzgados de la instrucción la acusación formal contra los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa en el Canódromo el pasado mes de abril.La instancia, presentada por las fiscales del Distrito Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, formaliza la solicitud de apertura a juicio contra Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
El Ministerio Público informó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) recuperó la data borrada al teléfono que le fue arrebatado a la periodista del Listín.
En el documento se indica que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
De igual modo, Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.
Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.
El daño físico también fue extendido hacia Pablo Ulloa, golpeándolo en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones físicas curables de uno a diez días, según un certificado médico legal.
Posteriormente, la coronel De los Santos Pérez, directora del Canódromo, acompañada de los acusados Recio Rosario y Borque Paulino, empujó e impidió el paso a las víctimas, mientras vociferaba palabras obscenas y manipulaba un palo de golf amenazando con golpear, intención que no logró por la intervención de un agente policial que se encontraba en el lugar, revela una nota de prensa de la Procuraduría General.
En el comunicado señalan que la conducta de los imputados Ysabelita de los Santos Pérez, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino fue calificada como rebelión, golpes y heridas, que constituyen una violación a los artículos 209, 212, 309 y 234 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 3, 4 y 27 de la Ley 19-01, del Defensor del Pueblo.
En tanto que la conducta de Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fue tipificada por las fiscales como golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. A De los Santos Peña además le imputan la violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.
“La normativa beneficiará a estas personas en el momento de su vida cuando más lo necesitan. Asegurará el acceso universal a una mejor protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez de la población en condición de retiro”, sostuvo el superintendente Miguel Ceara Hatton.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
El desaprensivo logró cargar con 4,000 pesos en efectivo, un celular y dos anillos de plata, de la residencia de la señora Martina; esto, luego de amordazarla y provocarle algunas lecciones en la mano derecha y trauma múltiples en el cráneo; según el diagnóstico del médico de servicio en el hospital donde fue llevada.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.