“Venezuela posee más de 7.000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros”, dijo el fiscal general Tarek William Saab resaltando que esa situación sería consecuencia de las sanciones estadounidenses promovidas por Guaidó, entre otros adversarios del gobierno de Maduro.

“Este 23 de marzo hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano que podían ser destinados entre otros fines para la atención de la pandemia del COVID-19”, indicó Saab en declaraciones difundidas por la televisión estatal. Este es el proceso 25 que la Fiscalía General, controlada por el gobierno, abre contra Guaidó.

Esos activos están retenidos como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos en procura de impedir que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y realizar operaciones con petróleo, oro u otros activos.

El principal responsable “de este secuestro que impide al gobierno venezolano hacer uso de estos recursos para atender necesidades de salud y alimentación… recae en quienes han construido la ficción criminal del gobierno interino””, acotó Saab.

Guaidó, entonces en funciones como presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino en 2019 y Estados Unidos y otros 60 países lo reconocieron como gobernante legítimo de Venezuela en lugar de Maduro, argumentando que la reelección del mandatario en 2018 había sido fraudulenta.

El anuncio del proceso penal se produjo un día después que la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó que el dirigente opositor estaría vinculado “a todos estos actos criminales de robo, extorsión, de secuestro de los recursos del pueblo venezolano para atender la pandemia por COVID-19” y solicitó al fiscal general que se investigue y “se determine la responsabilidad del señor Juan Guaidó y su grupo de criminales para impedir que el pueblo de Venezuela garantice la salud y la vida”.

Guaidó ha expresado su voluntad de facilitar la liberación de fondos que están en el exterior para que sean otorgados y administrados por organismos multilaterales internacionales para enfrentar el coronavirus. En ese sentido, la semana pasada, junto a sus aliados en el Legislativo que cesó funciones el 5 de enero, se aprobó un acuerdo para solicitar a la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) la liberación de una parte de los fondos retenidos por Washington con el propósito de financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX creado con el fin de facilitar un acceso equitativo a la inmunización.

Saab resaltó que a Guaidó, en las otras 24 causas, “se le investiga por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobiernos extranjeros, terrorismo”, entre otros presuntos delitos.

Guaidó encabezó una fallida sublevación militar en abril de 2019.

“La justicia actuará”, añadió el fiscal general.