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Confrontación entre fiscalizadores y el Consejo Superior del Ministerio Público por ascensos y promociones
Santo Domingo.-Los fiscalizadores sostienen que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, en «ninguno» de sus numerales «establece un concurso para la materialización de los ascensos de Fiscalizadores a Procurador Fiscal».
«En estos momentos el CSMP hace consultas a todos sus miembros a fin de organizar el concurso de fiscalizadores para 90 plazas de procuradores fiscales», dijeron en una nota de prensa.
Al respecto, esos miembros del Ministerio Público (MP) insisten que, si bien «es cierto que la Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 47,57 y 74 establece concursos para ascensos, sin embargo, con mucha claridad se expresan en esos artículos que esto sería en caso de que en el escalafón existan dos o más integrantes en condiciones de optar por la posición o cuando se trate de una posición directiva».
Agregaron que en el caso de los fiscalizadores estos no cuentan con un sistema de escalafón y que «por tanto la posibilidad funcional de un concurso para ascenso es nula».
Convocan encendidos de velasLa Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) convocó para las 7:00 de la noche un encendido de velas frente al edificio de la Procuraduría General de la República en apoyo a los fiscalizadores y de respecto a la carrera. «Recuerda que hoy van por los Fiscalizadores, mañana irán por ti», dice en un comunicado el presidente de ese gremio, Francisco Rodríguez.
El primer artículo de la Resolución 004-2023 se declara que «los ascensos o promociones verticales de los integrantes del Ministerio Público deben estar sustentados en la disponibilidad de plazas o vacantes previamente identificadas por el órgano competente conforme las necesidades institucionales, así como precedidos de concursos internos que garanticen la participación de los miembros de carrera en condiciones de igualdad y en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio».
El acto de reconsideración de la resolución de los fiscalizadores es el 142/2023, firmado por el alguacil Francisco Arias Pozo, notificado al CSMP el día 26 de abril del 2023.
A propósito, la resolución se emitió en respuesta al acto de alguacil No. 89-2023, de fecha 31 de marzo de 2023, a requerimiento de 81 procuradores fiscales de diferentes distritos judiciales del país que también se oponen a los concursos, argumentando que a la fecha no se ha cumplido con la ley orgánica del MP «respecto de los derechos, beneficios y prerrogativas que buscan fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad interna, la calidad de vida de sus miembros, su desarrollo social y económico».
Los procuradores fiscales alegan que después de los años que tiene en vigencia la Ley 133-11 no se ha «instaurado el escalafón que exige».
Afirman que no son tomados y considerados para ascensos aquellos miembros de carrera que cumplen con los requisitos fijados legalmente para ser ascendidos, «lo que les resulta injusto, desproporcional y discriminatorio, someterse a un escalafón para ser considerados para un ascenso».
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.