Nacionales
Ven involución de la democracia en el país con resultados de elecciones municipales.
Santo Domingo, R.D.-La abstención registrada en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo y los delitos electorales cometidos denotan una involución democrática en la República Dominicana en opinión de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).
Señaló, en una nota de prensa, que el delito electoral cometido se basó «fundamentalmente en la compra de cédulas».
Trajano Potentini, presidente de la entidad, lamentó que apenas casi 53 % del universo del padrón electoral, de más de ocho millones de electores, se motivara a votar, un poco más de 3 millones 700 mil votantes.
Deploró el uso de los recursos públicos y propuso una reforma que contemple limitaciones al presidente en reelección.
Potentini expresó que también es motivo de preocupación, la creciente cultura de la compra de cédula, de conciencia, y de voluntades, «cuya mayor y más perversa expresión, está en el ya normal transfuguismo».
«Vacíos legales ayudan al presidente»
La entidad de la sociedad civil deploró, además, lo que definió como falta de limitaciones, «consecuencia o los aparentes vacíos legales o ambigüedades existentes en las leyes» que, dice, aún no clarifican la imposibilidad de que un presidente de la República en relección, no tome licencia y se abstenga de realizar inauguraciones y entregar ayudas sociales, bonos navideños extendidos, contratos de publicidad, pensiones y otras prácticas y facilidades.
«Las cuales se traducen en desigualdad en la participación política, como ha venido evidenciándose por décadas, sin que medie la necesidad y proponemos aprobar una legislación clara sobre las referidas limitaciones», planteó en el documento.
Aboga por unificar elecciones
Para el abogado, lo ideal serían elecciones separadas, como antes de 2010 lo había previsto la Constitución, que establecía que se escogieran cada dos años alcaldes, diputados y senadores separados de las presidenciales, permitiéndole al liderazgo local y congresusal su pleno desarrollo, como relevo natural de la evolución política.Agregó que, no obstante, parecería que el mayor consenso podría girar en torno a la necesidad de unificar las elecciones municipales de febrero, con las congresuales y presidenciales de mayo.»Sin lugar a dudas, un desacierto de la Constitución de 2010, que se acrecienta aún más con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos en octubre del año pre-electoral, en febrero municipales, en mayo congresuales y presidenciales, con la agravante de una posible segunda vuelta para las presidenciales, esto sin considerar la falta de logística, para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales».Señaló que ante ese panorama urge y favorece «un entendimiento de los dominicanos, que le permita a la Junta Central Electoral, el disponer de los fondos consignados en el presupuesto para afrontar y sortear otros retos, reformando en el sentido que entienden las fuerzas sociales la constitución, para dar paso a procesos electorales menos traumáticos y costosos».
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.