Análisis Noticiosos
Francisco viene a disputar consenso social
Por Julio C. Gambina
La Iglesia es parte del poder mundial, y no solo del poder económico. La Iglesia disputa históricamente el consenso de la sociedad. Es una realidad a considerar en tiempos de crisis capitalista, considerada también una crisis de civilización, ya que esta civilización contemporánea está ordenada por el régimen del capital, o sea, por la explotación del hombre por el hombre, por la depredación de la Naturaleza.
Cuando el sistema mundial estaba desafiado por el avance de los pueblos y el socialismo (como forma que intentaba ser alternativa del orden mundial) se abrió camino la teología de la liberación, en abierta confrontación con el poder institucional de una Iglesia retrógrada. Así, la Iglesia de los pobres se msotraba desde el sur del mundo, más precisamente desde Nuestramérica. La Iglesia oficial no podía negar este rumbo que se abría paso entre los curas de base y habilitó un gran debate mundial en el seno de la Iglesia.
Los rumbos de la ofensiva popular tocaban la puerta de la Institución. La respuesta contemporánea de la Institución Iglesia fue acompañando la ofensiva capitalista para recuperar el poder del régimen del capital. Esa ofensiva se materializó en los 80´ contra el socialismo y los pueblos, abriendo el camino al poder reaccionario de los Ratzinger y los Bergoglio.
Hace 40 años que el neoliberlismo se ensayó en nuestros territorios con las dictaduras y el terrorismo de Estado, para luego extenderse por todo el orbe. La Iglesia en la Argentina, salvo honrosas y escasas excepciones acompañaron a la genocida dictadura en ese parto neoliberal, aunque ahora hablen contra la pobreza y la ética.
Un PAPA polaco llegó a la Iglesia para acompañar el principio del fin de la experiencia socialista, aunque se discuta el mismo caracter de aquella experiencia. El capitalismo mundial necesitaba del Este de Europa. Alemania así lo entendió. EEUU también. Sin el este de Europa, aún ya abandonado el proyecto socialista originario, el mundo dejó de ser bipolar y se constituyó el rumbo unipolar del capitalismo, transnacional y neoliberal.
El rumbo unipolar está siendo desafiado por el cambio político en Nuestramérica y el resurgir del socialismo, sea de la mano de la revolución cubana o por los procesos específicos que emergen en algunos países (Venezuela o Bolivia), incluso en variados movimientos políticos, sociales, intelectuales, culturales, en nuestra región.
Con la muerte de Chávez y millones movilizados para constituirse en sujetos por el cumplimiento del legado revolucionario y socialista de Hugo Chávez, la Iglesia lanza al ruedo el símbolo de un Jefe de la Iglesia nacido en el sur y compenetrado con el proyecto del norte.
El PAPA argentino, Francisco, viene a cumplir el proyecto del poder munidal para disputar el consenso de la sociedad, especialmente de los pueblos. No solo se trata de sustentar posiciones contrarias al matrimonio igualitario, o contra el aborto, ampliamente difundidas por el obispo Bergoglio, sino de gestar una conciencia de disciplinamiento hacia el orden contemporáneo, reaccionario, de dominación transnacional.
Nuestramérica es hoy laboratorio del cambio político. La Iglesia institución quiere intervenir en este proceso, y no para empujar esos cambios, sino para frenarlos. La disputa es por las conciencias. Es una batalla de ideas, por el cambio, o por el retroceso. Les preocupa el efecto Chávez en la región. Les preocupa la sucesión política en Venezuela y la capacidad de extender el rumbo socialista. Necesitan disputar el consenso.
Pero, por más intentos institucionales por acompañar la ofensiva del capital contra el trabajo, los trabajadores y los sectores populares, incluida la iglesia de los pobres, el movimiento religioso popular, persiste en la búsqueda por organizar la sociedad del vivir bien (Bolivia), el buen vivir (Ecuador), el socialismo cubano, o la lucha por la emancipación social de gran parte de la sociedad de abajo en Nuestramérica.
El PAPA Francisco viene por lo suyo. Los pueblos debemos continuar nuestra búsqueda y experimentación por una nueva sociedad, por otro mundo posible, ese que se construye en la continua lucha contra la explotación, por la emancipación social, contra el capitalismo y el imperialismo, por el socialismo.
Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.