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Llaman a J.CE retirar a la mayor brevedad posible proyecto para regular candidaturas independientes.
SANTO DOMINGO.-;El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) emplazó en rueda de prensa celebrada en el Salón de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a la Junta Central Electoral (JCE) a retirar a la mayor brevedad posible el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional para regular la referida figura jurídica, porque a su entender el órgano comicial con esa iniciativa deja muy mal parada la democracia dominicana.
Sostiene el FPCI que la JCE hace pedazos los logros que ha habido en el país en lo referente al derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos, cuya visión del órgano destinado por el Estado para manejar los asuntos electorales es realmente penoso y vergonzante.
El proyecto que busca regular las candidaturas independientes es una especie de negación del proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, máxime cuando quien preside la JCE es una persona que fue juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La propuesta de regulación de las candidaturas independientes de la JCE no sólo cae en una posición descabellada cuando plantea que los aspirantes en esta categoría deben dotarse de personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro, sino que además lo hace mediante una legislación que no contempla la figura de las asociaciones accidentales como lo dispone la sentencia del TC, ya que la misma sí aparece en la Ley 479-08 de instituciones con fines de lucro, las cuales, paradójicamente, no necesitan tener personalidad jurídica.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes entienden que es un verdadero tollo el proyecto de la Junta Central Electoral, ya que además plantea que los aspirantes de este tipo de modalidad tengan que presentar el 2 por ciento de las firmas registradas en el padrón electoral cuando los partidos políticos para su reconocimiento sólo necesitan el 2 por ciento de la última votación que se ha producido en el país, como precisamente lo consigna el artículo 15, numeral 6, de la Ley 33-18 del régimen electoral.
Otro atropello al principio de igualdad en el proyecto de la JCE es que los candidatos independientes sean excluidos del financiamiento público, como si los impuestos de los ciudadanos son sólo para beneficiar a una parte de la población en violación del principio de que la ley es igual para todos, sobre todo cuando no hay una causal que justifique semejante disparate.
En virtud de que el contenido del proyecto de regulación de las candidaturas independientes cae en la vulneración de la misma sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, el FPCI reitera su pedido de que el órgano comicial retire el proyecto del Congreso Nacional a la mayor brevedad posible, ya que sus pretensiones de regulación son una franca violación de una serie de derechos, valores y principios constitucionales.
El FPCI anunció, asimismo, el inicio de toda una campaña nacional para hacer ver a la población las bondades de la sentencia del Tribunal Constitucional para hacer más participativa la democracia dominicana, la cual está secuestrada por la llamada partidocracia.
Explicó la organización que la campaña consistirá en un ciclo de conferencias en todos y cada uno de los pueblos del país y del extranjero, principalmente en las plataformas que tienen la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras altas casas de estudios en el país y el extranjero.
También informó que hace gestiones para impartir conferencias en universidades como Columbia y Harvard de los Estados Unidos de América como una forma de incorporar al más alto nivel las comunidades de dominicanos en el exterior a la lucha para que en la República Dominicana prevalezca una democracia ajustada al nuevo constitucionalismo y no al capricho de los partidos políticos.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor Alberto Fiallo Billini, doctor José Dunker Laber, doctor Isaías Ramos, doctor José Cabral Salcedo, señor Edgar Paniagua Miguel, licenciada Elba García Hernández, licenciado Miguel Valoy, doctor Sixto Ureña, doctora Iliany berrido, doctor Jensi Cid, doctor Federico Peña, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el ingeniero Guillermo Caram, entre otros.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.