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Llaman a J.CE retirar a la mayor brevedad posible proyecto para regular candidaturas independientes.
SANTO DOMINGO.-;El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) emplazó en rueda de prensa celebrada en el Salón de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a la Junta Central Electoral (JCE) a retirar a la mayor brevedad posible el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional para regular la referida figura jurídica, porque a su entender el órgano comicial con esa iniciativa deja muy mal parada la democracia dominicana.
Sostiene el FPCI que la JCE hace pedazos los logros que ha habido en el país en lo referente al derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos, cuya visión del órgano destinado por el Estado para manejar los asuntos electorales es realmente penoso y vergonzante.
El proyecto que busca regular las candidaturas independientes es una especie de negación del proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, máxime cuando quien preside la JCE es una persona que fue juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La propuesta de regulación de las candidaturas independientes de la JCE no sólo cae en una posición descabellada cuando plantea que los aspirantes en esta categoría deben dotarse de personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro, sino que además lo hace mediante una legislación que no contempla la figura de las asociaciones accidentales como lo dispone la sentencia del TC, ya que la misma sí aparece en la Ley 479-08 de instituciones con fines de lucro, las cuales, paradójicamente, no necesitan tener personalidad jurídica.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes entienden que es un verdadero tollo el proyecto de la Junta Central Electoral, ya que además plantea que los aspirantes de este tipo de modalidad tengan que presentar el 2 por ciento de las firmas registradas en el padrón electoral cuando los partidos políticos para su reconocimiento sólo necesitan el 2 por ciento de la última votación que se ha producido en el país, como precisamente lo consigna el artículo 15, numeral 6, de la Ley 33-18 del régimen electoral.
Otro atropello al principio de igualdad en el proyecto de la JCE es que los candidatos independientes sean excluidos del financiamiento público, como si los impuestos de los ciudadanos son sólo para beneficiar a una parte de la población en violación del principio de que la ley es igual para todos, sobre todo cuando no hay una causal que justifique semejante disparate.
En virtud de que el contenido del proyecto de regulación de las candidaturas independientes cae en la vulneración de la misma sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, el FPCI reitera su pedido de que el órgano comicial retire el proyecto del Congreso Nacional a la mayor brevedad posible, ya que sus pretensiones de regulación son una franca violación de una serie de derechos, valores y principios constitucionales.
El FPCI anunció, asimismo, el inicio de toda una campaña nacional para hacer ver a la población las bondades de la sentencia del Tribunal Constitucional para hacer más participativa la democracia dominicana, la cual está secuestrada por la llamada partidocracia.
Explicó la organización que la campaña consistirá en un ciclo de conferencias en todos y cada uno de los pueblos del país y del extranjero, principalmente en las plataformas que tienen la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras altas casas de estudios en el país y el extranjero.
También informó que hace gestiones para impartir conferencias en universidades como Columbia y Harvard de los Estados Unidos de América como una forma de incorporar al más alto nivel las comunidades de dominicanos en el exterior a la lucha para que en la República Dominicana prevalezca una democracia ajustada al nuevo constitucionalismo y no al capricho de los partidos políticos.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor Alberto Fiallo Billini, doctor José Dunker Laber, doctor Isaías Ramos, doctor José Cabral Salcedo, señor Edgar Paniagua Miguel, licenciada Elba García Hernández, licenciado Miguel Valoy, doctor Sixto Ureña, doctora Iliany berrido, doctor Jensi Cid, doctor Federico Peña, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el ingeniero Guillermo Caram, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.