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Frontera dominico-haitiana permanece en calma, asegura comandante del Ejército
Santo Domingo, R.D.-El mayor general Jorbe Iván Camino Perez, comandante general del Ejército de la República Dominicana, afirmó este miércoles que la frontera del país se mantiene en absoluta calma y bajo estricto control, pese a los hechos violentos registrados recientemente en territorio haitiano.
El alto mando militar se refirió a los incidentes ocurridos del lado haitiano, entre ellos el asesinato de varias mujeres en la comunidad de Macacias, así como las acciones de bandas armadas, aclarando que no se han producido situaciones que alteren la seguridad del lado dominicano.
Camino Pérez explicó que el Ministerio de Defensa ya fijó su posición oficial sobre esos acontecimientos y señaló que una persona fue detenida en la provincia Elías Piña por su presunta vinculación con los hechos, los cuales están siendo investigados, ya que ocurrieron entre finales del año pasado y el presente mes en Haití.
«El Ejército mantiene una vigilancia permanente en toda la línea fronteriza. Cualquier persona que viole las leyes dominicanas es detenida y puesta a disposición de la justicia», subrayó el comandante general, al recordar que 27 ciudadanos dominicanos fueron sometidos al Ministerio Público el pasado mes por distintos ilícitos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un recorrido de supervisión realizado por el alto mando militar, que abarcó desde la frontera sur en Pedernales hasta la zona norte en Dajabón.
«Visitamos puestos, destacamentos y puntos estratégicos, y todo se encuentra en orden. El Ejército continúa firme en su línea de trabajo», aseguró.
En el recorrido por la frontera de Dajabón acompañaron al comandante general el general de brigada José Manuel Durán Infante, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería con asiento en Mao; el coronel Aldo Ramón Fernández, comandante del Décimo Batallón; así como el empresario Takeshi Mukai, asistente del despacho de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entre otras autoridades militares y civiles.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.