Análisis Noticiosos
Fuertes retos institucionales en las elecciones generales
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque la generalidad de las encuestas marcan una buena ventaja a la reelección del presidente Danilo Medina, hay algunas incertidumbres derivadas de la improvisación y la confusión que rodean la forma en que se hará el escrutinio, complicado porque después de 22 años, los dominicanos vuelven a una elección conjunta, esta vez de 4,106 cargos.
En juego estará si la ciudadanía mantiene el dominio absoluto de un solo partido sobre todos los poderes del Estado que tiende a manipular las instituciones y a reducir los espacios democráticos para un continuismo que ya han proyectado hasta el bicentenario de la República en el 2044.
Votarían 5 millones. Aunque el padrón integra 6 millones 765,245 electores, los concurrentes a las urnas serían alrededor de 5 millones. A partir de la abstención promedio de los cuatro comicios presidenciales del siglo, que es 27.37 por ciento, podría esperarse hoy una votación de 4 millones 913 mil. Los abstencionistas han venido en ascenso del 23.9 en el 2000, al 29.8 en 2012. Esta última proporción daría una votación de 4 millones 749 mil.
Sin embargo, como el crecimiento del padrón se redujo significativamente para este cuatrienio, tras la emisión de una nueva cédula de identidad que habría dejado fuera a cientos de miles, parte de los cuales pudieran ser fallecidos no previamente descontados o emigrantes que no se han inscrito en el exterior, se puede esperar alguna reducción del porcentaje real de abstencionistas y que los concurrentes lleguen a los 5 millones.
De hecho el padrón de este año presenta una serie de incongruencias que no han sido aclaradas por la Junta Central Electoral, aunque este analista lo solicitó, lo mismo que hizo Participación Ciudadana. Una apresurada auditoría consideró que es uno de los mejores padrones, pero sus detalles, que debieron disipar dudas, no han sido publicados.
La mayor incongruencia es que el padrón apenas creció 4.03 por ciento en el último cuatrienio (2012-16), cuando en los tres anteriores se incrementó en 16.87 (2000-04) en 16.02 (2004-08 y en 12.81 por ciento al 2012. Es posible que una parte de la reducción se deba a la nueva cedulación, que excluyó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de sus documentos. Pero se complica más porque los nuevos inscritos mayores de edad cayeron también abruptamente. Sobre 700 mil en los tres cuatrienios anteriores, y solo 351 mil ahora. Con el agravante de que a abril del 2015, un año atrás, una publicación oficial de la JCE los cuantificó en 662 mil 313.
La elección de 4 mil cargos. Desde los fraudulentos comicios de 1994 que generaron una crisis que se saldó reduciendo el período a dos años con una reforma constitucional que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, el país no asistía a una votación tan complicada, eligiendo en una misma jornada a 4,106 funcionarios en tres boletas distintas.
La Constitución del PLD del 2010 volvió a juntar las tres elecciones, ahora con una mayor fragmentación, ya que se eligen directamente, además de los cargos tradicionales de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, ahora también diputado preferido, 234 directores e igual número de subdirectores y 730 vocales de distritos municipales.
El pretexto para volver a unir todas las elecciones en una sola jornada fue que separadas cada dos años el país vivía siempre en campaña. Pero como no se regula nada, esta vez las promociones de candidaturas comenzaron hace 4 años. Se vuelve a la tradición del voto presidencial arrastrando a los demás en alta proporción, y contribuyendo al mantenimiento de un presidencialismo que subordina el Poder Legislativo y reduce el Poder Municipal, al cual este año solo se le ha asignado el 3 por ciento del Presupuesto General del Estado, cuando la Ley 176-07 dispone el 10 por ciento.
Como nunca antes todos los senadores, casi todos los diputados y la mayoría de los candidatos a alcaldes han sido repostulados, como fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias que permitieron modificar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, a costa de la democracia interna de los partidos.
El Estado reeleccionista. Si como han arrojado la mayoría de las encuestas, incluyendo a las más acreditadas, el presidente Danilo Medina logra alrededor del 60 por ciento de los votos, el procesamiento de la primera boleta será expedito y generará pocas objeciones. Aunque no faltan quienes esperan que la diferencia sea mucho menor con relación al candidato del PRM Luis Abinader, que en las últimas semanas afianzó la bipolarización. En los últimos tres días las encuestadoras Votia, mexicana, y la norteamericana Zogby Analytics, arrojaron resultados estrechos que determinarían segunda vuelta.
La percepción generalizada es que el mandatario logra la reelección, una constante en la historia dominicana. El único que ha fracasado en lograrla fue Hipólito Mejía, quien la intentó en el 2004, en medio de una grave crisis bancaria-financiera, y Joaquín Balaguer en el 1978, tras haberla logrado dos veces consecutivas.
Como lo advirtió el propio Medina antes de ser presidente, la búsqueda de la reelección presidencial se ha montado de nuevo con todo el poder del Estado, como lo ha dejado patente el movimiento cívico Participación Ciudadana, en sus cinco informes de observación de la campaña electoral, especialmente en el quinto, emitido el jueves 12, donde se documenta que las dos terceras partes de los altos funcionarios fueron involucrados directamente en la dirección de la campaña reeleccionista.
Ese informe precisa que el gasto publicitario del Gobierno se incrementó 49 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en relación al mismo período del 2015, que el déficit fiscal del mismo período pasó de 34 mil millones de pesos, con incrementos enormes en nóminas, nominillas y personal transitorio, y que el partido de Gobierno registró el 71% de la publicidad en prensa, radio y televisión, gastando 923 millones de pesos solo en febrero y abril, que monitorizaron.
El Congreso y municipios. La generalidad de las encuestas no han medido las preferencias por las candidaturas congresuales y municipales, donde podría fraccionarse el voto en mayor proporción que lo tradicional, debido a la repostulación casi total que lesionó la unidad de los partidos en las localidades provinciales y municipales y al descrédito de representantes con tres y cuatro períodos. También se esperan consecuencias de la división interna del partido gobernante, donde seguidores del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández protagonizan de forma silente “una lucha a muerte”.
Múltiples candidatos de oposición con vínculos sociales y militantes contra la corrupción política y administrativa podrían ser la diferencia en varias localidades donde antes se decidió por decenas o cientos de votos. También se cuenta con segmentos conscientes que prefieren una diversificación del voto que frene la creciente monopolización del poder por parte del partido gobernante.
Los resultados de estos comicios podrían ser clave para el rumbo institucional y democrático de la República Dominicana.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.