Análisis Noticiosos
Fuertes retos institucionales en las elecciones generales
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque la generalidad de las encuestas marcan una buena ventaja a la reelección del presidente Danilo Medina, hay algunas incertidumbres derivadas de la improvisación y la confusión que rodean la forma en que se hará el escrutinio, complicado porque después de 22 años, los dominicanos vuelven a una elección conjunta, esta vez de 4,106 cargos.
En juego estará si la ciudadanía mantiene el dominio absoluto de un solo partido sobre todos los poderes del Estado que tiende a manipular las instituciones y a reducir los espacios democráticos para un continuismo que ya han proyectado hasta el bicentenario de la República en el 2044.
Votarían 5 millones. Aunque el padrón integra 6 millones 765,245 electores, los concurrentes a las urnas serían alrededor de 5 millones. A partir de la abstención promedio de los cuatro comicios presidenciales del siglo, que es 27.37 por ciento, podría esperarse hoy una votación de 4 millones 913 mil. Los abstencionistas han venido en ascenso del 23.9 en el 2000, al 29.8 en 2012. Esta última proporción daría una votación de 4 millones 749 mil.
Sin embargo, como el crecimiento del padrón se redujo significativamente para este cuatrienio, tras la emisión de una nueva cédula de identidad que habría dejado fuera a cientos de miles, parte de los cuales pudieran ser fallecidos no previamente descontados o emigrantes que no se han inscrito en el exterior, se puede esperar alguna reducción del porcentaje real de abstencionistas y que los concurrentes lleguen a los 5 millones.
De hecho el padrón de este año presenta una serie de incongruencias que no han sido aclaradas por la Junta Central Electoral, aunque este analista lo solicitó, lo mismo que hizo Participación Ciudadana. Una apresurada auditoría consideró que es uno de los mejores padrones, pero sus detalles, que debieron disipar dudas, no han sido publicados.
La mayor incongruencia es que el padrón apenas creció 4.03 por ciento en el último cuatrienio (2012-16), cuando en los tres anteriores se incrementó en 16.87 (2000-04) en 16.02 (2004-08 y en 12.81 por ciento al 2012. Es posible que una parte de la reducción se deba a la nueva cedulación, que excluyó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de sus documentos. Pero se complica más porque los nuevos inscritos mayores de edad cayeron también abruptamente. Sobre 700 mil en los tres cuatrienios anteriores, y solo 351 mil ahora. Con el agravante de que a abril del 2015, un año atrás, una publicación oficial de la JCE los cuantificó en 662 mil 313.
La elección de 4 mil cargos. Desde los fraudulentos comicios de 1994 que generaron una crisis que se saldó reduciendo el período a dos años con una reforma constitucional que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, el país no asistía a una votación tan complicada, eligiendo en una misma jornada a 4,106 funcionarios en tres boletas distintas.
La Constitución del PLD del 2010 volvió a juntar las tres elecciones, ahora con una mayor fragmentación, ya que se eligen directamente, además de los cargos tradicionales de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, ahora también diputado preferido, 234 directores e igual número de subdirectores y 730 vocales de distritos municipales.
El pretexto para volver a unir todas las elecciones en una sola jornada fue que separadas cada dos años el país vivía siempre en campaña. Pero como no se regula nada, esta vez las promociones de candidaturas comenzaron hace 4 años. Se vuelve a la tradición del voto presidencial arrastrando a los demás en alta proporción, y contribuyendo al mantenimiento de un presidencialismo que subordina el Poder Legislativo y reduce el Poder Municipal, al cual este año solo se le ha asignado el 3 por ciento del Presupuesto General del Estado, cuando la Ley 176-07 dispone el 10 por ciento.
Como nunca antes todos los senadores, casi todos los diputados y la mayoría de los candidatos a alcaldes han sido repostulados, como fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias que permitieron modificar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, a costa de la democracia interna de los partidos.
El Estado reeleccionista. Si como han arrojado la mayoría de las encuestas, incluyendo a las más acreditadas, el presidente Danilo Medina logra alrededor del 60 por ciento de los votos, el procesamiento de la primera boleta será expedito y generará pocas objeciones. Aunque no faltan quienes esperan que la diferencia sea mucho menor con relación al candidato del PRM Luis Abinader, que en las últimas semanas afianzó la bipolarización. En los últimos tres días las encuestadoras Votia, mexicana, y la norteamericana Zogby Analytics, arrojaron resultados estrechos que determinarían segunda vuelta.
La percepción generalizada es que el mandatario logra la reelección, una constante en la historia dominicana. El único que ha fracasado en lograrla fue Hipólito Mejía, quien la intentó en el 2004, en medio de una grave crisis bancaria-financiera, y Joaquín Balaguer en el 1978, tras haberla logrado dos veces consecutivas.
Como lo advirtió el propio Medina antes de ser presidente, la búsqueda de la reelección presidencial se ha montado de nuevo con todo el poder del Estado, como lo ha dejado patente el movimiento cívico Participación Ciudadana, en sus cinco informes de observación de la campaña electoral, especialmente en el quinto, emitido el jueves 12, donde se documenta que las dos terceras partes de los altos funcionarios fueron involucrados directamente en la dirección de la campaña reeleccionista.
Ese informe precisa que el gasto publicitario del Gobierno se incrementó 49 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en relación al mismo período del 2015, que el déficit fiscal del mismo período pasó de 34 mil millones de pesos, con incrementos enormes en nóminas, nominillas y personal transitorio, y que el partido de Gobierno registró el 71% de la publicidad en prensa, radio y televisión, gastando 923 millones de pesos solo en febrero y abril, que monitorizaron.
El Congreso y municipios. La generalidad de las encuestas no han medido las preferencias por las candidaturas congresuales y municipales, donde podría fraccionarse el voto en mayor proporción que lo tradicional, debido a la repostulación casi total que lesionó la unidad de los partidos en las localidades provinciales y municipales y al descrédito de representantes con tres y cuatro períodos. También se esperan consecuencias de la división interna del partido gobernante, donde seguidores del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández protagonizan de forma silente “una lucha a muerte”.
Múltiples candidatos de oposición con vínculos sociales y militantes contra la corrupción política y administrativa podrían ser la diferencia en varias localidades donde antes se decidió por decenas o cientos de votos. También se cuenta con segmentos conscientes que prefieren una diversificación del voto que frene la creciente monopolización del poder por parte del partido gobernante.
Los resultados de estos comicios podrían ser clave para el rumbo institucional y democrático de la República Dominicana.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.