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Senado da garantía de dejar intacta cesantía” y calma a sindicalistas.
Santo Domingo, R.D.-La vigilia anunciada por confederaciones sindicales del pais frente al Congreso Nacional quedó sin efecto luego que el Senado diera garantía de que la cesantía quedaría intacta ante cualquier posibilidad de modificar el proyecto de reforma laboral.
La manifestación pacífica estaba programada para este miércoles, con la presencia de los integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
Sin embargo, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la CNUS, junto a los demás representantes sindicalistas; decidieron cancelar este llamado de manera repentina luego de que se reunieran este lunes con el Senado de la República.
“En virtud del llamado que nos hizo el presidente del Senado, y en razón de la garantía de que los derechos de los trabajadores no serían tocados, especialmente la cesantía, en ninguna de sus modalidades, nos obliga a, desde aquí, comunicarles a todos los afiliados a nuestras confederaciones que se deje sin efecto la vigilia del miércoles”, dijo Abreu durante el encuentro con el congresista.
Además, pidió a sus compañeros esperar a que culmine el proceso realizado en la Cámara Alta, el cual tiene el objetivo de someter a votación el proyecto de transformación a la Ley 16-92.
De los Santos reiteró que están dispuestos a recibir nuevamente a los diversos sectores para asegurar “la paz laboral en la República Dominicana”.
“Lo que buscamos es que los derechos de los trabajadores se mantengan intactos. Estamos en busca de construir el mayor nivel de consenso posible con el Código Laboral”, precisó.
Del reconocimiento al rechazo
Desde que la pieza arribó a la secretaría legislativa del Senado, en noviembre del pasado año, la relación entre los sindicalistas y los congresistas ha sido tensa.
Desde realizar pequeñas manifestaciones en las calles, hasta advertencias de “paralizar el país” si los senadores o diputados se “atreven” a alterar la cesantía.
El pasado 26 de agosto, estos se reunieron en el Congreso Nacional con los integrantes de la comisión especial, donde dijeron sentir confianza en el equipo dirigido por el senador Rafael Duluc, debido a “su coherencia”.
Duluc ha manifestado desde el inicio de las discusiones originadas por el proyecto de ley entregado por el Ministerio de Trabajo que, a pesar de no descartar las propuestas de ningún sector, legislarán en beneficio de los asalariados dominicanos.
Antes de que perimiera el pasado 26 de julio debido a la terminación de la legislatura ordinaria, la Cámara Alta favoreció la iniciativa en primera discusión, sin alterar este apartado.
«Hemos venido a reconocer el trabajo de esta comisión y un poquito a rendir tributo a su coherencia. En un momento tuvimos divergencia, choques, pero eso es natural en los procesos democráticos. Damos las gracias…», dijo Pepe Abreu, el pasado 26 de agosto.
Pero, de manera sorpresiva, los sindicalistas retomaron la posición de alertar al Poder Legislativo sobre las consecuencias que tendría acoger alguna de las recomendaciones entregadas por los empresarios, para alcanzar una variación en la cesantía.
Propuesta de empresarios
Ese mismo día, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), César Dargam, junto a otras nueve agrupaciones económicas del territorio nacional, participaron en la mesa de diálogo con los senadores. Según explicó en esa ocasión, estos intentan por segunda vez consecutiva que los senadores “ponderen” la visión de los empleadores.
Dargam no detalló el funcionamiento de las alternativas que el Estado dominicano puede aplicar para el funcionamiento de la cesantía. Hasta el momento, la sociedad dominicana solo conoce el modelo compartido el pasado 4 de diciembre por el presidente del Conep, Celso Marranzini, de colocar un doble tope con el límite de seis años por antigüedad y un máximo de 10 salarios.
¿Qué es la cesantía?
La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.
Así lo dicta el artículo 80 del Código de Trabajo en la Ley 16-92, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.