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Gobierno extende concesión de 6 aeropuertos a Aerodom de 2030 a 2060
Santo Domingo, R.D.-La renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos del Estado dominicano en favor de AERODOM, fue anunciado este martes por el presidente Luis Abinader, el cual se extenderá desde el 2030 hasta el 2060 y no incluye compromisos de mejoría de sus infraestructuras y no habrá generación de beneficios para el país.
Abinader agregó que se arribó a un acuerdo que, al garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos, los recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos.
El jefe del Estado afirmó que este dinero será percibido a través de distintas vías.
Una de estas será un pago inicial al Estado de 775 millones de dólares por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión; una inversión de 830 millones de dólares para mejoras en los 6 aeropuertos concesionados, incluido el aeropuerto de Las Américas, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares.
Con los 775 millones de dólares que se van a recibir en un periodo de seis meses, el Gobierno prevé ejecutar varias obras, entre las que se encuentran el asfaltado en La caleta, Boca Chica, alrededores del aeropuerto y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares.
También la construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar (Pintura), conectando a la 6 de noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares.
Asimismo, la “solución” del tramo entre las avenidas República de Colombia con Los Próceres, el expreso hasta la Jacobo Majluta y “solución vial” entre la República de Colombia y la Monumental, con una inversión aproximada de 108 millones de dólares.
Igualmente la construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del Río Ozama, con una inversión de 50 millones de dólares, así como la elaboración del puente paralelo al Jacinto Peynado, con una inversión aproximada de 56 millones de dólares.
De manera similar mencionó la construcción de un paso a nivel en la carretera Sabana Perdida – La Victoria con intersección en la Charles de Gaulle, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares.
AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS
“El extraordinario desempeño del turismo y el desarrollo del país como centro comercial, que han motivado un crecimiento de doble dígito en el tráfico de pasajeros, hace que sea impostergable la construcción de una nueva terminal adicional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez”, dijo Abinader.
Estas previsiones, según el mandatario, indican que alcanzará los 8.4 millones de pasajeros en 2030, superando su capacidad actual de aproximadamente 6.5 millones de pasajeros.
“Ante estas cifras, la empresa concesionaria invertirá de manera inmediata 16 millones de dólares para mejorar, en un plazo de 12 a 18 meses, la terminal ya existente del aeropuerto”, leía parte de un comunicado de la presidencia.
Además se trabajará en el diseño que permitirá iniciar en el 2025 la construcción de una nueva terminal que sumará una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales.
Esta obra tendrá un monto de inversión 250 millones de dólares.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.