Santo Domingo. R.D.-La vicepresidenta y jefa del Gabinete de Salud, Raquel Peña advirtió este martes que solo el Gobierno tiene facultad para importar los diferentes tipos de vacunas desarrolladas para frenar el COVID-19.Más Noticias
Gobierno advierte que es el único que tiene facultad para importar vacuna covid-19
Serán sancionadas todas las empresas o personas físicas que violen las normativas establecidas en el decreto 246-06
Santo Domingo. R.D.-La vicepresidenta y jefa del Gabinete de Salud, Raquel Peña advirtió este martes que solo el Gobierno tiene facultad para importar los diferentes tipos de vacunas desarrolladas para frenar el COVID-19.El Centro Neurálgico del Plan de Vacunación de República Dominicana está coordinado por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el Ministerio de Salud Pública (MSP), y compuesto por diferentes actores del sector público y privado.
La información se dio a conocer luego de una reunión encabezada por la vicemandataria en la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), en la que participó como invitada especial la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, magistrada Yeny Berenice Reynoso.
La presencia de la magistrada Reynoso obedece a la elaboración de un plan estratégico dentro del marco legal, mediante el cual se someterán un conjunto de medidas oficiales para evitar que algunos sectores interesados incurran en la comercialización ilegal de la vacuna contra la enfermedad viral.
Según informó la vicepresidenta, buscando proteger el bienestar sanitario de la población, serán sancionadas todas las empresas o personas físicas que, transgrediendo las normativas establecidas en el Decreto 246-06, importen la vacuna; acotando además que habrá sin lugar a dudas persecución por parte del Ministerio Público, a todo aquel que tenga la osadía de buscar beneficio económico comercializando vacunas, jugando con la salud del pueblo dominicano y la delicada situación que deriva de la pandemia.
Peña destacó que la normativa establece que: “Todo medicamento debe tener un registro sanitario” y que solo el Estado está facultado para importar cualquier tipo de medicamento sin registro sanitario, a través de permisos especiales transitorios otorgados por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) amparados en la Resolución No. 00053 del MSP; por lo que sería ilegal que una entidad no autorizada por las autoridades correspondientes importe vacunas contra el COVID-19.
Aseguró que como coordinadora del Gabinete de Salud y vicepresidenta de la República su misión es garantizar en estos tiempos de crisis, la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, y velar por el cumplimiento de las normas que versen sobre los servicios sanitarios, como le ordena la Constitución.
Fecha de llegada de las primeras vacunas
A nivel mundial existe un retraso en la llegada de las vacunas, debido a la gran demanda de las mismas y los procesos de aprobación de las entidades sanitarias internacionales y locales, por lo que un sinnúmero de países han debido ajustar sus calendarios de vacunación.
Hasta el momento, el gobierno de la República Dominicana ha suscrito 3 acuerdos de compra venta, asegurando 20 millones de dosis de vacuna contra COVID-19, y se encuentra en negociaciones con otras casas farmacéuticas para la posible adquisición de más dosis.
Entre los acuerdos firmados por la República Dominicana se encuentra el pautado con el mecanismo de inmunización contra el coronavirus “COVAX”, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alianza de vacunas GAVI y otros organismos internacionales, a través del cual el país espera recibir 2 millones de dosis.
Con respecto a lo anterior, COVAX publicó el miércoles 03 de febrero un listado indicativo donde comunican la cantidad de dosis que tienen planificado distribuir a los diferentes países que suscribieron dicho acuerdo; en el mismo, estiman que la República Dominicana recibiría en principio 542 mil dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.
Una de las razones por las que aún no hay una fecha exacta de distribución es porque específicamente la vacuna de AstraZeneca aún espera la aprobación de la OMS, siendo ese permiso uno de los requisitos ineludibles para la distribución de vacunas a través de COVAX.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
Según Comprés, uno de los reclusos involucrados se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Moca, mientras que los otros dos fueron dados de alta tras recibir atención médica.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
El caso también resalta la falta de control por parte de los agentes penitenciarios, quienes, según Comprés, podrían estar involucrados en el tráfico de drogas dentro del penal.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Según informes, el gasto mensual en drogas dentro de este centro podía superar los 15,000 a 20,000 pesos, lo que sometía a las familias de los reclusos a una constante presión y chantaje.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Tal y como el presidente Luis Abinader recomendó en su proyecto que declaró “la necesidad” de una reforma constitucional, esta pieza legislativa varió la ley para adicionar al presidente del Tribunal Constitucional (TC) a la lista de integrantes del CNM.
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El abogado electo deberá ser favorecido con al menos cinco votos del pleno.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.