Santo Domingo, RD.-David Collado, ministro de Turismo, confirmó ayer que marzo cerrará con la llegada de 230,000 visitantes no residentes y una ocupación que ronda el 73%, cifras que son “históricas” en medio de la pandemia del COVID-19.Más Noticias
Restricciones en Semana Santa de las autoridades del país.
Santo Domingo, RD.-David Collado, ministro de Turismo, confirmó ayer que marzo cerrará con la llegada de 230,000 visitantes no residentes y una ocupación que ronda el 73%, cifras que son “históricas” en medio de la pandemia del COVID-19.Collado agregó que el turismo interno representa el 50% de la ocupación hotelera y Semana Santa no será la excepción para que lleguen más turistas y para que más dominicanos visiten los hoteles, por lo que mediante la Resolución DJ-007/2021 se disponen las medidas que regirán el sector desde el 1 al 4 de abril de este año.
De acuerdo con Collado, el país terminará el mes de marzo con números similares a los registrados en la llegada de turistas en diciembre de 2020, por arriba de las 120,000 personas no residentes.
“Sabemos a que muchos dominicanos irán a los hoteles y se van a trasladar a los polos turísticos. Hay muchos turistas llegando al país ya y tomando las medidas y previniendo esta situación para que todos los organismos castrenses puedan dar un paso hacia delante”, dijo Collado al referirse a las disposiciones que se aplicarán, y que en caso de no ser cumplidas por los hoteles y restaurantes, conllevarán sanciones, como multas económicas.
La Resolución DJ-007/2021 deberá ser acogida por los hoteles, los restaurantes ubicados en las zonas turísticas y los operadores de actividades turísticas y dispone que la capacidad para la ocupación máxima será de 80%, medida que será revisada cada 30 días. Asimismo, el aforo correspondiente a los medios de transporte destinados por los establecimientos turísticos para el transporte de sus empleados será de hasta un 75%.
De acuerdo con el ministro de Turismo, los restaurantes ubicados dentro de complejos turísticos-inmobiliarios (Cap Cana, Casa de Campo y Punta Cana) deberán respetar y cumplir los horarios establecidos así como la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas para su consumo en lugares y establecimientos públicos y privados de uso público, al igual que su consumo en tales lugares.
La resolución indica que en el caso de Las Terrenas y Cabarete, atendiendo a la naturaleza de su turismo, se permitirá la apertura de los restaurantes hasta las 9:00 de la noche, aunque en estos destinos también estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para consumo en lugares públicos o privados.
En el documento del Ministerio de Turismo quedó prohibido el uso de jets ski/wave runner y banana boats en las playas y balnearios del territorio nacional, así como el uso de vehículos de motor dentro de las playas del territorio dominicano y las casas de campaña y similares.
En el caso de las playas de los hoteles, solo podrán realizarse actividades que no conlleven música ni aglomeraciones y siempre respetando el debido distanciamiento, indica la resolución agregando que se prohíbe el uso de la hookah.
Agrega que las actividades a realizarse en el área de playa o áreas comunes deberán realizarse con el debido distanciamiento y uso de mascarilla y los restaurantes ubicados en esta no podrán realizar actividades después de las 12:00 de la noche.
Coordinación
Estará a cargo del Mitur, junto a Defensa, Armada, CESTUR y el C5i, y la Policía.
Incumplimiento
Collado aclaró que los establecimientos de los polos turísticos que no cumplan las medidas serán sancionados de conformidad con la ley.
Responsabilidad
El protocolo ya establecido contra el Covid-19 también se mantendrá en los hoteles y zonas turísticas.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.