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Gobierno dice que observará la ley de Residuos Sólidos que fue aprobada el 23 de julio
Santo Domingo, R.D.-Aunque oficialmente no ha sido enviada al Poder Ejecutivo, el consultor jurídico Antoliano Peralta, recalcó que la modificada de la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, será observada y volverá al Congreso Nacional para su estudio.
Esta ley continúa en manos del Senado de la República a pesar de que fue modificada el pasado 23 de julio y luego de su aprobación debía ser enviada al Poder Ejecutivo para ser observada (proceso en que el presidente la devuelva al Poder legislativo con objeciones o comentarios sobre su contenido) o para promulgarse.
Una semana después de su aprobación, el presidente de la República, Luis Abinader, expresó en La Semanal que observaría las modificaciones y realizarían cambios que han sido sugeridos por el sector empresarial.
Sumado a esto, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, explicó a reporteros del Listín Diario que estaban en un proceso de estudio, junto al Gobierno, el cual ayudará al primer mandatario a elaborar la observación que presentará en los próximos días.
“Esta semana o la que viene llegará al Poder Ejecutivo y se va a observar, ya está montada la observación”, indicó Antoliano Peralta al ser entrevistado en el programa radial “A Diario”, que se transmite por Sentido 89.3 FM.
De acuerdo al consultor jurídico, “aunque oficialmente no ha llegado al Poder Ejecutivo”, ese órgano entendió que había que reunirse con autores, “con las personas interesadas en esto, porque tal como está si se promulga va a ser un problema”.
Estableció que el país necesita una buena ley de residuos sólidos y “se está trabajando para que sea una buena ley”.
Las modificaciones a la Ley 225-20 ha sido objeto de discusiones y críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional, la mayoría de estas llegando principalmente desde el sector empresarial y turístico.
Una de las entidades que se ha opuesto a la modificación de esta pieza Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que indicó que el enfoque de la propuesta podría comprometer los avances en sostenibilidad ambiental, afectar la equidad económica, la participación plural y la gobernanza democrática.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.