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Para garantizar acceso universal al agua Gobierno invertirá US$8,500MM.
El Gobierno presento este lunes el Compromiso Nacional para el Pacto del Agua a fin de proteger los recursos hídricos de la nación y garantizar el acceso en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad de agua potable a la población, que tendrá un alcance de 15 años a partir de la fecha y en el que se invertirán 8,000 millones de dólares.
Durante el acto de presentación del plan que busca iniciar un proceso de diálogo y consenso en el seno del Consejo Económico Social (CES), el presidente Luis Abinader puntualizó que en este compromiso para un Pacto por el Agua, se asume el reto de garantizar un suministro «universal, seguro y sostenido», como fue diseñado en su programa de gobierno.
Detalló que la propuesta por parte del sector público se organiza en seis ejes estratégicos. El primero, dijo, consiste en la gestión integrada e institucional del sector. El segundo,en la adecuada atención a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas como espacio para la planificación del recurso.
El tercero, en la gestión eficiente, resiliente y sostenida de la oferta y demanda hídrica, considerando los efectos del cambio climático.El cuarto, sostuvo, en la priorización y uso estratégico del recurso en sus diferentes usos.
El quinto, en la valoración del agua como un recurso básico e indispensable para la vida y el sexto en el suministro eficiente en calidad, cantidad y oportunidad adecuados de los servicios de agua potable y saneamiento.
Al citar los alcances del plan, el jefe de Estado indicó que con la entrega al Consejo Económico y Social para su análisis y consenso con todos los sectores involucrados (sociedad civil, academia y grupos políticos), así como todos los ciudadanas y ciudadanos, nos permitirá disponer en un futuro, el Gobierno espera sea lo más cercano posible de un pacto nacional por el agua.
En tal sentido, señaló que hasta la fecha se ha identificado que las inversiones que permitirán alcanzar las metas de las diferentes regiones del país se estiman en los 8,500 millones de dólares e implica una inversión anual de aproximadamente 567 millones de dólares durante los próximos 15 años.
Sobre los fondos a utilizarse puntualizó que el Gobierno tiene identificadas las fuentes de dónde saldrán en los tres años que restan de su gestión.
«No podemos seguir viéndola como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso, que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones», pronunció.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.