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Gobierno rechaza enérgicamente país sea un puente de armas hacia Haití
El Gobierno dominicano rechazó en términos enérgicos las afirmaciones de varios senadores estadounidenses de que el país sirve como puente en el tráfico de armas ilegales hacia Haití, asolado por bandas armadas que han impuesto un régimen de terror y violencia.
La dura respuesta a las aseveraciones de los senadores demócratas Edward J. Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts; Bernard Sanders, de Vermont; Raphael Warnock, de Georgia; John Hickenlooper, de Colorado; y Chris Van Hollen, de Maryland, consta en una carta que les envía la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, y a la que tuvo acceso este diario. Los legisladores involucraron a la República Dominicana en el tráfico de armas en una comunicación al presidente Joe Biden, del 19 de diciembre último, en la que indagan sobre la posición de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones a la crisis política, social y humanitaria en la República de Haití.
«Para la República Dominicana, la lucha contra el tráfico de armas es un compromiso de Estado, en virtud de que este flagelo contribuye a generar condiciones de violencia e inestabilidad que socavan la paz, el desarrollo económico y la convivencia armoniosa de cualquier nación», les señala la embajadora a los senadores, casi todos del ala izquierdista del Partido Demócrata. Y agrega: «Durante la administración del presidente Luis Abinader, mediante decretos, leyes y regulaciones, el Gobierno dominicano ha fortalecido sus instituciones y propiciado la creación de capacidades para el combate al tráfico ilícito de todo tipo».
En el punto cuatro de la correspondencia de Markey, Warren, Sanders, Warnock, Hickenlooper y Van Hollen al presidente Biden, se le preguntaba sobre los pasos adicionales del gobierno de su país para detener el «flujo de armas pesadas y municiones que llegan a Haití desde Estados Unidos y a través de la República Dominicana».
A los senadores se les explica «que gran parte de la carga aduanera dirigida a Haití pasa primero por República Dominicana, debido a que la mayoría de los puertos haitianos han estado cerrados por largos períodos de tiempo por la violencia e inseguridad extrema generada por las bandas criminales en dicho territorio y porque Haití no cuenta, bajo las circunstancias actuales, con la capacidad logística para manejar el volumen de carga que reciben».
Para la administración del presidente Abinader es injusto «sindicar al Gobierno dominicano como responsable de tráfico de armas hacia Haití, por el ejercicio de su compromiso social, económico y de solidaridad humanitaria con el vecino país».
«Nuestro gobierno trabaja con ahínco para controlar la adquisición de armas ilegales mediante el establecimiento de controles sumamente estrictos, como la puesta en funcionamiento del moderno escáner de rayos X RAPISCAN modelo Eagle P60-S, de fabricación estadounidense, que ha facilitado la detección de miles de unidades de municiones y armas de fuego», se indica en la correspondencia remitida justo antes de terminar el año.
En la respuesta a los senadores se asegura que «desde la instalación de dicho escáner, en el puerto de Haina en febrero 2022, nuestro país ha asestado duros golpes al contrabando de armas ilegales. República Dominicana pasó de confiscar 241,991 artefactos militares en 2018 a 401,117 en 2022, siendo esta la cifra más alta de los últimos cinco años».
La posición oficial dominicana es de asombro por el alegato de los senadores, «tomando en consideración que Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida (de acuerdo con múltiples fuentes públicas) es uno de los principales centros de exportación de armas ilegales y municiones hacia América Latina y el Caribe».
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.