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Gobierno refuerza control ambiental en obras públicas: exigirán origen legal de materiales de construcción
Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de garantizar un uso más responsable de los recursos naturales en las obras del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a las instituciones públicas a verificar el origen legal de los agregados utilizados en la construcción.
Esta nueva disposición se enmarca dentro de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano y responde al cumplimiento del Decreto Núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas.
Exigencias más estrictas para proveedores de agregados
El documento, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, instruye a todas las instituciones del Estado a incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obras, la obligatoriedad de presentar la autorización ambiental por parte de las empresas proveedoras de agregados.
En caso de que la empresa aún se encuentre en proceso de obtención del permiso ambiental, deberá presentar una certificación que indique el estatus de su solicitud y una copia de su última autorización provisional, conforme a la Resolución Núm. 0009/2021, que establece el procedimiento para la minería no metálica.
Según las leyes 64-00, 123-71 y 146-71, esta autorización es obligatoria para cualquier actividad de extracción de materiales de la corteza terrestre, tales como arena, grava, gravilla y piedra, utilizados comúnmente en la industria de la construcción.
Transparencia y sostenibilidad como principios rectores
El ministro Henríquez destacó que la circular reafirma el compromiso de su gestión con la transparencia, el cumplimiento y la integridad, valores que —según dijo— responden a las demandas de una sociedad cada vez más exigente con la protección ambiental.
Por su parte, Carlos Pimentel afirmó que “cada compra pública con criterios ambientales es una inversión en el futuro del país”, al tiempo que reiteró que esta directriz contribuye a fortalecer la trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en las contrataciones estatales.
Adicionalmente, la circular establece que las instituciones públicas deberán incluir especificaciones técnicas sostenibles en sus licitaciones, tomando como referencia las fichas dispuestas en el anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.