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Gobierno refuerza control ambiental en obras públicas: exigirán origen legal de materiales de construcción
Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de garantizar un uso más responsable de los recursos naturales en las obras del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a las instituciones públicas a verificar el origen legal de los agregados utilizados en la construcción.
Esta nueva disposición se enmarca dentro de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano y responde al cumplimiento del Decreto Núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas.
Exigencias más estrictas para proveedores de agregados
El documento, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, instruye a todas las instituciones del Estado a incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obras, la obligatoriedad de presentar la autorización ambiental por parte de las empresas proveedoras de agregados.
En caso de que la empresa aún se encuentre en proceso de obtención del permiso ambiental, deberá presentar una certificación que indique el estatus de su solicitud y una copia de su última autorización provisional, conforme a la Resolución Núm. 0009/2021, que establece el procedimiento para la minería no metálica.
Según las leyes 64-00, 123-71 y 146-71, esta autorización es obligatoria para cualquier actividad de extracción de materiales de la corteza terrestre, tales como arena, grava, gravilla y piedra, utilizados comúnmente en la industria de la construcción.
Transparencia y sostenibilidad como principios rectores
El ministro Henríquez destacó que la circular reafirma el compromiso de su gestión con la transparencia, el cumplimiento y la integridad, valores que —según dijo— responden a las demandas de una sociedad cada vez más exigente con la protección ambiental.
Por su parte, Carlos Pimentel afirmó que “cada compra pública con criterios ambientales es una inversión en el futuro del país”, al tiempo que reiteró que esta directriz contribuye a fortalecer la trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en las contrataciones estatales.
Adicionalmente, la circular establece que las instituciones públicas deberán incluir especificaciones técnicas sostenibles en sus licitaciones, tomando como referencia las fichas dispuestas en el anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.