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Autoridades advierten manos duras si presos fugados en Haití ingresan a RD
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno de la República Dominicana advirtió a través del presidente Luis Abinader que dará una respuesta contundente si algunos de los más de tres mil pesos que se escaparon de una cárcel de Haití se encontrasen en territorios dominicanos.
El presidente Luis Abinader indicó que el Gobierno tendrá una «respuesta drástica» si uno de los más de 3,000 presos que se escaparon de una cárcel en Haití, luego de que turbas armadas la atacaran, se encontrase en territorio dominicano.
Al encabezar un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, el mandatario señaló los criminales haitianos no han cruzado la frontera porque saben «qué les espera de este lado».
«Nosotros nos habíamos preparado para esta situación con Haití y fíjense que en la República Dominicana, en todos estos años, las bandas no han pasado a territorio dominicano porque ellos saben lo que le puede pasar si cruzan, ellos están conscientes y hoy más que nunca y eso mismo a los otros delincuentes que estaban en la cárcel», enfatizó el presidente.
SE HAN TOMADO «MEDIDAS ESPECIALES»
«LA Semanal» con la prensa se realizó justo después de que finalizara una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en donde de acuerdo con el presidente, se han tomado «medidas especiales» las cuales por «asuntos de seguridad nacional» no van a dar a conocer a los medios de comunicación.
El presidente indicó que se han «reforzado las medidas» que ya existían y se ha mantenido una vigilancia a los temas del ingreso y que por el momento no se contempla un cierre total de la frontera terrestre.
«Recuérdense lo que dijimos aquí de que la frontera no será la misma, nosotros tenemos desde la crisis de octubre que nuestros consulados no dan una visa en Haití; no hay realmente un paso normal se dio hoy el paso a los mercados pero ustedes saben que eso está regulado y que no pueden pasar ya al país y tenemos un tema de control que en los últimos meses ha resultado bastante efectivo; además recuerden que nadie puede ingresar si no se han tomado sus datos biométricos», estableció el jefe del Estado.
Durante el fin de semana turbas armadas tomaron Puerto Príncipe, capital de Haití, buscando tomar el control de las principales instituciones e impedir el retorno a la sede del gobierno del primer ministro Ariel Henry. Las turbas tomaron varias de las cárceles de esa ciudad liberando a más de 3,000 presos.
Justo en la mañana de este lunes fue reportado que miembros del Ejército Nacional cerraron el portón de la frontera en Dajabón buscando evitar que una avalancha ingrese a territorio dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.