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Causa burla pedido de Gonzalo a Lidio para que investigue denuncias de corrupción.
Causa burla el pedido de Gonzalo Castillo para que Lidio Cadet investigue denuncias de corrupción en su contra, las cuales fueron hechas a través del programa de Alicia Ortega.
Las denuncias de supuestas irregularidades que denunció la periodista Alicia Ortega durante la gestión del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, en Obras Públicas tienen en aprietos al aspirante a la Presidencia del país.
Castillo solicitó de manera formal a la esa Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que realice las investigaciones administrativas que correspondan en relación con las supuestas irregularidades denunciadas en el programa televisivo “El Informe con Alicia Ortega”, transmitido el pasado lunes 18 de noviembre de 2019, por el Canal Noticias Sin/Servicios Informativos Nacionales, con el nombre de “Festival de Contratos Irregulares Patrocinados por Obras Públicas”.
“La presente solicitud es realizada con la plena conciencia de la responsabilidad y el compromiso con que asumimos y ejercimas la función de Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el período agosto 2012- julio 2019, en virtud de los cuales todas nuestras actuaciones estuvieron apegadas a las normas y los procedimientos legales vigentes en nuestro país, entre ellos, de manera específica, los relativos a las compras y contrataciones públicas”, establece la comunicación enviada al funcionario y miembro del Comité Político del PLD.
Castillo expresó que está en disposición de esa Dirección General para suplir todas las informaciones y documentaciones que se entiendan pertinentes para “constatar de manera fehaciente que en la realización de los procesos de contrataciones públicas referidos en el precitado programa se dieron cumplimiento a los preceptos éticos y legales aplicables a los mismos y al ejercicio de la función pública”.
En tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) emplazó a Castillo a explicar las “graves irregularidades denunciadas en el programa El Informe”.
Tony Raful, que habló en representanción del PRM, consideró, además, que la Cámara de Cuentas, la Contraloría y la Procuraduría General de la República, así como el Congreso Nacional, en su rol de fiscalizador del Poder Ejecutivo, están llamados a realizar las investigaciones de lugar.
“Ese reportaje no es producto de porfías políticas ni fue originado en el rumor público, que debe mover la acción del ministerio Público, sino que un reconocido espacio periodístico que mostró abundante y comprometedoras información, con facsímiles de contratos y otra documentación que debe ser debidamente esclarecida”, adviertió Raful.
Señaló que se trata de una situación “de extrema gravedad a la que Castillo no puede responder con juegos de palabras sino poniéndose a disposición de la justicia para limpiar su imagen, habida cuenta de que está de por medio una enorme cantidad de fondos públicos”.
El movimiento Somos Pueblos depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó una querella contra Castillo bajo la acusación de prevaricación, sobornos en el comercio, inversión y lavado de activos. El grupo asegura que cuenta con pruebas suficientes para demostrar los supuestos actos de corrupción cometidos por el candidato del PLD en su paso por Obras Públicas.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.