Nacionales
Gran Teatro del Cibao y Huacalito Santiago presentan proceso deterioro
Sus directores, M. Reyes y B. Sánchez, hablaron con DL
SANTIAGO. Las instalaciones del edificio de Oficinas Públicas, Presidente Antonio Guzmán Fernández (El Huacalito), de la avenida Salvador Estrella Sadhalá y el Gran Teatro del Cibao, ubicado en el área Monumental, requieren de urgente mantenimiento, a fin de detener su deterioro.
Así lo confirmaron los responsables de dirigir esas entidades de servicios públicos Máximo Reyes y Brenda Sánchez, en declaraciones ofrecidas a Diario Libre.
En cuanto al edificio de oficinas gubernamentales Antonio Guzmán Fernández, de la avenida Salvador Estrella Sadhalá, y que fue inaugurado en el año 1982, Máximo Reyes declaró que las principales necesidades son los cuatro equipos del ascensor, que llevan varias semanas fuera de servicio, los baños, reparación de ventanas y pintar toda la infraestructura, que comprende nueve pisos.
“Nosotros hemos llevado las cartas a las instancias correspondientes, e incluso la semana pasada se me iba a entregar uno de los espacios del ascensor, pero al darme cuenta de que los carriles no estaban bien, no lo recibí”, subrayó Reyes.
Se mostró confiado en que todos los problemas del Huacalito serán resueltos, ya que allí funcionan las oficinas mediante la cual el Estado cobra los impuestos a los ciudadanos.
Explicó que los cuatro equipos del ascensor serán puestos a funcionar cuando ofrezcan plenas garantías de seguridad para los ciudadanos que acuden en busca de servicios al mismo.
Inaugurado por el entonces presidente Joaquín Balaguer en su último período gubernamental (16 de Agosto del 1995), presenta un avanzado deterioro en gran parte de sus instalaciones, principalmente en los techos, por donde se introduce el agua cuando llueve de manera copiosa.
“Las filtraciones comenzaron en la Sala de la Restauración, las cuales corregimos, pero entonces, cuando llueve a cántaros, se abren nuevas afectando gran parte de las oficinas de la segunda planta”, comentó Brenda Sánchez.
Dijo que el problema debe ser corregido de forma total en los techos, lo cual conlleva una inversión millonaria y que los fondos del Gran Teatro del Cibao no los pueden cubrir.
“Ya depositamos las cartas en el Ministerio de Cultura, y esperamos que resuelvan, porque las evaluaciones están hechas”, puntualizó Sánchez.
Desde su inauguración hasta la fecha en el Gran Teatro no se han cambiado las butacas, las alfombras ni las cortinas. Además de la sala de la Restauración, con capacidad para mil 600 personas sentadas, cuenta con las salas Divina Gómez, Julio Alberto Hernández y Eduardo Brito.
Asimismo, el bar Moisés Zouain, donde se celebran decenas de actividades sociales.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.