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700 agentes refuerzan el tránsito en Santo Domingo desde el lunes 23.
Santo Domingo, R.D.-El Gran Santo Domingo a partir del lunes 23 de mayo próximo será escenario de una ofensiva vial sin precedentes. Grúas activas, más de 700 agentes de tránsito equipados con cámaras corporales, un nuevo centro de retención vehicular y 2,000 cámaras de vigilancia del Sistema 911 marcan el despliegue de medidas que buscan retomar el control del tránsito urbano.
El anuncio fue realizado Alexandra Cedeño Villegas, directora de Movilidad Urbana del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que encabeza este plan en coordinación junto con la DIGESETT, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y la Agencia Francesa de Desarrollo.
Una de las medidas más inmediatas y visibles será el reinicio de las operaciones de las grúas del programa Parquéate Bien, destinadas a retirar vehículos mal estacionados en calles congestionadas del Distrito Nacional. El Intrant confirmó que estas grúas entrarán en funcionamiento el lunes 23 de junio, como parte de un plan para recuperar los espacios públicos ocupados de manera irregular.
Alexandra Cedeño Villegas fue la encargada de dar la información.
A diferencia de experiencias pasadas, esta vez las grúas contarán con soporte legal, seguimiento operativo y presencia permanente de agentes. Los vehículos removidos serán llevados a un nuevo centro de retención ubicado dentro del polígono central, con el objetivo de facilitar el proceso y evitar traslados a lugares remotos.
El operativo también contempla el despliegue de 700 nuevos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), entrenados bajo el nuevo modelo policial y equipados con cámaras corporales. Su rol será doble: primero educativo y preventivo, luego sancionador.
Como parte de la misma estrategia, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 instalará 2,000 nuevas cámaras de vigilancia enfocadas en el monitoreo de intersecciones, accesos a elevados y corredores de alto flujo. Estas cámaras estarán integradas a la plataforma de análisis del Intrant, permitiendo ajustar medidas en tiempo real y alimentar el sistema con evidencia sobre su efectividad.
Cedeño Villegas informó que la Procuraduría General de la República está trabajando con el Intrant en la reforma de artículos clave de la Ley 63-17, con el fin de establecer un régimen de consecuencias efectivo. Entre los cambios propuestos destacan:
Que las multas se consideren créditos del Estado que no prescriben.
- La retención de vehículos por falta de licencia, placa o por conducir en estado de embriaguez.
La tipificación diferenciada de las infracciones de tránsito entre dolo, culpa y contravenciones.
Además, la Procuraduría acompañará los operativos para asegurar que las sanciones no solo se impongan, sino que efectivamente se cobren.
El plan de movilidad será implementado por etapas. Por ejemplo, a partir de julio comenzará la restricción de giros a la izquierda en intersecciones específicas, medida que será informada y monitoreada por un período de dos semanas en cada caso antes de pasar al siguiente punto.
Estas nuevas acciones se suman al escalonamiento de horarios en el sector público, ya en vigencia, que segmenta las entradas laborales en bloques de 7:00 a.m. y 7:30 a.m., y genera turnos extendidos en oficinas que reciben grandes volúmenes de usuarios. La meta: evitar que el 70% de los desplazamientos matutinos coincidan en la misma franja, como ocurre actualmente.
Por último, se anunció que en el plazo de un mes comenzarán a operar los nuevos vagones del Metro adquiridos para las líneas 1 y 2, lo que permitirá aliviar la saturación en horas pico. También está en marcha la implementación del corredor de la avenida Independencia, a cargo de federaciones como Fenatrado, bajo el esquema de pago electrónico y unidades climatizadas.
«No se mejora el tránsito con una sola medida»
Las autoridades insisten en que el cambio será progresivo, pero irreversible. «El tráfico de una ciudad no se mejora por una vía, sino por un conjunto de acciones coordinadas«, aseguró Alexandra Cedeño.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.